Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- En los comicios del próximo 7 de julio, no sólo el voto en las urnas cuenta.
A sólo 24 días para que se realicen elecciones en 14 entidades del país, el crimen organizado ha mostrado su poder: amenaza a los candidatos de las tres principales fuerzas políticas, han conseguido varias renuncias, y más: Ayer, Jaime Orozco Madrigal, abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia municipal de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fue encontrado muerto después de que un grupo armado lo secuestrara en su domicilio.
El crimen organizado decide en municipios de Tamaulipas, Durango y Chihuahua quién se postula y quién no, de acuerdo con denuncias del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN), en las que señalaron que algunos de sus candidatos fueron objeto de amenazas y obligados a desistir de su participación en julio.
Analistas dijeron a SinEmbargo que estos casos son claras señales de que el narcotráfico se infiltró no sólo en la vida social de innumerables pueblos y ciudades mexicanos, sino también en la cívica: está presente en las elecciones y antes, al interior de los mismos partidos.
Julio Hernández Barros, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA) y especialista en víctimas, dijo que la operación del crimen en las elecciones de este año, es una secuela más de la guerra fallida que emprendió el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa durante su administración.
“Es una cuestión muy delicada y no hay varitas mágicas para operar en el cortísimo tiempo. Es un problema que estamos arrastrando por lo menos en los últimos seis años y medio, en donde ha habido una enorme infiltración del crimen organizado en el gobierno y una terrible corrupción. No sabemos quiénes son los buenos y quiénes los malos”, dijo.
El especialista indicó que a escasas tres semanas para los comicios las autoridades pueden hacer poco para revertir la situación en las regiones donde hay amenazas.
“No tiene la capacidad. La autoridad está rebazada por la delincuencia organizada. Yo diría dale protección al candidato, camionetas blindadas, gente que lo cuide permanentemente, pero no, no veo algo que se pueda hacer a corto plazo”, subrayó.
Ante este panorama los partidos han optado por no registrar a sus candidatos, como sucedió con el PRD en municipios de Nazas, Canelas, Tamazula, San Pedro del Gallo, Hidalgo, Otáez y San Bernardo en el estado de Durango y en Hidalgo y Miquihuana, Tamaulipas.
Jesús Zambrano Grijalva, presidente Nacional del Sol Azteca, dijo en una gira por Durango que los aspirantes prefirieron no competir en estas zonas por razones de seguridad, por temor a las amenazas del crimen organizado.
“Hay amenazas. Hicieron renunciar por amenazas del crimen organizado a nuestro candidato en Nazas”, reiteró de nuevo ayer Zambrano en una conferencia de prensa en el Senado de la República.
Víctor Hugo Castañeda Soto, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional anunció la misma medida en las alcaldías de San Bernardo e Indé y culpó al Estado de perder el control territorial de la región.
“Dicen que no pasa nada en esa zona, y yo les digo que en San Bernardo asesinaron al presidente municipal hace casi tres años, no le hagan al cuento, no estoy inventando nada, San Bernardo lo gobierna la viuda del presidente municipal; en Lerdo asesinaron a un aspirante del PRI, que no me vengan con que en Durango no pasa nada, soy absolutamente responsable y no quiero una respuesta de que el PAN no tiene estructura porque sería irresponsable”.
El PAN también denunció el pasado siete de junio amenazas por parte del narcotráfico que orillaron al partido a retirar a sus candidatos por los municipios de Maguarichi y Gómez Farías en Chihuahua.
Algunas de las intimidaciones eran: “No te metas aquí porque está tu vida de por medio, aquí no hay otra opción más que la del PRI”, comentó en esa ocasión Mario Vázquez Robles, dirigente del partido blanquiazul en Chihuahua.
Virgilio Bravo, profesor Investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, dijo que la política como la economía, industria y hasta la educación, está infiltrada por el narcotráfico y que los aspirantes a puestos de elección popular deben estar conscientes de los riesgos.
“Es responsabilidad de todos que las próximas elecciones se den de la mejor forma. La política tiene sus riesgos de seguridad y hoy en día el que es candidato en una zona riesgosa los sabe y participar o no es una decisión muy personal si no tienen suficientes garantías”, detalló.
Bravo indicó que el fenómeno del narcotráfico en la política no es nuevo y que durante los últimos años, con la estrategia de combate al crimen de Calderón Hinojosa se agudizó el asesinato de presidentes municipales.
NARCO-POLÍTICOS
El candidato asesinado en Chihuahua, Jaime Orozco Madrigal, era Director de Obras Públicas de la actual administración municipal de Guadalupe y Calvo. De acuerdo con La Jornada, se le conoce en la región como “El Chacal”, y desde hace mucho tiempo “se ha ligado su prosperidad económica a sus nexos con el crimen organizado”.
Estos señalamientos, sin embargo, no tienen una fuente oficial.
Pero al analista Hernández Barros el supuesto de que en México hay narco-políticos no lo asusta ni lo sorprende.
“Cuántos candidatos habrá que son parte de la delincuencia. Los que no quieren participar son los que han dicho ‘yo no soy parte de la delincuencia organizada, no me dejo cooptar por ellos, no voy a recibir dinero, ni instrucciones de ellos’. Esto no es lo más grave, lo que es peor es que hay muchos que son miembros activos del narco y que están poniendo a su estado y municipio al servicio de la delincuencia organizada. Esa es la infiltración a la que me refiero”, dijo.
Hernández Barros indicó que lo que sucede rumbo a las elecciones del 7 de julio es un foco rojo para que la actual administración a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, tome medidas a mediano plazo para que la situación no se repita.
“No se ha invertido en inteligencia en los cuerpos policiacos, en desarrollo social. Si en lugar de combatir con balas lo hiciéramos con instrumentos financieros, con decomisos de dinero y paralizar sus operaciones económicas, tendríamos mejores resultados que con balas y garrotes”, indicó.
Alejandro Sánchez Camacho, secretario General del PRD, propuso que la clase política debe hacer un frente común para evitar la infiltración del narcotráfico en las filas de los partidos.
“Que los institutos políticos tengan un diagnóstico verás de sus candidatos, hombres y mujeres en diversos cargos”, subrayó.
El Secretario General del Sol Azteca dijo que entre las recomendaciones que la fuerza política realiza a sus candidatos para las elecciones en puerta, está ser cuidadosos con los recursos que les llegan.
“Les recomendamos checar bien la procedencia de los apoyos que se les entregan y también que no se confronten, que hagan propuestas de gobierno nada más”, agregó.
LAS AMENAZAS DEL NARCO
El líder perredista Jesús Zambrano afirmó el martes pasado que el PRD no registró candidatos en los municipios de Nazas, Canelas, Tamazula, San Pedro del Gallo, Hidalgo, Otáez y San Bernardo por razones de seguridad, debido a que hubo amenazas por parte del crimen organizado.
“El riesgo va a estar siempre presente, vimos hace tres años cómo actuaron, delincuentes presos salieron a operar en favor del PRI, con la venia del gobierno”, aseguró Zambrano.
Antes, los perredistas denunciaron amenazas del crimen organizado en los municipios de Hidalgo y Miquihuana, Tamaulipas. Acción Nacional denunció el pasado siete de junio amenazas por parte del narcotráfico que orillaron al partido a retirar a sus candidatos por los municipios de Maguarichi y Gómez Farías en Chihuahua.
Algunas de las intimidaciones eran: “No te metas aquí porque está tu vida de por medio, aquí no hay otra opción más que la del PRI”, comentó en esa ocasión Mario Vázquez Robles, dirigente del partido blanquiazul en Chihuahua.
Por las mismas razones, Víctor Hugo Castañeda Soto, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Durango, anunció que se tomaron las mismas medidas en las alcaldías de San Bernardo e Indé.
“No puede ser posible que el Estado no tenga control territorial, que haya amenazas y advertencias”, refirió Castañeda.
“Dicen que no pasa nada en esa zona, y yo les digo que en San Bernardo asesinaron al Presidente municipal hace casi tres años, no le hagan al cuento, no estoy inventando nada, San Bernardo lo gobierna la viuda del presidente municipal; en Lerdo asesinaron a un aspirante del PRI, que no me vengan con que en Durango no pasa nada”, dijo.
También en Durango, el Alcalde con licencia del municipio de Indé, Durango, Ernesto Núñez Rodríguez, tramita asilo político en Estados Unidos. Desde noviembre pasado está fuera del país, luego de que un ataque a su familia dejara ocho muertos y cinco desaparecidos.
Ernesto Núñez Rodríguez desapareció del ámbito político a finales del mes de noviembre luego de que el domingo 18 de ese mismo mes sostenía una reunión familiar en el rancho de su propiedad y de sus hermanos.
Hasta ese lugar llegaron personas fuertemente armadas quienes empezaron a balear a todos los integrantes de la familia matando a ocho: dos trabajadores, los veterinarios, uno de los hijos del Alcalde y la esposa de un sobrino que estaba embarazada.
Desaparecieron otros cinco familiares, entre ellos uno de sus hijos.
PRI PIDE PROTECCIÓN EN COAHUILA
Ante el asesinato de Jaime Orozco Madrigal, el dirigente del PPRI en Coahuila, David Aguillón Rosales, informó que pidió policías para escoltar a algunos de sus 38 candidatos a alcaldes, pero rehusó dar sus nombres para no arriesgarlos.
Hay municipios, candidatos y eventos para los cuales podría pedirse vigilancia, pero es algo que se debe mantener en secreto,dijo.
El líder priista insistió “absoluta discreción, pues con cualquier solicitud referente a los candidatos los ponemos en riesgo”.
El equipo de campaña del candidato panista a la alcaldía de Saltillo, Isidro López Villarreal, informó que éste tiene dos escoltas particulares y una camioneta blindada que no ha utilizado en la campaña.
