El Partido Revolucionario Institucional podría pagar muy caro el dejar ir a César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, como ocurrió con Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, coincidieron analistas consultados por SinEmbargo. Aunque existe una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia desde 2014 por peculado en contra del ex mandatario chihuahuense, lo cierto es que actualmente se encuentra completamente libre para salir del país cuando desee, mientras que la administración entrante –la del panista Javier Corral Jurado– lo acusa de no haberle dejado ni para la gasolina.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno de Enrique Peña Nieto dejan pasar el caso de César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, como ha hecho con los de Humberto Moreira Valdés, ex mandatario de Coahuila, y con Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, a quien se presume dieron “tiempo de escapar”, están hundidos: en 2018, el costo político será caer hasta la tercera fuerza política, dijeron analistas entrevistados a SinEmbargo.
La semana pasada y ésta, Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda de Chihuahua, ha informado diversos aspectos sobre del desfalco de Duarte Jáquez en la entidad. Por ejemplo, que dejó en caja sólo 21 millones de pesos para operación y que, antes de irse, se desaparecieron 6 mil millones de pesos de un crédito contratado a última hora. El ex mandatario priista no dejó ni para la gasolina.
“Cuando nos vamos a ver la deuda de los estados en relación al Producto Interno Bruto [PIB] estatal, la de Chihuahua es la más alta en todo el país: un 8.3 por ciento; en contraste, la de Veracruz es un 4.7 por ciento del PIB estatal”, dijo Fuentes Vélez al comparar la situación de Chihuahua con la que dejó Javier Duarte en Veracruz.
José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que si el PRI y el Gobierno federal no hacen nada en el caso de César Duarte e incluso, de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, las expectativas electorales del tricolor se verán reducidas en 2018.
“Cargará [el PRI] con el costo político: se le reducen las expectativas electorales, porque a la gente le queda claro que es puro teatro eso de perseguir la corrupción. En la medida que sigan saliendo cosas de Chihuahua, de Quintana Roo, y no se haga nada al respecto, quedará más claro que es una mera simulación”, dijo el politólogo.
Desde septiembre de 2014 sobre César Duarte pesa una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades más lo que resulte.
La denuncia fue interpuesta por abogado chihuahuense Jaime García Chávez por el caso del Banco Progreso, donde César Duarte y su esposa obtuvieron acciones.
Sin embargo, dos años después el ex Gobernador está libre para salir del país y desaparecer del mapa de la justicia mexicana cuando quiera, como ocurrió con Javier Duarte de Ochoa.
“Le van a facilitar todo para que se vaya igual que Javier Duarte; son complicidades a todos los niveles y nosotros como ciudadanía nada más nos quedamos mirando, mientras que la población perjudicada sufrirá miseria, desabasto de medicamentos, falta de servicios, inseguridad. En los casos de Javier Duarte, César Duarte y Borge vieron que la impunidad era tal, y la protección política, que se robaron todo lo que quisieron”, dijo Crespo Mendoza.
Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA).
La académica agregó que si el PRI y el Gobierno federal no persiguen a los ex Gobernadores que tienen acusaciones de corrupción y malos manejos, el partido en el poder sufrirá las consecuencias.
“El PRI está completamente golpeado: está en tercer lugar en intención del voto y hay un 44 por ciento de rechazo en las encuestas: hay gente que dice que nunca votarían por el PRI sea el candidato que sea. El rechazo está creciendo y en los dos años que quedan de Gobierno de Enrique Peña Nieto va a seguir creciendo si no hay resultados. Lo que estamos esperando de manera importante es que se castigue a los corruptos”, detalló Acuña Murillo.
EN VERACRUZ, ACUERDO; EN CHIHUAHUA, TAMBIÉN
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Los analistas coincidieron en que todo parece indicar, que el Gobierno federal permitió la huida de Javier Duarte de Ochoa. El ex Gobernador pidió licencia el 12 de octubre y fue hasta varios días después cuando la PGR informó que había una orden de aprehensión en su contra.
El miércoles 19 de octubre por la mañana cuando Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, dijo que no se sabía nada sobre el paradero de Duarte.
“No sabemos nada de Duarte, tampoco hay información de que haya salido legalmente del país. Creemos que puede estar en México”, reconoció en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.
Arely Gómez González, entonces Procuradora General de la República, confirmó ese día por la tarde que el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), consideró que en el caso de Chihuahua podría ocurrir algo similar a lo que pasó en Veracruz.
“En Veracruz pareciera que hubo un acuerdo para que Javier Duarte pidiera licencia para poder irse, sin ser consignado; con César Duarte, no podemos saber si pasa lo mismo, pero por lo pronto no tenemos ningún caso integrado en la procuraduría”, recordó Loza Otero.
Para José Antonio Crespo ni el PRI ni el Gobierno federal combaten la corrupción en serio y el escándalo de Javier Duarte se dio por motivos electorales y no por una conciencia de combatir la impunidad entre los gobernadores priistas.
“Si no pasa nada quedará muy claro que es una simulación eso de perseguir la corrupción, en esa medida perderá credibilidad la palabra de [Enrique] Ochoa, presidente del PRI, y del PRI mismo que va en tercer lugar en las encuestas. Una simulación en la que participan todos los partidos: el PAN [Partido Acción Nacional] no hizo gran cosa con lo de [Guillermo] Padrés, le quitó los derechos partidistas, pero un año más tarde. El mensaje es que no quieren combatir la corrupción”, dijo.
SIN FISCALIZACIÓN: IMPUNIDAD ABSOLUTA
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Ivonne Acuña Murillo coincidió con Crespo y agregó que en los casos de los gobernadores acusados de corrupción, no existe una actuación previa por parte del Gobierno federal.
Los mandatarios hacen un manejo “criminal” del presupuesto sin ser monitoreados, ni fiscalizados.
“Realmente lo que pasó en Veracruz y lo que está pasando en Chihuahua y Quintana Roo es de un cinismo absoluto”, dijo Acuña Murillo.
Loza Otero precisó que por oficio todos los gobernadores deberían ser fiscalizados en sus cuentas públicas, a través de sistemas de contabilidad armonizados y auditables.
“No tenemos nada de eso. En la actualidad se ha avanzado un poco pero siguen definidos por los estados con criterios locales, para que no se pierdan auditar. A través de la armonización de cuentas públicas ayudaría a controlar a los gobernadores. En el caso particular de un ex Gobernador del que se presume uso ilegal de recursos debería actuarse de inmediato, con bastante profesionalismo, prontitud, precisión, inteligencia. Pero no, hay una gran impunidad y los gobernadores son beneficiados de ella”, concluyó Nicolás Loza.
