Por Zacarías Cervantes
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo/El Sur).– Entre grietas y deslaves, 548 familias de un total de 578, que en septiembre del 2013 estuvieron a punto de ser arrastradas por las lluvias de la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”, siguen viviendo, a pesar del riesgo, en la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo, debido a que dos años después, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no ha cumplido con reubicarlas.
Sólo 30 fueron reubicadas en Huapanguito, donde las propias familias tuvieron que levantar sus casas con madera y láminas, lugar que es más seguro, a unos 5 kilómetros de San Vicente, y donde debió haber sido reubicado todo el pueblo.
La comunidad de San Vicente fue una de las más afectadas de la parte baja de la sierra de Chilpancingo por las lluvias del 14 y 15 de septiembre del 2013. Las familias tuvieron que abandonar la localidad y se refugiaron durante casi 10 meses en Chilpancingo.
El comisario municipal, Apolinar Sánchez Norberto, recordó que después de las intensas lluvias, se abrieron enormes grietas y hubo deslaves e inundaciones que obligaron a las familias a salir del lugar. Dijo que los habitantes reportaron los daños y que la Sedatu se comprometió a reubicar a todas las familias en Huapanguito, “pero dos años después estamos en ceros”, señala.
Sánchez Norberto aseguró que incluso, el personal de la Sedatu realizó los dictámenes y los informes, sin embargo, denunció que “alguien falló”, y que fueron las personas y dependencias que recibieron los recursos. “Se habló de millones, pero ahora vemos que no fueron aplicados, pues hemos escuchado que otros pueblos están igual que nosotros. A dos años no se ha invertido ese recurso que se anunció para reparar los daños por “Ingrid” y ‘Manuel’”, denunció.
El comisario comentó que a los habitantes de San Vicente tampoco les llegaron los apoyos adicionales que anunció el Gobierno federal, como material para construcción, medicamentos, despensas y la tarjeta para enseres domésticos.
Explicó que 548 familias siguen viviendo en riesgo en San Vicente, y que durante esta temporada de lluvias se han abierto nuevas grietas y se han visto más deslaves.
A su vez, las 30 familias que por cuenta propia se trasladaron a Huapanguito, sobreviven entre incomodidades porque sus casas fueron improvisadas con madera y láminas, además de que carecen de servicios elementales como drenaje y agua potable. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), apenas construyó dos aulas, pero desde hace dos meses los trabajadores abandonaron la obra.
DENUNCIAN NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES
Por su parte, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, informó que el actual delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció en una reunión que fallaron sus antecesores, pero que va a reanudar las gestiones para la reubicación de todo el pueblo.
Fernández Peri visitó Huapanguito el 6 de septiembre y constató las condiciones en que están viviendo las 30 familias, y les dijo que él apenas recibió la dependencia y que los que no cumplieron fueron sus antecesores.
“Si hubo negligencia no es problema mío, es de los anteriores delegados que no cumplieron”, expresó el funcionario, quien adelantó que ahora buscarían recursos por medio de fundaciones, pero sólo habló de TV Azteca.
Chávez Adame denunció que se enteraron que uno de los funcionarios responsables fue el secretario de Desarrollo Rural del municipio, Alejandro Solano, “quien no reportó a la comunidad de San Vicente como prioridad”.
Dijo que “hubo dolo” de parte del secretario, pues el recurso se destinó a otras comunidades y no a San Vicente, a pesar de que fue la comunidad más devastada.
También responsabilizó al anterior delegado de la Sedatu, Héctor Vicario Castrejón (actual diputado local por el PVEM que se regresó al PRI), con quien firmaron minutas a las que no les dio seguimiento, “por eso siempre estuvo estancada la demanda”.
“A dos años de la catástrofe, hay un incumplimiento y desatención total por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal a las familias damnificadas, y eso deja en claro que hubo fraude y desvíos de los recursos millonarios que se destinaron para la reconstrucción”, denunció Chávez Adame, y comentó que los actuales funcionarios deben cumplir los compromisos de sus antecesores.
