El Observatorio de Derechos de la Tierra denuncia que cada semana son asesinados un promedio de dos indígenas mientras intentan proteger el medio ambiente. Además, 19 millones de personas se desplazaron de sus lugares de origen debido a catástrofes naturales.
Por Luna Gámez
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo/ElDiario.es).- “El clima empeora, el medio ambiente está en peligro y por eso nuestro papel como protectores de la naturaleza es cada vez más importante”. Al igual que Mina Setra, líder indígena y defensora de los derechos humanos de la etnia Dayak Pompakng de Indonesia, muchos pueblos nativos alzan la voz estos días para reivindicar sus derechos en medio de las negociaciones contra el cambio climático.
Las empresas de aceite de palma han invadido la región en que vive su etnia y Setra afirma que, aunque es difícil tener esperanza, es necesario apelar a los gobiernos para que fortalezcan la protección de las poblaciones tradicionales, los guardianes de la naturaleza.
La Cumbre del Clima de París (COP21) arrancó el pasado lunes 30 de noviembre con los discursos de los 135 jefes de estado que participan en evento. Muchos de ellos ya expresaron su preocupación sobre el aumento de las catástrofes naturales, uno de las consecuencias más graves del cambio climático que afecta principalmente a poblaciones vulnerables de países en desarrollo y pone en riesgo sus derechos humanos, tal y como reconoció el presidente francés, François Hollande, en la apertura de la cumbre.
“El calentamiento global anuncia conflictos, como la nube trae la tormenta, provocando más disputas que las guerras, hambrunas o un acceso cada vez más complicado al agua”, afirmó Hollande.
Desde 2010 Naciones Unidas reconoce oficialmente la relación inseparable entre cambio climático y derechos humanos, tal y como recoge el Acuerdo de Cancún de la COP16. Sin embargo “no basta con reconocer la relación entre derechos humanos y clima”, afirma María José Veramendi, abogada especializada en derechos humanos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien añade que el Acuerdo de París debe “incluir un lenguaje específico de derechos humanos, de forma que las acciones climáticas los respeten y protejan”.
El enfoque específico de derechos humanos ya se recoge en el texto de negociación que será abordado durante las negociaciones en París. No obstante las alusiones a los compromisos en materia de derechos humanos solo aparecen entre corchetes, lo que significa que aún están en proceso de discusión y podrían ser eliminadas del acuerdo final de París. “Ya conseguimos que este lenguaje fuese incluido, pero ahora tenemos que lograr que se mantenga y que los Estados apoyen estos compromisos”, explica María José Veramendi.
Al mismo tiempo varias organizaciones de la sociedad civil creen que el compromiso en materia de derechos humanos es insuficiente porque “no recoge los principios fundamentales de justicia social y respeto a los derechos humanos”, explica Alix Mazouni, de la Red Acción Clima, un colectivo que participa en la negociación junto a otras asociaciones en el seno de la Coalición Climat 21.
Para la líder indígena Mina Setra, “hace unos años las cumbres del clima estaban más fuertes en materia de derechos humanos pero eso se acabó porque cada vez hay más intereses y políticas que influencian las negociaciones”.
Acceso a tierra y recursos, consulta previa a la población afectada, garantía de fondos para un desarrollo sostenible y protección frente a la explotación de recursos por parte de las empresas son algunos de los derechos humanos básicos que reconoce la Organización para la defensa de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que varias asociaciones civiles intentan incluir en el acuerdo final de París.
“QUEREMOS DERECHO A LA VIDA Y ACCESO A LA TIERRA”
Actualmente la lucha por tierras y recursos representa una de las principales causas de violación de derechos humanos a nivel global. El Observatorio de Derechos de la Tierra (Land Rights Watch) denuncia que cada semana son asesinados una media de dos indígenas mientras intentan proteger el medio ambiente. En lo que va de año fueron asesinados 92 indígenas, mientras que 2014 dejó un saldo de 116 ecologistas asesinados.
“Es inaceptable lo que los pueblos indígenas tienen que luchar para conseguir la demarcación de sus tierras (…) las mineras siguen teniendo prioridad y eso me duele como mujer y como indígena”, afirma Diana Ríos, que con 20 años se convirtió en líder indígena de la aldea Asheninka después de que su padre fuese asesinado, víctima del conflicto con las empresas mineras.
Reforzar los derechos de las poblaciones rurales no solo beneficia a esas comunidades, también es la mejor opción para conservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, según el Instituto Mundial de Recursos, quien demuestra que, en países como Brasil, el nivel de degradación ambiental en las áreas gestionadas por poblaciones locales puede llegar a ser hasta doce veces menor que en el resto del territorio. Andrew Steer, presidente de esta organización, explica que “si realmente quieren detener la deforestación, hay que otorgar derechos legales a las comunidades locales”.
Mina Setra insiste en la necesidad de que gobiernos y empresas paren la violencia contra las poblaciones tradicionales. “Nosotros protegemos los bosques, pero ¿quién protege a los protectores?”, declara ella. “Queremos tener derecho a la vida y acceso a la tierra, no es limosna lo que pedimos”, responde Setra sin ocultar su indignación al saber que Asia es la región que menos respeta los derechos humanos en materia medioambiental.
Más de 62 millones de personas viven en islas del Pacífico como Kiribati, Tuvalu y Tokelau, países que desaparecerán del mapa si el nivel del mar sigue subiendo al ritmo actual en los próximo 20 años.
Algunos de estos países ya están comprando tierras en otras islas y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), formada por 39 países del Pacífico en riesgo, exige compromisos urgentes de derechos humanos como fondos de compensación y reconocimiento y acogida de los refugiados climático. Según el Consejo Noruego para los Refugiados, solo en 2014 más de 19 millones de personas tuvieron que desplazarse debido a catástrofes naturales como las sequías en África o los tifones en Asia.
La lucha contra el cambio climático y los derechos humanos van de la mano, explica María José Veramendi, quien resalta que “es necesario insistir en que el objetivo de los acuerdos por el clima es controlar el cambio climático y proteger a la humanidad de lo que podría ser una gran catástrofe si no actuamos a tiempo”.
El CASO DE MÉXICO
De acuerdo con un documento de la organización ambientalista Greenpeace llamado México ante el cambio climático: Evidencias, impactos, vulnerabilidad y adaptación, la situación geográfica del país, las condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que el país sea una de las zonas más vulnerables del mundo ante estas transformaciones.
“Hoy en día ya se dan cita en nuestro territorio gran variedad de alteraciones provocadas por este fenómeno que, en muchos casos, no son más que el inicio de una tendencia de impactos que se verán exacerbados a lo largo del siglo si no adoptamos las medidas necesarias”, se puede leer en el reporte.
Entre las manifestaciones generales más significativas de este fenómeno en territorio mexicano están el aumento de la temperatura, la disminución de los recursos hídricos y la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, cambios en la agricultura y la cobertura vegetal del territorio, las amenazas a los ecosistemas marinos, efectos sociales como la migración y los daños a la salud, entre otros.
Ahí también mencionan que México se ubica entre los países con mayor vulnerabilidad ya que 15 por ciento de su territorio, 68.2 por ciento de su población y 71 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran altamente expuestos al riesgo de impactos adversos directos del cambio climático.
Tal como lo mostró hace algunos meses el sitio de Business Insider en un video, dentro de 35 años, el estado de Tabasco y algunos poblados de Veracruz podrían estar sepultados bajo el agua ante los estragos del cambio climático, las conclusiones de Greenpeace sobre el futuro de los mares y las costas de México, “no es posible ser optimista […] En muchos casos, el daño ya está ocurriendo; lentamente, casi imperceptiblemente, pero está avanzando día con día.
Consecuencia de esto, igual que en otros países en desarrollo, en México, la migración y desplazamiento de poblaciones por los daños causados por el cambio climático, entre ellos el aumento del nivel del mar, la contaminación del agua, la falta de garantía de una soberanía alimentaria y del derecho a la salud, provocarán estos movimientos.
La organización no se aventura a hacer una estimación de cuántas serían las personas afectadas, pero calcula el número de habitantes en las zonas de riesgo, es decir, de alta sismicidad, las propensas a inundaciones, o con sequía.
“No se concluye, necesariamente, que toda la población del país es susceptible de convertirse en desplazado ambiental o decidirá migrar para mejorar su calidad de vida”, escriben.
Asimismo, el Programa de Investigación en Cambio Climático (Pincc) de la Universidad Nacional Autónoma de México, confirma que las consecuencias ambientales de este fenómeno que derivaría en sequías, inundaciones, incendios forestales y enfermedades transmitidas por vector, se violan una serie de derechos humanos: a la vida, la integridad física, el agua, la salud, el trabajo y la vivienda digna.
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