El pasado viernes 10 de octubre se cumplió un año de que los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el órgano que el gobierno federal dispuso para coordinar la atención a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en el país, asumieron esa encomienda. Actualmente, los asesinados, desaparecidos y desplazados a causa de la violencia se cuentan por miles. Los comisionados llegaron a su primer año con la salida de dos de sus integrantes; una pugna aún irresuelta por la presidencia de la Comisión; y el incumplimiento de dos de sus responsabilidades torales: la creación de un padrón nacional de víctimas y del fondo que ha de pagar las reapariciones de daños a las víctimas.
Mientras el tiempo pasa y las víctimas se siguen sumando, los comisionados han aprovechado los privilegios que les da su cargo para pagar habitaciones de dos mil pesos, viajar en vuelos “premier” o comprar dulces durante sus viajes de trabajo. Todo con cargo al erario.
Los comisionados “están perdidos”, espeta Juan Carlos Trujillo, una de tantas víctimas de violencia, convertido hoy en una suerte de activista tras la desaparición de cuatro de sus hermanos y el desplazamiento forzado del resto de su familia. Esos siete funcionarios que nacieron del dolor perdieron la sensibilidad en el camino, dice. O quizá nunca la tuvieron.
Desde la CEAV, Sergio Jaime Rochín del Rincón, defiende el trabajo propio y de sus compañeros y asegura no sólo que su trabajo los ha sensibilizado más, sino que acompañan y defienden a las víctimas…
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Han pasado casi siete meses desde que Gerson Quevedo Orozco, un estudiante de Arquitectura de 19 años, fue secuestrado cuando se encontraba con dos amigos dentro de una tienda Oxxo, en el municipio de Medellín, Veracruz.
Su madre, Maricela Orozco Montalvo, asegura que uno de ellos fue quien subió a Gerson a la camioneta en la que se lo llevaron.
El secuestro de Gerson ocurrió la mañana del 15 de marzo de 2014. Ese mismo día, los secuestradores contactaron a la familia para pedir rescate por el joven. Por la tarde, Maricela y su esposo pagaban los 80 mil pesos que con trabajos consiguieron juntar, pero su hijo no apareció.
Mientras los padres de Gerson aguardaban inútilmente, en la casa de la familia Quevedo Orozco esperaban su otro hijo, su hija, su yerno y la novia de Gerson. Ahí los encontró un supuesto amigo de Gerson, quien les dijo que sabía dónde estaba el joven.
El yerno de Maricela y su hijo, de 15 años, salieron en su búsqueda. Al llegar al lugar donde Gerson supuestamente se encontraba, una camioneta los empezó a perseguir y los acribilló. El amigo de Gerson, quien viajaba con ellos, sólo fue herido de un disparo.
Maricela y su esposo iban de vuelta a casa cuando escucharon los disparos. Era ya medianoche. Poco antes, advertidas de la persecución por una llamada de su yerno, la hija de Maricela y la novia de Gerson habían salido de la casa familiar en su búsqueda. Unos sujetos armados las persiguieron y sólo consiguieron salvarse porque cuando estaban pidiendo auxilio en las casas de la colonia, una vecina les abrió la puerta de su casa y pudieron esconderse.
“Si no, a ellas también me las matan”, dice Maricela como colofón del amargo episodio en el que, de tajo, perdió a dos de sus hijos.
Aunque un mes después la persona que subió a Gerson a la camioneta fue detenida y declaró que al menos hasta tres días antes de su aprehensión había visto al joven con vida, hasta la fecha el paradero de Gerson sigue en vilo. Y la investigación por el asesinato del otro hijo y del yerno de Maricela se mantiene estancada.
Como el secuestro de Gerson, el asesinato de su otro hijo y su yerno y la persecución de las dos jóvenes ocurrieron en la misma colonia donde vivían, Maricela y su familia sabían que ya no estaban seguros en ese lugar. Ese mismo día tuvieron que abandonar su casa, y sólo regresaron, escoltados por la policía, para recoger la ropa con la que velaron a su hijo de 15 años.
Tras vivir itinerantemente en casas de familiares, Maricela, su esposo y su hija decidieron trasladarse a otro estado donde estuvieran más seguros. Sus suegros se sumaron a ese exilio forzado a fin de servir como sostén emocional de la familia. Atrás quedaron todos sus bienes, su casa y el negocio de tráileres del que vivían.
A finales de abril conocieron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), liderado por el poeta Javier Sicilia, cuyos integrantes les han apoyado desde entonces, tanto económicamente para sufragar sus gastos como asesorándolos en la búsqueda de Gerson. A través del movimiento se enteraron de la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el órgano creado por el gobierno federal para atender a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos en el país.
La primera vez que Maricela acudió a la Comisión fue sólo para abrir un expediente de su caso. “Como no le pedimos nada, estuvo todo bien”, cuenta desde el otro lado de una línea telefónica. El problema, dice, fue cuando pidieron a la institución que les ayudara económicamente.
La Ley General de Víctimas establece medidas para alojamiento y alimentación para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia a causa del delito cometido en su contra. Si bien la ley señala que esta medida está en manos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la CEAV corresponde coordinar que las dependencias involucradas en la atención a las víctimas cumplan con sus obligaciones.
Originalmente, el apoyo que Maricela pedía era para solventar los gastos en alimentos y transportes. Incluso propuso que no le dieran dinero para los pasajes, sino boletos del Metro para cuando tuviera que venir a la Ciudad de México a hacer gestiones y trámites. Pero la respuesta era siempre un no.
En una ocasión, narra Maricela, una trabajadora social de la CEAV le sugirió poner a sus suegros a trabajar de “cerillitos” en un supermercado.
“¿Cómo pueden ser tan inhumanos? Están viendo el grado del dolor y te salen con una contestación así”, expresa, aún indignada.
Tras insistir durante varias semanas, Maricela consiguió que le ayudaran sólo para comprar la despensa. La dinámica era así: ella compraba la despensa con su dinero, llevaba la nota del supermercado a la CEAV y después de casi un mes le reembolsaban lo gastado.
El apoyo para esa familia de desplazados forzados, que dedica la mayor parte de su tiempo a la búsqueda de su hijo, se limitó estrictamente a los alimentos.
“Bueno, me reembolsaban lo que se les daba la gana porque del ticket me quitaban papel de baño, pasta de dientes, desodorante, o sea todo lo de uso personal, todo, todo me lo quitaban. Nada más eran puros alimentos”, dice Maricela sobre un apoyo que, además, sólo recibió dos veces.
La primera vez fue el 25 de julio, cuando presentó una nota de supermercado por 2 mil 300 pesos, correspondiente a la despensa de un mes para cinco personas.
Le reembolsaron sólo mil 100 pesos. El 11 de agosto presentó una cuenta de mil 700 pesos; le regresaron sólo mil pesos.
“Y ya de ahí me dijeron que iba a estar suspendido temporalmente lo de la alimentación porque no tenían cómo demostrarlo ante [Secretaría] Hacienda [y Crédito Público]. Que iban a buscar cómo meter esos gastos, pero que estaban suspendidos temporalmente”, recuerda. “Pero eso tiene ya más de mes y medio y hasta ahorita no se reactiva nada”.
El comisionado presidente de la CEAV, Sergio Jaime Rochín del Rincón, asegura que sí se ha apoyado a las víctimas y a familiares. Y subraya que se ha hecho aun cuando el trabajo de la Comisión no es brindar atención de primer nivel a las víctimas, sino coordinar a las instancias encargadas de hacerlo.
De acuerdo con información proporcionada por la CEAV, entre enero y septiembre de este año se han entregado 679 mil 422 pesos en apoyos para traslado, alimentación, hospedaje y transporte local a víctimas y sus familiares.
En el caso específico de la familia de Maricela, la Comisión afirma que la han acompañado y le han brindado “los apoyos a que tienen derecho […] relacionados con traslados, hospedaje, alimentación y transporte local, ademas de la asesoría legal y la atención médica y psicológica”.
Lo único que Maricela no contradice de ese apoyo que, según la CEAV ha dado a la familia Orozco Quevedo, es la atención psicológica. Sin embargo, su esposo y ella decidieron abandonarla porque no sentían que les estuviera sirviendo y además les causaba conflicto tener que acudir a la misma institución que les negaba ayuda para todos los otros aspectos de su vida.
“No sentíamos nada, y aparte imagínese ir y estar haciendo tanto pinche coraje con ellos. Como yo se los dije: ‘En vez de ayudarme, me perjudican, porque nada más voy y hago cada coraje’”, suelta con una voz en la que aun se percibe enojo, fatiga, indignación.
Maricela dice que su caso no es el único, pues en su peregrinar entre instituciones pública en la búsqueda de su hijo ha conocido otras familias que enfrentan la misma problemática para recibir apoyo económico a través de la CEAV.
Cuestionado al respecto, Rochín del Rincón responde: “Puede haber casos, sin duda, de mala atención, que en su caso deben ser reportados y corregidos y sancionados, y eso habría que corregirlo de manera inmediata”. Y en seguida, agrega: “Pero también hay muchísimos casos de excelente atención”.
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El 10 de octubre de 2013, las tres mujeres y cuatro hombres que el Senado había elegido para conformar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tomaron protesta de sus cargos. Se trataba de Adrián Franco Zevada, Julio Hernández Barros, Carlos Ríos Espinosa, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Sergio Jaime Rochín del Rincón, María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata. Las dos últimas concluyeron su periodo en el cargo el pasado 9 de octubre.
La CEAV fue creada para fungir como el órgano operativo de la Ley General de Víctimas y, como tal, atender a los ciudadanos que han sufrido delitos o violaciones a sus derechos humanos.
A un año de haber asumido esa encomienda, el comisionado presidente da su balance sobre el primer año de trabajo, no sin antes recalcar que pese a haber tomado protesta el 10 de octubre de 2013, en realidad su trabajo comenzó hasta el 9 enero de 2014, tras la publicación del decreto que transformó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos en la CEAV.
“Arrancar la institución ha sido un proceso difícil, laborioso, y al mismo tiempo también lleno de descubrimientos y de avances que se han ido consolidando poco a poco”, dice en entrevista telefónica con SinEmbargo.
Pero el optimismo de Rochín del Rincón se ve empañado por dos tareas clave que siguen pendientes: la creación del Registro Nacional de Víctimas y la puesta en marcha del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, destinado a los pagos económicos para la reparación integral de daños a las víctimas.
Al respecto, el funcionario dice, jubiloso, que el registro federal ya comenzó a funcionar y a empadronar a víctimas y que en los estados se ha avanzado en la creación de registros locales. Mas no aclara que la puesta en marcha del registro no significa que exista ya un padrón nacional con información de todas las víctimas, que es el propósito del Registro y un paso necesario para la entrega de indemnizaciones.
Sobre el Fondo, explica que su creación se ha retrasado porque aún no existe el fideicomiso que le dará soporte, pero asegura que en un par de semanas estará listo.
El pasado 22 de septiembre, Reporte Índigo publicó que había solicitado información sobre los avances y resultados del Registro y el Fondo, a lo que la CEAV había contestado que la información requerida era inexistente toda vez que ambos mecanismos estaban aún en proceso de creación.
En su respuesta, la Comisión atribuía el retraso a la falta del reglamento de la Ley General de Víctimas (que debió aprobarse desde 2013). Dicho reglamento tendrá que incluir las reglas para regular el Fondo y validar la inscripción al Registro Nacional de Víctimas, que a su vez es un requisito para acceder a apoyos económicos del gobierno federal. Es decir que sin reglamento se limita la operación de ambos mecanismos.
Rochín del Rincón defiende que a pesar de estas omisiones, la CEAV entrega apoyos económicos a las víctimas.El testimonio de Maricela contradice esa versión. Actualmente, ella está en proceso de interponer un amparo contra la negativa de la CEAV de brindarle apoyo económico para alimentos y la renta de un departamento para los cinco integrantes de su familia.
Cuando se le pregunta por el monto que está solicitando como apoyo, la mujer de 42 años se adelanta a explicar que por seguridad viven en un sitio que cuenta con vigilancia, y recalca que aunque ella y su familia tuvieron que huir de Veracruz por temor a que quienes secuestraron y mataron a sus hijos les hicieran daño, la situación de riesgo persiste dado que las investigaciones por ambos casos siguen abiertas y ellos continúan buscando a su hijo. También recuerda, como si quisiera justificarse, que en su familia son cinco personas, dos de ellos ancianos, y que la desazón por su situación les ha impedido reactivarse económicamente.
Ante la expectativa de una cifra quizá estratosférica, Maricela suelta los números: 7 mil pesos para renta y mil 500 pesos a la semana para la alimentación de los cinco en su familia.
En un país como México, donde para 2005 aun había más de 5 millones de personas viviendo con unos 13 pesos al día (según datos del Banco Mundial), quizás para algunos se tratan de cifras elevadas. Pero si se piensa que, por ejemplo, los mil 500 pesos que alimentarían a una familia de cinco por una semana es menos de lo que algunos de los siete comisionados de la CEAV han gastado en una habitación de hotel por una noche, la relativa utilidad del dinero toma otro cariz.
Lo mismo podría decirse de los 300 pesos que en alguna ocasión Maricela pidió, sin éxito, como ayuda para pasajes. Es menos de lo que algunos comisionados han pagado en propinas durante sus viajes de trabajo, como muestran las facturas y comprobantes de viáticos de los siete comisionados, cuyas copias obtuvo SinEmbargo a través de una solicitud de información pública.
Por ejemplo, en uno de esos comprobantes se lee que el comisionado presidente, Rochín del Rincón, pagó en una ocasión 412 pesos como propinas, o que en otro viaje justificó, por el mismo concepto, la erogación de 395 pesos.
El comisionado Julio Antonio Hernández Barros también informó que pagó como propinas 312 pesos durante un viaje a Las Estacas, en Tlaltizapán, Morelos.
Se trató de un viaje de “interacción” al que asistieron todos los comisionados el fin de semana del 19 y 20 de marzo pasados. Los entonces siete funcionarios se hospedaron en esa ocasión en el parque acuático y natural Manantial Las Estacas, cuyo costo por habitación sencilla en fin de semana es de mil 785 pesos.
De acuerdo con las facturas que entregaron los funcionarios —cada uno de los cuales percibe un sueldo neto de 125 mil pesos— las cuentas por hospedaje y alimentos que consumieron en ese viaje varió de los 2 mil 403 pesos, que gastó la comisionada Pedroza de la Llave, a los 2 mil 883 pesos del comisionado Franco Zevada.
El objetivo de ese viaje fue “participar en el curso especializado en materia de interacción, orientado a fortalecer la integración y sentido de pertenencia del equipo de trabajo, para orientarlo al logro de los resultados requeridos por la CEAV”, según la información que consta en los cheques de viáticos que recibieron, por anticipado, los comisionados.El comisionado presidente Rochín del Rincón dice que es muy común en las instancias públicas que existan este tipo de encuentros de “planeación” y “autocrítica”.
“Por el ajetreo de la actividad diaria se requiere momentos de planeación y de ver hacia dentro, hacia el trabajo y hacia la coordinación. Y también la autocrítica, y un examen de conciencia. Y este evento que usted menciona de Las Estacas fue así”, afirma el funcionario.
En otros casos, los comisionados han pagado habitaciones de hotel por alrededor de 2 mil pesos por una noche de hospedaje.
Por ejemplo, el 22 de julio pasado Rochín del Rincón pagó mil 951 pesos por hospedarse una noche en un hotel en Veracruz, Veracruz, cuando asistió al Foro Regional para la elaboración del Primer Programa de Atención Integral a Víctimas en esa ciudad.
El 5 de junio, en una visita a la delegación regional de Monterrey, la comisionada Torres Mata se hospedó en el hotel NH, donde ocupó una habitación por la que pagó 2 mil 230 pesos por una noche.
Sobre estos gastos, el comisionado presidente dice que hay ocasiones en que los funcionarios comparten habitación y a ello adjudica el que aparezcan tales montos en las facturas.“En los foros, por ejemplo, sí compartimos habitación. Las personas compartíamos habitación, y en algunos lados no había, por ejemplo, no había demasiado lugar donde instalarse. [Cuando] había habitaciones que se excedían un poco de nuestro presupuesto más ordinario, lo que hacíamos fue compartir, pero por supuesto todo se hizo dentro de la normatividad”, asegura.
Sin embargo, entre el 1 y 3 de julio las comisionadas Pedroza de la Llave y Torres Mata acudieron al Foro Regional para la elaboración del Primer Programa de Atención Integral a Víctimas en Monterrey, Nuevo León, y no compartieron habitación, como muestran las facturas que cada una entregó.
De hecho, en esa ocasión la comisionada Pedroza de la Llave pagó 4 mil pesos por dos noches de hospedaje.
La Comisionada Torres Mata pagó mil 888 pesos.
Las facturas muestran que ambas estuvieron hospedadas en el hotel Camino Real, pero en habitaciones distintas.
En ese mismo viaje, por cierto, la comisionada Torres Mata aprovechó para pagar, con dinero público, 814 pesos en dulces y tres paquetes de “Plato regio”.
En esos mismos días (el 1 y 2 de julio), el comisionado presidente estuvo también en Monterrey, en el Foro sobre Armonización Legislativa en Materia de Víctimas del Delito. Él se hospedó también en el hotel Camino Real y pagó mil 600 pesos por una habitación por una noche.
En el caso del comisionado Franco Zevada, el confort lo ha buscado al volar. Para un viaje de trabajo a Mérida, Yucatán, los pasados días 23 y 24 de junio, adquirió un vuelo que costó 7 mil 500 pesos. Luego, el 30 de junio voló a Monterrey, Nuevo León, en un viaje de medio día. El pasaje de avión le costó 7 mil 389 pesos.
Ambos vuelos los hizo en “Clase I” de Aeroméxico, que de acuerdo con información de la aerolínea es la tarifa más económica de su clase premier.
En las facturas y comprobantes de los viáticos de los funcionarios también destacan cuentas por comidas cercanas a los mil pesos.
Rochín del Rincón explica que en ocasiones los comisionados se reúnen en comidas con funcionarios o integrantes de organizaciones y de ahí que tengan que gastar más que sólo en su propio consumo.
“Muchas veces ha habido reuniones con distintos funcionarios públicos, incluso mesas de trabajo donde hay comida y algunas veces sí se ha pagado comidas en reuniones con organizaciones de derechos humanos, y son varias personas y eso a veces puede implicar un gasto pero es parte de la atención, a veces esa atención se da en estas condiciones”, dice.
Quien ha pagado más en una cuenta de alimentos es el comisionado Franco Zevada.
Durante una visita a Mérida, Yucatán, cuyo objetivo era sostener entrevistas y una reunión de trabajo con autoridades de Yucatán en relación con una recomendación de la CNDH (de acuerdo con el comprobante de vía ticos), el funcionario pagó 2 mil 218 pesos por una cena en el restaurante Trotter. De acuerdo con una empleada del lugar, el consumo promedio por persona es de 400 a 500 pesos.
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“Ellos nacieron del dolor y ellos perdieron el objetivo por el tema económico”, espeta Juan Carlos Trujillo sobre los comisionados. Acto seguido lanza una crítica sobre el trabajo de esos funcionarios: “Ellos no van por las víctimas, ellos hacen caravanas, elogios, se hinchan presumiendo una estructura que no tienen […] Son más políticos, por eso no funcionan. Perdieron la sensibilidad que quizá nunca tuvieron, y eso se transmite a sus subalternos”.
Trujillo es un michoacano de 36 años que carga con el dolor por la desaparición de cuatro de sus hermanos, ocurridas en 2008 y 2010; además es desplazado forzado, por lo que actualmente reside en la capital del país. Desde aquí y como parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ayuda a las familias de víctimas orientándolas sobre cómo exigir sus derechos ante las dependencias públicas involucradas en el seguimiento de sus casos. Por su historia de vida y por el trabajo que hace con otras familias, su acercamiento con la CEAV es continúo.
Él aún tiene presente lo que ocurrió el pasado 11 de julio, cuando la recepción de la CEAV, una sala de paredes relucientes, cuatro hileras de sillas acolchonadas para la espera y piso pulido, se convirtió en lecho para 14 familias provenientes de Veracruz que habían viajado a la Ciudad de México para hacer trámites en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR.
Si aquel día las familias llegaron a la sede central de la CEAV fue porque confiaban que les reembolsarían el dinero que habían gastado en los pasajes para venir, y porque esperaban que les otorgaran los viáticos para poder regresar a sus casas.
Y lo creían así porque antes de que hicieran el viaje, el comisionado Ríos Espinosa aseguró que se habían hecho las gestiones para pagarles los viáticos, relata Trujillo, quien fue en esa ocasión el interlocutor entre las familias y el funcionario.
El michoacano había empezado a trabajar apoyando a familiares de víctimas de Veracruz porque dos de sus hermanos desaparecieron en ese estado en 2010.
Con una alegoría, explica su decisión de trabajar en conjunto con otras familias con víctimas de la violencia: “Me queda claro que una aguja, si se te cae ahorita, te vas a poner a gatas a buscar, y quizás la encuentras y quizás no. Pero si se te cae un puño de agujas, ubicas el lugar donde se te cayeron, y a lo mejor si las abrazas recoges la mayoría. Y a lo mejor entre ellos están mis hermanos”.
Tras una larga jornada en la PGR, las 18 familias que habían venido de Veracruz (cuatro terminaron yéndose) llegaron a la sede de la CEAV alrededor de las siete de la tarde. Unas dos horas antes, Trujillo había llamado al director de Primer Contacto de la Comisión para avisarle que las familias irían para allá.
La respuesta que recibió fue que los esperaban para darles paquetes de lunch. Él aclaró que las personas iban a que les pagaran sus viáticos, no por un lunch, y pidió hablar con el comisionado Ríos. Pero ya no le contestaron, dice.
El michoacano llamó entonces al comisionado presidente, Sergio Jaime Rochín del Rincón. Su secretario particular atendió la llamada y le dijo que el funcionario no estaba en su oficina, sino en el Senado. Le aseguró que estaba con él.
Trujillo relata que al llegar a la oficina de la CEAV, las familias ya estaban esperando que alguien las recibiera. Él subió a ver al director general de Asesoría Jurídica Federal, Noé Ramírez Mandujano, para tratar otro asunto.“Cuando llego, la sorpresa de ellos es que los encuentro a todos ahí, en una sala, y estaba el secretario particular del [comisionado] presidente”, cuenta.
Ramírez Mandujano y el secretario particular de Rochín del Rincón fueron quienes, finalmente, bajaron a la recepción a atender a las familias. Les dijeron que no podían pagarles los viáticos, pero les ofrecieron transportación para que los llevara de regreso a Veracruz.
Las familias rechazaron la propuesta pues consideraron que, de aceptarla, solucionarían el problema inmediato pero no habría un cambio que les garantizara que no se repetiría en el futuro.Los empleados de la CEAV dijeron que se comunicarían con los comisionados y se retiraron a sus oficinas.
Los familiares continuaron su espera en la recepción, pero después de ese episodio nadie más bajó a atenderlos.La sorpresa vino a la medianoche, cuando uno de los guardias les preguntó que si pensaban quedarse, pues en las oficinas ya no había nadie.
El asombro se convirtió en indignación y enojo cuando el policía les explicó que si no los habían visto desfilar por la recepción, que funciona como entrada y salida del edificio, era porque habían se habían ido por la puerta de emergencia.
“Fue una grosería de ellos tan grande, no quisieron bajar nadie a hablar con nosotros, nadie dio la cara. Todos los comisionados salieron por la puerta de atrás, no salieron por donde estábamos nosotros”, recuerda con molestia Maricela. Ella junto con su esposo y las otras familias decidieron pernoctar en la recepción de la Comisión y permanecer ahí hasta que alguien les recibiera.
Al día siguiente, a eso de las 10 de la mañana, el comisionado Ríos Espinosa llegó con ellos. Les aseguró que no sabía nada del problema del día anterior y, con la Ley General de Víctimas en la mano, entabló una discusión sobre la interpretación de la ley, narra Trujillo. Las familias terminaron retirándose, indignados y sin recibir ni el reembolso del viaje que ya habían hecho ni el dinero para pagar el de vuelta.
Trujillo estima que, en total, el monto de los viáticos que reclamaban las 14 familias de Veracruz sumaba unos 12 mil pesos.
“No fue así”, dice el comisionado presidente, Rochín del Rincón, cuestionado sobre el episodio. A decir del funcionario, algunos familiares de víctimas habían quedado de asistir la tarde de ese día a una reunión con la comisionada Torres Mata, pero no llegaron.“Llegaron hasta la noche cuando la mayoría de personal ya no estaba y ahí se dio esa confusión”, sostiene.
“En cuanto nos enteramos vino el comisionado Carlos Ríos y tuvo un encuentro con ellos que fue difícil, porque estaban cansadas estas personas y muy inconformes”, justifica.
Rochín del Rincón asegura que él no estuvo en la CEAV ese día y no supo del problema sino hasta el día siguiente; dice también que desconoce si el resto de los comisionados estaba o no en la sede de la Comisión ese día.El comisionado presidente refiere que tras ese incidente, el martes siguiente tuvieron una reunión con algunas familias donde se hicieron aclaraciones y correcciones en la normativa que limitaba el pago de apoyos para cuando los familiares tuvieran que trasladarse para hacer trámites y gestiones.
Trujillo reconoce los cambios, pero señala que la atención a las víctimas sigue siendo parcial. El problema, considera, es que los comisionados no conocen las necesidades de las víctimas, y cuando éstas se acercan a la CEAV, anteponen las limitaciones que les dicta la ley en lugar de atenderlas.
“Están perdidos ellos acá arriba, no saben las necesidades de las víctimas”, dice. “Para mí están reprobados. Pero el problema ni siquiera son ellos, el problema es alguien que está poniendo el pie más arriba, que está generando ese tipo de situaciones para que nos confrontemos con ellos”, señala en alusión a Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Para las víctimas y sus familiares, la ineficiencia que han encontrado en la CEAV los ha llevado a considerarlo un “elefante blanco”, sostiene Trujillo.
Para él, incluso dentro de esa inoperancia institucional, los comisionados podrían distinguirse entre sí: “Que hay algunos que tienen buena voluntad, sí los hay. Que hay algunos que no saben, también. Hay otros que ni siquiera les interesa el tema de las víctimas. Otros que se van más por sus problemas personales, también los hay”.
Pero su conclusión es categórica: “Si los metes en una licuadora, no sacas ninguno”.
Mientras tanto, señala, los días avanzan y las familias y las víctimas siguen buscando a sus desaparecidos o justicia para sus muertos.
—¿Los comisionados han sido sensibles a la situación del país en general y de las víctimas?— se le pregunta a Rochín del Rincón al término de la entrevista.
—Síiiii— se apresura a contestar. Y prosigue— Yo creo que la Comisión ha sido… los comisionados hemos sido sensibles, y también le puedo decir que nos hemos todavía sensibilizado más y hemos tenido reuniones dolorosísimas con muchas víctimas. Y yo le diría que cuando recibo una queja de una víctima lo último que intento hacer es justificarme, aunque no sea yo directamente, porque el dolor es muy grande, y porque finalmente están en su derecho. Y nosotros debemos ser sus acompañantes y sus defensores, y no debemos tener miedo de que nos reclamen y nos exijan con fuerza.
