Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– La causa de las mujeres en México por una vida libre de violencia, sin discriminación, con justicia y más oportunidades ganó y perdió, el mismo día, batallas dolorosas contra la ley y los funcionarios públicos encargados de impartir justicia.
Ayer, el sistema de justicia en México obtuvo dos logros respecto a casos de violencia contra mujeres: consignó en Puebla al hombre que mandó a asesinar a su novia, Karla López, y en Guanajuato falló a favor de María Luz Salcedo, conocida como Lucero, para reclasificar los delitos de los que fue víctima al no acceder a tener relaciones sexuales con su agresor, quien la golpeó e intentó violar.
Sin embargo, la detención de una indígena tzotzil de 14 años, quien pasó tres días en la cárcel por abandonar a su esposo en Chiapas, evidenció los pocos avances que reporta la justicia mexicana para frenar los delitos contra las mujeres y niñas.
De acuerdo con reportes prensa, un juez de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula, Chiapas, ordenó a Roxana, una niña de 14 años, a pagar una multa de 24 mil 700 pesos –por los gastos de boda más intereses– luego de abandonar a su marido. Al no pagar la suma, fue encarcelada bajo la promesa de que la liberarían cuando se cubriera la deuda. Tanto el juez de paz, Ricardo López Hernández, como el Edil de la localidad, Sebastián Collazo Díaz, negaron que la menor haya sido retenida en prisión.
Activistas se han pronunciado en diversas ocasiones por los derechos de las féminas, en especial por el de las indígenas, que muchas veces son víctimas de delitos avalados por el sistema de usos y costumbres en el que viven.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), considera que en el sistema de justicia mexicano hay un círculo vicioso cuando las mujeres son denunciantes de violencia de género o se encuentran en situación de desventaja en derechos civiles, como cuando rigen los usos y costumbres.
“El nivel de impunidad en los temas de violencia y discriminación de las mujeres propicia más violencia y discriminación”, dice.
Más allá de la impartición del Código Penal, la defensora de los derechos de las mujeres ante amenazas como la desaparición, el feminicidio y la trata, expone una problemática a simple vista invisible en los Ministerios Públicos.“Hay una anticultura. A los jueces les resulta difícil sentenciar a un perpetrador de violencia familiar. Dado que han crecido con información de que hay prácticas que resultan normales, estiman que se condenan a sí mismos, a su padre o a su abuelo”, expone.
Chiapas, donde ocurrió el caso de Roxana, es un estado que tiene una población de casi 4 millones de habitantes, de los cuales la cuarta parte vive en cientos de comunidades indígenas bajo las normas del régimen de usos y costumbres. Esta norma se sustenta en el Artículo 2 de la Constitución Política de México. En algunos sitios, bajo tal régimen, las mujeres menores de 18 años le pertenecen al padre o al marido.
En Chiapas es común la práctica de arreglar bodas por dinero. Entre los tzotziles, las menores de edad se entregan a adultos a cambio de bienes materiales.
VÍCTIMA DE USOS Y COSTUMBRES
Por casos como el de Roxana, políticos y defensores de derechos humanos se han pronunciado. En noviembre pasado, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, condenó la venta de niñas y mujeres con propósitos de matrimonio que se realiza en algunos pueblos indígenas del país.
“Esta práctica viola los derechos humanos al configurarse el matrimonio forzado y puede constituir el delito de trata de personas, ambas prácticas prohibidas y sancionadas por las normas nacionales e internacionales”, dijo.
El funcionario consideró inadmisible que los usos y costumbres puedan ser usados como pretexto para perpetuar prácticas discriminatorias y violentas contra las féminas indígenas. “Esta aberrante práctica debe modificarse cuanto antes, pues constituye una abierta violación a los derechos de las niñas y mujeres”, expuso.
Las niñas y mujeres indígenas de México tienen derecho a vivir libres de violencia, de todo tipo de discriminación y no deben ser sometidas a ningún tipo de explotación o vejación, enfatizó Navarrete Gutiérrez.
Chiapas –donde ayer se conoció el caso de Roxana– tiene el quinto lugar de los estados del país en violencia o violación de los derechos de las mujeres. La incidencia es mayor en el rango de edad de 12 a 18 años, según la base de datos de Alerta Roja de la CATWLAC.
La organización ha documentado todo tipo de violencia en contra de mujeres en esa entidad. Hay casos de agresión institucional, trata, explotación y violación sexual de cónyuges o no cónyuges.
Roselia Gutiérrez Luis, fundadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) y Coordinadora de la Red Interinstitucional de Prevención y Atención de Violencia Familiar y Sexual de la Región del Istmo, afirmó –en el marco del Día Internacional de la Mujer– que el sector femenino continúa sufriendo la violencia machista.
La Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que el machismo en el país genera alrededor de 120 mil mujeres violadas cada año, de las cuales sólo 10 por ciento denuncia el hecho, y de las que denuncian sólo una tercera parte alcanza un juicio hacia el agresor.
A su vez, la representante de la Casa de la Mujer Indígena “Ichikahualistli Sihuame”, Karina Thiel Cano, comentó que es demasiada la violencia contra el sector femenino en la sierra de Zongolica, Veracruz. “Como mujeres indígenas no se nos dan a conocer nuestros derechos. Por el simple hecho de ser mujer somos violentadas”, destacó.
La ombdusman capitalina, Perla Gómez Gallardo, enfatizó que ninguna institución puede colocar a una mujer en condición de vulnerabilidad por el simple hecho de su género y “lamentablemente vemos esas circunstancias constantemente”.
KARLA Y LOS FEMINICIDIOS
La activista María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, denunció que de 2007 al 2013 se documentaron más de 6 mil asesinatos de mujeres en 13 estados de la República.
Luz Estrada Mendoza agrego además que “de enero del 2011 a junio del 2012 se documentaron casi 4 mil mujeres desaparecidas, la mayoría menores de 17 años”.
Karla López Albert forma parte de estas cifras.
El cuerpo de la joven de 34 años fue encontrado el pasado 2 de febrero en un paraje de la Delegación Tláhuac, en el Distrito Federal. De acuerdo con las investigaciones, su novio Manuel Forcelledo Nader pagó 7 mil pesos para que la asesinaran.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Puebla anunció ayer que el autor intelectual y material del homicidio fue consignado ayer, tras comprobarse su responsabilidad en el asesinato de la joven que tenía cinco meses de embarazo.
La madre y abogada de Karla, María Esperanza Albert Razo y Marisol Montes, respectivamente, habían denunciado que la Procuraduría de Puebla estaba protegiendo a Forcelledo Nader, a quien señalaron como responsable del feminicidio.
Además cuestionaron a la PGJE sobre la lentitud en sus declaraciones e imprecisiones en sus investigaciones, como el día de la muerte que –de acuerdo con la institución– fue el 1 de febrero cuando la denuncia por desaparición se presentó el 31 de enero.
El último reporte de las investigaciones señala que Forcelledo Nader citó a López Albert el 30 de enero en un salón de fiestas propiedad de su familia, ubicado en la Recta a Cholula y Periférico, bajo el engaño de que había comprado un seguro de gastos médicos para cubrir el parto del hijo de ambos.
En ese lugar Karla fue sometida y golpeada hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente fue estrangulada con un lazo de rafia y la ocultaron en su propio vehículo donde permaneció dos días, hasta que fue llevado hasta el Distrito Federal donde fue localizado.
El caso de Karla tomó ayer un rumbo favorable con la consignación de Manuel Forcelledo Nader.
UN TRIUNFO PARA LUCERO
Según la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH 2011), en México 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex esposo o ex pareja o novio).
En cuanto a la violencia emocional –dice el estudio– cuatro de cada 10 mujeres en el país fueron “humilladas, menospreciadas, encerradas, destruido sus cosas o del hogar, vigiladas, amenazadas con irse la pareja, correrlas de la casa o quitarle a sus hijos, amenazadas con algún arma o con matarlas o matarse la pareja”.
En relación a la violencia física, a 13 de cada 100 mujeres en México su pareja la golpeó, amarró, pateó, trató de ahorcar, asfixiar y agredió con un arma y a siete de cada 100 mujeres sus parejas las obligaron a sostener relaciones sexuales.
El año pasado, Lucero (como es conocida María Luz Salcedo Palacios) fue víctima de uno de estos delitos. Un joven quiso obligarla a tener relaciones con él, como no accedió, la golpeó e intentó abusar sexualmente.
Lucero denunció, pero por negligencia de las autoridades de Guanajuato su agresor pudo haber quedado sin castigo. Sin embargo, ayer la justicia federal falló a favor de la solicitud de amparo interpuesto por María Luz para reclasificar los delitos de los que fue víctima, como privación ilegal de la libertad y tentativa de violación, y por lo cuales deberá de ser juzgado Miguel Ángel Jasso Manrique.
Mediante el expediente II-810/2013, el Poder Judicial Federal determinó que se deberá emitir otro auto de vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel Jasso, en el que “después de reiterar aquello que no fue materia de la protección constitucional, deberá pronunciarse de una manera fundada y motivada”.
Con el juicio de amparo 810-2013, Arturo González Padrón, Juez primero de distrito, dijo que se tendrá que vincular a Jasso por los delitos graves de tortura, violación y secuestro.
El abogado de la clínica de interés público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Caballero Juárez, explicó que con el amparo, Lucero representaría un precedente para las mujeres víctimas de violencia, pues aquellas que consideren que el Ministerio Público no planteó los delitos de forma adecuada podrían hacer uso de este recurso.
Sin embargo, el amparo que concedieron los tribunales federales, es un proceso alterno al que se lleva en el Poder Judicial de Guanajuato.
