Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– Las fronteras norte y sur de México son blancos de redadas para detener a los migrantes centroamericanos que viajan indocumentados sobre el tren de carga, denominado “La Bestia”, en los albergues de los alrededores así como en hoteles y carreteras que conectan a las ciudades de tránsito, denunciaron defensores de los derechos humanos.
La Opinión de Los Angeles, California, consignó que las denuncias presentadas por activistas destacan la participación de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que se hacen acompañar por diversas corporaciones de seguridad, como soldados que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y elementos de la Policía Federal (PF), como ocurrió el 12 de agosto pasado en Tenosique, Tabasco.
El sacerdote Tomás González, que conduce el albergue “La 72”, reportó al diario angelino que en este punto del sureste es por donde ingresan principalmente hondureños, y fue donde el martes pasado las autoridades mexicanas impidieron a 300 personas “sin papeles” abordar al tren de carga.
Pero los operativos van más allá, plantea La Opinión. Los luchadores sociales denuncian que el gobierno mexicano ha desplegado un muro de contención para evitar que migrantes centroamericanos crucen por su país e impedir su llegada a Estados Unidos.
De acuerdo con el activista Rubén Figueroa, quien actualmente recorre la ruta del primer trayecto de “La Bestia” entre Chiapas y Oaxaca (en el tramo Arriaga–Tenosique), dijo al periódico que en la vigilancia del ferrocarril participan hasta 10 camionetas de la PF y en las carreteras se utilizan garitas móviles.
“Hay puntos de control migratorio nuevos, carpas que se desplazan de un lado a otro: calculamos que pronto estarán en otros estados como Veracruz”, dijo.
En la región centro del país, no hay reportes de acciones similares recientes, pero el primer semestre del año, el Instituto Nacional de Migración mantuvo diversos operativos carreteros, principalmente en Puebla y Querétaro.
Más de 4 mil kilómetros al norte, en Mexicali, Baja California, la Coalición Pro Defensa del Migrante reportó persecuciones de inmigrantes en el tren en hoteles y albergues. “Es claro que ya comenzaron las redadas”, comentó Laura Jiménez, coordinadora del albergue regional “Maná”.
Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que esta política busca la seguridad de los indocumentados, sobre todo en “La Bestia,” donde son blanco de secuestros, extorsiones, asesinatos, robos y mutilaciones por accidentes.
Pero el activista Figueroa, citado por el diario latino de Los Angeles, criticó esta posición: “El gobierno mexicano quieren evitar el flujo migratorio, pero no están ofreciendo alternativas para todas esas personas desplazadas por la violencia que necesitan ayuda”.
Hasta hoy se desconoce la cifra exacta de repatriaciones en México. La Oficina de Políticas Migratorias, expuso el periódico, bloqueó recientemente el reporte del número de “extranjeros presentados y devueltos” que presentaba mensualmente en su sitio de la Internet y ahora sólo aparece la leyenda: “El dato está en revisión”.
EN EU PIDEN DEPORTAR A NIÑOS
Sobre el tema, el legislador demócrata por Texas, Henry Cuéllar, anunció que busca una reunión con el Presidente Barack Obama para convencerlo de que agilice la deportación de niños migrantes para resolver la crisis en la frontera.
En una carta enviada a Obama el pasado 8 de agosto, y divulgada el martes, Cuéllar pidió una reunión para tratar la crisis porque “no hacer nada no es una opción”, pese a que el Congreso entró en receso sin aprobar los fondos que pidió la Casa Blanca para resolver el problema.
La Casa Blanca no ha dicho si Obama se reunirá con Cuéllar y otros legisladores.
Cuéllar criticó las supuestas contradicciones de Obama al señalar que en junio pasado su Administración apoyó cambios a una ley de 2008 pero, bajo presiones del Partido Demócrata, desistió de la idea después.
Para Cuéllar, la ley de 2008 ha servido de imán para la inmigración ilegal y cambiarla solo afectaría al 20 por ciento de los que cruzan sin papeles, que son los niños no acompañados y que, a su juicio, deben ser repatriados a sus familias.
“Los adultos y familias conforman el 80% restante… la inmigración indocumentada es un problema más grande que requerirá fondos y cambios de política”, argumentó.
Cuéllar y el senador republicano de Texas, John Cornyn, propusieron cambiar la “Ley Wilberforce” de 2008 para que todos los niños reciban el mismo trato que reciben los niños indocumentados mexicanos.
Sobre este punto, Cuéllar va contra la corriente del propio Caucus Hispano del Congreso (CHC) y buena parte de los demócratas en el Congreso, que se oponen a cambiar la ley de 2008, pensada contra el tráfico de personas y que prohíbe la deportación sumaria de niños indocumentados centroamericanos.
