La CNDH considera que no puede soslayarse el escenario de violencia que priva en varias regiones del estado de Guerrero –principalmente en Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala—, que ha derivado en un importante número de homicidios, personas desaparecidas y desplazamiento forzado interno de familias de sus comunidades, a lo que se suman la corrupción y colusión de algunas autoridades con la delincuencia organizada.
El pasado 9 de mayo, el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos,aseguró que detrás de las cifras de muertos y desaparecidos en Chilapa, Guerrero, hay un drama, una tragedia alimentada por la complicidad de las autoridades.
Por Luis Daniel Nava
Chilapa, Guerrero/Ciudad de México, 12 de mayo (ElSur/SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que prepara un informe sobre la situación de violencia y desapariciones que prevalecen en el municipio de Chilapa, en la parte baja de La Montaña.
Llamó a las autoridades locales y federales a no ignorar el escenario de violencia e inseguridad que se vive en Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala.
Además denunció que en el estado abunda la corrupción y la colusión de algunas autoridades con la delincuencia organizada.
La tarde del viernes, la CNDH emitió un comunicado sobre la participación de Ismael Eslava Pérez, primer visitador general del organismo en el segundo día del Foro Nacional en Chilapa para la Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, ante la Ley 701 del Estado de Guerrero, el miércoles 9 de mayo.
El texto indica que la CNDH considera que no puede soslayarse el escenario de violencia que priva en varias regiones del estado de Guerrero –principalmente en Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala—, que ha derivado en un importante número de homicidios, personas desaparecidas y desplazamiento forzado interno de familias de sus comunidades, a lo que se suman la corrupción y colusión de algunas autoridades con la delincuencia organizada.
Este escenario, indica el organismo nacional, deriva en la impunidad y falta de acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia, así como la falta de investigación de los delitos denunciados, irregularidades en las investigaciones ministeriales y falta de personal ministerial y pericial.
“La CNDH llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar acciones urgentes e inmediatas para atender y resolver el problema estructural que implican violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, así como la pobreza y la pobreza extrema, además de que da a conocer que trabaja un informe sobre la situación que prevalece en Chilapa de Álvarez”, expone.
“Este organismo considera que la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la implementación de la Ley General en esta materia son temas de la agenda de derechos humanos que deben atenderse de manera prioritaria, y dar continuidad en las próximas administraciones federales y estatales para lo que se requiere voluntad política de las autoridades”.
“Que los responsables de esos casos sean llevados ante la justicia y abatir los índices de impunidad prevalecientes”, demanda.
El comunicado asienta que Ismael Eslava Pérez señaló que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es una valiosa herramienta pero que se deben de eliminar en la procuración de justicia como dilación en la investigación, omisiones en las diligencias y actuaciones periciales.
Además se deben atender las causas que propician el flagelo de la desaparición forzada o de particulares como la inseguridad, violencia, pobreza, desigualdad y corrupción que se viven en algunas zonas específicas del territorio nacional, como Guerrero.
“Eslava Pérez reafirmó el compromiso de la CNDH de coadyuvar en los casos de desaparición denunciados ante este organismo nacional y brindar acompañamiento a las personas que han sido afectadas por la situación de violencia e inseguridad que atraviesa esa comunidad del estado de Guerrero”, concluye.
LA ONU EXIGE ACCIONES
El pasado 9 de mayo, el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos, aseguró que la tasa nacional de homicidios se queda corta con la registrada en Chilapa y detrás de esas cifras hay una historia de dramatismo y ruptura que se refleja en las miradas de los familiares de la víctimas.
García Campos planteó que los asesinatos y desapariciones no son fatalidades naturales, sino conductas humanas que gozan de la complicidad de las autoridades pero que se pueden erradicar.
Recomendó a las autoridades aceptar el problema y sus circunstancias, revertir, suprimir y erradicar el modelo de seguridad policiaco y militar así como que el Estado mexicano, sobre todo los gobiernos locales, adopten marcos regulatorios internacionales en materia de derechos humanos.
Dijo que el Estado debe garantizar la justicia, la verdad y la reparación del daño para evitar que las familias enfrenten circunstancias catastróficas como las que padecen en Chilapa, Zitlala y sus alrededores.
Indicó que en México hay una crisis en materia de derechos humanos pero la que enfrentan las comunidades de Chilapa han transcendido a nivel internacional, pues son un epicentro del dramatismo aunado a la corrupción y la ausencia del Estado, que socavan los tratados internacionales de derechos humanos.
“Las desapariciones, ejecuciones y torturas son totalmente inadmisibles bajo los estándares internacionales de derechos humanos, y no pueden justificarse por ninguna circunstancia”, señaló.
