Ciudad de México/Madrid, 13 de mayo (SinEmbargo/ElDiario).– “Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal”. Ese el cóctel de presuntas ilegalidades que la magistrada de instrucción (jueza) Patricia Fernández investiga en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar en Sevilla, España. La concesión ha quedado paralizada por la juez de Instrucción número 3 de Sevilla ante la denuncia interpuesta por Emerita Resources, la otra empresa que optaba a la adjudicación.
Ecologistas en Acción tacha de “chapuza” el concurso público por el que la Junta de Andalucía ha concedido la explotación de los recursos mineros al consorcio formado por Minorbis y Grupo México, responsable en 2014 de un vertido de 40 millones de litros de ácidos y metales pesados en el río Sonora (México). Lola Yllescas, responsable de la organización ecologista, recuerda que denunciaron ante la Consejería de Economía, responsable de minas, que no se cumplían los requisitos ambientales mínimos para explotar la mina y se alegra de que “la jueza nos dé la razón, pero lamentamos y censuramos la actitud de la Junta, que no nos ha hecho ni caso. Funcionan de espaldas a los ciudadanos”.
La Junta insistía, en el pliego de condiciones de reapertura de la mina, que la adjudicataria tendría que “cumplir los estándares más elevados de protección y seguridad ambiental”, pero Ecologistas en Acción denunciaba que el plan de restauración solo tenía un peso del 30% en la puntuación total del concurso. Además, en el apartado de mejoras y compromisos adicionales de carácter social y medioambiental, Minorbis-Grupo México no llegaba ni al aprobado: tan solo 1,8 puntos de 10.
Greenpeace denunció en un documento de propuestas ambientales para esta legislatura en Andalucía que los 640 derechos mineros que la Junta ha sacado a concurso en los últimos años “se han realizado sin informes ambientales completos e independientes y sin la participación pública en la toma de decisiones”.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, critica que los proyectos no se hayan hecho públicos a pesar de que su organización así lo ha solicitado en el Consejo de Participación de Doñana. Desde que se anunció la reapertura de Aznalcóllar, los ecologistas han mostrado su preocupación por que se repita un desastre como el de 1998, cuando una balsa que contenía metales pesado reventó y la contaminación llegó hasta el Parque Nacional de Doñana. La limpieza del desastre supuso un coste de 90 millones para las arcas públicas.
WWF lo considera un riesgo innecesario y apuesta por un cambio de modelo económico sostenible que genere empleo en la zona minera. “La minería es una actividad predadora y colonizadora que impide que haya una reconversión industrial en la zona”, subraya Carmona. Aznalcóllar cuenta con un polígono de empresas del sector verde, pero el ecologista cree que se está dejando de lado la economía verde basada en actividades como las energías renovables o el turismo de naturaleza.
LA HISTORIA
El diario español El Mundo publica este día que en un auto dictado el pasado día 7 de mayo, la magistrada Patricia Fernández pone de manifiesto que el consorcio formado por Minorbis y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento.
“Y, a pesar de eso, la Junta de Andalucía le otorgó el 16 de marzo los derechos de explotación de la mina por un periodo de 30 años”, publica el diario bajo la firma de José María Rondón.
Este día, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que paraliza la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. “Cuando un juez tiene serias sospechas sobre el procedimiento de adjudicación de un contrato, debe paralizarse y esclarecerse”, dijo a El Mundo.
Grupo México es propiedad del segundo hombre más rico de México, según Forbes, Germán Larrea Velasco. La empresa es responsable por el derrame 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Apenas ayer, el Gobierno de Perú acusó al grupo empresarial de intentar corromper a líderes locales para evitar la oposición a un proyecto minero.
A la empresa de Larrea también se le ha señalado por la muerte de 65 mineros en la mina de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006. Es además causante de la muerte de cinco trabajadores mineros en la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí y de la muerte de dos mineros de la empresa minera Alva Ram de Agujita SA de CV.
No obstante esto no impidió que ganara la concesión de la mina de Aznalcóllar que en abril de 1998 causó un desastre ecológico producido por un vertido de residuos tóxicos en el Parque nacional y natural de Doñana, en Andalucía.
El pasado 20 de marzo, El Confidencial publicó que Grupo México gestionaría la mina de Aznalcólla, en Sevilla y que con sus medidas ambientales se evitaría un desastre como el de Boliden. La información indica que Minorbis-Grupo México ganaron por un estrecho margen a la otra empresa que se presentaba (Emerita Resources España (Grupo Forbes & Manhattan): 75.9 puntos frente a los 73,6 de la perdedora.
El medio español aseguró que según las bases del concurso, los criterios de valoración fueron estructurados en cuatro bloques: plan de investigación, proyecto de explotación, viabilidad económico-financiera y mejoras.
Fuentes del Gobierno andaluz dijeron a El Confidencial que las “medidas ambientales [eran] superpotentes, [y estaban] muy por encima de la media europea” y también resaltaron que el consorcio evitaría “el desastre de Boliden”.
Este día, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que paraliza la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. “Cuando un juez tiene serias sospechas sobre el procedimiento de adjudicación de un contrato, debe paralizarse y esclarecerse”, dijo a El Mundo.
Díaz, a quien de acuerdo con el reporte del medio le ha estallado el caso en el transcurso de las negociaciones para su investidura como presidenta de la Junta, ha pedido “celeridad en el esclarecimiento sobre Aznalcóllar porque de ello dependen miles de trabajadores”.
Susana Díaz, dijo a El Mundo, que ha intentado dejar claro que todo el procedimiento de concesión “ha contado con la presencia de la Intervención de la Junta y de los servicios jurídicos”, porque “siempre se ha buscado el máximo de transparencia, tanto en este proceso como en otros que tenga la Junta”.
Apenas el día de ayer, el Gobierno de Perú anunció que rompió las conversaciones con la minera Southern Copper y exigió que el dueño de la empresa, el mexicano Germán Feliciano Larrea Mota Velasco –dueño de Grupo México–, acuda a Lima para explicar las denuncias por extorsión a líderes opositores al proyecto Tía María.
La Ministra peruana de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, informó que el Presidente Ollanta Moisés Humala Tasso espera que la minera aclare su responsabilidad en el presunto ofrecimiento de dinero al dirigente Pepe Julio Gutiérrez como condición para levantar la protesta en el poblado de Islay, Arequipa, según se informó por medio de un comunicado.
El pueblo de Arequipa ha iniciado un paro de 72 horas en contra del proyecto del empresario minero mexicano.
“Se han suspendido las conversaciones con la empresa Southern a raíz de los audios que fueron propagados la semana pasada. Esos audios podrían indicar un nivel de comisión de delito por parte de la empresa. En esa línea, lo que he pedido básicamente es que el dueño de la empresa, el señor Larrea, venga a Lima a aclarar este tema. Estoy a la espera de esa confirmación”, declaró.
El canal peruano Willax TV difundió el jueves pasado un audio en donde el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, presuntamente encarga a un abogado pedir a la minera una compensación económica a cambio de abandonar la protesta en la que se han registrado incidentes que han dejado tres muertos.
La filial en Perú del Grupo México lamentó el lunes que esa “incorrecta acción [que se evidencia en los audios] fue ocasionada por terceros ajenos a la organización” y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legislación peruana y su código de conducta ética, sobre el que destacó los valores de honestidad, justicia e integridad.
Southern Copper anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto, horas después de que su portavoz oficial en Perú informara su cancelación por lo que definió como “terrorismo antiminero”.
La Ministra Ortiz agregó este martes, sin embargo, que el Gobierno peruano puede iniciar acciones legales contra Southern si se encuentran indicios de encubrimiento y dijo que se ha encargado al Ministerio de Justicia que investigue el caso.
