México, 12 oct (EFE).- El Gobierno de México expresó hoy su “pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en el combate a la tortura” y los “maltratos”, un día después de la divulgación de un informe muy crítico de Amnistía Internacional (AI).
La Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría mexicanas señalaron en un comunicado que darán cuenta de sus políticas en la materia el 31 de octubre y 1 de noviembre ante el comité de Naciones Unidas que supervisa la Convención contra la Tortura, a la que se sumó México en 1986.
Amnistía presentó ayer un amplio informe en Ciudad de México en el que advierte que la tortura es una práctica “sistemática y generalizada” que se ha incrementado “considerablemente” en los últimos seis años de Gobierno de Felipe Calderón.
El acento del documento está en “el despliegue de 50 mil efectivos del Ejército y la Marina mexicanos” que, según la ONG, “ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares”.
“AI no tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha documentado se haya dictado sentencia condenatoria por un delito de tortura”, advirtió.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) citados en el informe de AI muestran un incremento de más del 300 % entre las 392 denuncias recabadas en 2007 y las 1,669 de 2011.
En el comunicado conjunto divulgado hoy, el Gobierno de México asegura que “toma nota con interés” del contenido del informe, “el cual será debidamente analizado por las autoridades competentes”.
Sin embargo, destaca que el Gobierno “mantiene una política de cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales, de rendir cuentas y atender las recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados internacionales” y las resoluciones de los organismos jurisdiccionales internacionales.
Aunque el comunicado no comenta puntualmente la presunta responsabilidad de miembros del Ejército en las torturas, presenta como un logro “el reconocimiento de la jurisdicción civil para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos cuando los hechos involucren a personal militar”.
Recuerda que este tema “había sido motivo de recomendaciones por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos de diversa naturaleza, así como de organizaciones de la sociedad civil”.
Entre los retos en materia de tortura que México tiene por delante, el Gobierno resalta la “homologación del tipo penal” de ese delito “a nivel nacional”, es decir, en los 32 estados del país.
Como logros frente a los malos tratos y la tortura menciona la introducción de “reformas constitucionales al sistema de justicia penal”, a la ley de amparo, la introducción de protocolos de uso de la fuerza, y “la implementación del Protocolo de Estambul”, como se conoce a las reglas para documentar los casos de tortura, entre otros.
El Gobierno recuerda, además, que el comité sobre tortura de la ONU es competente “para recibir comunicaciones individuales” desde 2002 y que en 2005 el Estado mexicano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención, que permite visitas a los centros de detención por parte del subcomité para la Prevención de la Tortura.
También menciona que México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde 1987. EFE
