Por Fernando Maldonado
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La madrugada de este martes el Ejército Mexicano detuvo al director general de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano, por el presunto delito de robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Fuentes de la dependencia confirmaron que los mandos policiacos fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Puebla en donde al medio día de este martes recibieron asistencia jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de Facundo Rosas Rosas.
Se trata de la primera captura que realizan los militares desde que arribaron al municipio de Tepeaca, hace un mes para montar un operativo que permitiera frenar la ordeña furtiva a ductos de la paraestatal, que solo en el segundo semestre de 2014 provocó pérdidas superiores a los 240 millones de pesos a expendios en la región Puebla-Tlaxcala.
Justo hoy, Pemex exigió al Congreso de la Unión una nueva legislación para endurecer las penas que castigan actualmente la “ordeña” de ductos y la extracción ilegal de combustibles. Los directores corporativo de Finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez; operativo, Gustavo Hernández García, y Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez, expusieron que en los últimos cuatro años se detectaron siete mil 270 tomas clandestinas, que derivaron en la presentación de cinco mil 90 denuncia; dos mil 600 de ellas en los tres primeros meses de este año.
El director jurídico informó que la Procuraduría General de la República (PGR) implementó entre 2014 y lo que va de 2015, aproximadamente 51 operativos, que derivaron en la detención de 30 presuntos delincuentes. También la recuperación de 1.1 millones de litros de combustibles, equivalentes a 84.5 millones de pesos y el aseguramiento de 35 inmuebles y 165 autotanques.
UN DIRECTOR POLÉMICO
El perfil del director de la corporación policiaca no ha estado exento de periodos sombríos en los últimos meses. Como Jefe de Operaciones Especiales fue uno de los responsables de coordinar el operativo policiaco para desalojar a los manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan en julio del año pasado, evento en el que José Luis Alberto Tehuatle Tamayo de 13 años recibió un impacto en la cabeza que le provocó muerte cerebral y más tarde su deceso.
Dos meses después en septiembre pasado Estrada López fue ascendido de rango para ocupar la Dirección General de la corporación. Rindió protesta sin más presencia que el titular de la dependencia, Facundo Rosas Rosas uno de los funcionarios más cuestionados por la brutalidad policiaca utilizada en Chalchihuapan y otros episodios análogos.
El otro funcionario puesto a disposición de la PGR, dirigió al grupo responsable de la detención sin orden de aprehensión de tres jóvenes de entre un grupo de universitarios que habían protagonizado una manifestación contra la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en enero en Puebla para inaugurar el Hospital para el Niño Poblano, junto al gobernador Moreno Valle.
Hace dos semanas que entre el personal de tropa de la Secretaría de Seguridad Pública había trascendido un presunto enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada por el control de las tomas clandestinas ubicadas a los largo de la infraestructura federal en San José Chiapa, sitio en donde se construye la planta armadora alemana AUDI y sitios cercanos. Nadie se atrevió a confirmar esa especie.
La participación en un presunto delito de delincuencia organizada de Estrada López y Méndez Lozano abre interrogantes sobre la política de contratación de elementos para corporaciones en el gobierno de Rafael Moreno Valle. Solo el mes de marzo la dependencia cesó a 300 elementos bajo el argumento de no haber aprobado exámenes de control de confianza.
El robo de combustible en territorio poblano ha sido catalogado como un asunto de seguridad nacional. El delito involucra a grupos de delincuencia organizada. Un despacho de Pemex el año pasado ubicó a la entidad como la tercera en el país por el número de tomas clandestinas con 297, solo superada por Tamaulipas con 627 y Guanajuato con 371.
El nivel de ordeña en el territorio originó que en el segundo semestre de 2014 medio centenar de estaciones de gasolina cerraran y otras 480 padecieran la escases de combustible para el consumo automotor y de acuerdo con la Unión de Gasolineros Puebla-Tlaxcala los establecimientos perdieron cada uno en promedio, medio millón de pesos.
