Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó que a casi dos años de la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en un enfrentamiento con policías federales, estatales y municipales, los familiares de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos no han tenido un acceso efectivo a la justicia.
"Después de dos años de los hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011, en Ayotzinapa, Guerrero, donde perecieron Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, así como el señor Gonzalo Miguel Rivas Cámara, trabajador de una gasolinera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, lamenta que, a la fecha, los familiares de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos no han tenido un acceso efectivo a la justicia", denunció el organismo nacional.
Sin embargo, reconoció haber recibido pruebas de cumplimiento por parte de las autoridades recomendadas, respecto a la Recomendación 1VG/2012.
"La entonces denominada Secretaría de Seguridad Pública Federal (hoy Comisión Nacional de Seguridad); el Gobierno del estado de Guerrero, así como a la mesa directiva de la LIX Legislatura del Congreso local, han remitido a esta Comisión Nacional diversas pruebas de cumplimiento, pero a la fecha las víctimas no han tenido acceso efectivo a la justicia", indicó en el documento.
El pasado 12 de diciembre de 2011 cuando estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron con la policía Federal, Estatal y Municipal luego de una protesta en la Autopista del Sol en la que pedían la reanudación de clases en su escuela; en dicho enfrentamiento murieron dos alumnos y el empleado de una gasolinera.
Por este hecho, el Gobernador destituyó al procurador del Estado, Alberto López Rosas; al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y al subsecretario de Seguridad, Ramón Arreola.
Organismos de derechos humanos también denunciaron la tortura de normalistas. “El estudiante Gerardo Torres Pérez, quien participó en la manifestación, fue detenido por efectivos de la Policía Investigadora Ministerial, junto con otros detenidos y de inmediato lo separaron, fue sometido a torturas severas y golpizas para obligarlo a declarar que llevaba un arma de fuego, un AK-47 o cuerno de chivo, y que durante la manifestación había disparado”, afirmaron.
Hasta un año después, y atendiendo la indicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Aguirre Rivero pidió disculpas a nombre del Gobierno del estado por los hechos.
