Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Gravar los refrescos con un peso por litro, como se propone en la iniciativa de Reforma Hacendaria del Presidente Enrique Peña Nieto, es insuficiente pues para que tenga un impacto real en la salud de los mexicanos y en la recaudación se requiere del doble de gravamen, coincidieron diversas organizaciones.
En un evento convocado por la Senadora Marcela Peimbert, del Partido Acción Nacional (PAN), asociaciones como El Poder del Consumidor, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Mídete, propusieron que el impuesto se eleve de uno a dos pesos por litro de bebida azucarada.
Anabel Velazco Burruel, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que el gravamen incluido en la iniciativa de Peña Nieto es un reconocimiento al problema de diabetes, obesidad y sobrepeso que se vive en el país; sin embargo es insuficiente para lograr un verdadero impacto entre la población.
“Este impuesto tiene la ventaja de presentarse como un gravamen específico, que desincentiva el consumo de bebidas en tamaño grandes y si bien este es un primer paso, consideramos que debe ser del doble de lo que se ha planteado, es decir, dos pesos por litro. Esto será crucial para lograr que se destinen recursos para promover agua potable en las escuelas y lugares públicos”, dijo.
La investigadora agregó que además la medida debe ir acompañada de regulación en el etiquetado de los refrescos y golosinas, así como en la promoción y acceso de alimentos saludables en las escuelas.
Valazco Burruel explicó que de acuerdo con diversas estimaciones que el Instituto Nacional de Salud realizó, usando distintas bases de datos y modelos matemáticos, si se grava al 10% cada litro de bebida azucarada, el consumo podría reducirse entre de 10 a 13% (considerando que cada mexicano bebe 163 litros de refresco al año, caería solo a un rango de entre 141 y 146 litros).
Pero si el impuesto es al 20%, es decir dos pesos por litro, el consumo disminuiría entre 20 y 26%, un rango de entre 121 y 130 litros anuales per cápita.
La investigadora detalló que con un impuesto de 20% se reduciría en 2% la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población mexicana en un periodo de 10 años, con ahorros de 13 mil millones de pesos en la finanzas públicas que se destinan para este problema de salud en el país.
“Con un peso por litro se prevendrían entre 400 mil y 600 mil casos de diabetes al 2030, pero si el impuesto es dos pesos, serían entre 800 mil a 1 millón 275 mil casos, con ahorros millonarios”, dijo.
Katia García, de El Poder del Consumidor, coincidió con Velazco Burruel y dijo que gravar el consumo de los refrescos, ha sido propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Organismo Especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, como una de las medidas para combatir el ambiente que propicia la obesidad.
“La inclusión de un impuesto para los mexicanos en las bebidas azucaradas es un paso que tiene que ser seguido de otras propuestas, porque el sistema de salud de nuestro país ya está colapsado debido a las altas prevalencias de obesidad y diabetes. Siete de cada diez adultos y uno de cada tres niña, niños y adolescentes la padecen”, subrayó.
Para García el fin de un gravamen especial para el consumo del refresco, es disminuirlo.
“Pero debía ser lo suficientemente elevado para impactar al consumidor que ya tiene un fuerte hábito al consumo del refresco. Un peso por litro en la bebida no disminuirá de manera suficiente su consumo. Es por esta razón la importancia de que a nivel legislativo podamos incrementar a dos pesos por litro, lo que representaría un aumento en el precio de 20%”, dijo.
Luis Encarnación, miembro de Fundación Mídete, agregó que es importante que los legisladores no cedan ante las presiones de la industria refresquera y que eleven el gravamen para lograr un verdadero impacto en la salud.
“Es una iniciativa ciudadana que puede ser respaldada por los legisladores del país. Es una medida perfectible, nosotros proponemos que deben ser dos pesos y no uno y esperamos que no se dejen presionar por la industria”, dijo Encarnación.
COMBATIR EL AMBIENTE OBESIGÉNICO
Después del impuesto al consumo de refrescos, el Gobierno Federal debe considerar gravar a las papitas, churritos, panecillos y golosinas consideradas como alimentos chatarra, dijo Anabel Velazco Burruel.
“Sería ideal que cualquier alimento que tenga cantidades elevadas de grasa, de azucares añadidos, que sean productos dañinos para la salud que tengan un impuesto para disminuir el consumo”, indicó.
Además los legisladores también deben debatir por una regulación especial para combatir el ambiente obesigénico en la escuelas del país, pues aunque hay lineamientos para las tienditas escolares dictados por la Secretaría de Educación Pública (SEC) y la Secretaria de Salud, en la mayoría no se cumplen.
“En las escuelas no se cumple la regulación como debe ser. Esperamos que se saque un programa de prevención de obesidad con la Secretaría de Salud, que fortalezcan y que puedan llevarse a cabo, ahorita no hay castigo, no hay sanciones para las escuelas que no siguen estos lineamientos, no hay nadie que las vigile ni control”, indicó.
Hace una semanas Alma Meneses, del área de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDM), dijo que la Reforma Educativa que se aprobó recientemente no combate la venta de comida chatarra dentro de las escuelas, ni promueve la creación de mayor infraestructura como bebederos en todas los planteles para disminuir los índices de obesidad.
“No hay una estrategia adecuada ni en las reformas educativas, ni en la Cruzada contra el Hambre para atender el problema de la obesidad infantil, al contrario, lo que se está haciendo es limitarse a la autorregulación que ponen las empresas pero, ¿quién va a ser juez y parte? Ellas se autorregulan de tal forma que no afecte a sus intereses”, dijo.
La especialista indicó que dentro de las escuelas está el “enemigo” para los niños. Papitas, dulces, panecillos, donas y refrescos son el alimento que se vence en las tiendas escolares en la hora del receso.
Pero la situación es aún más alarmante. La reciente Encuesta Nacional sobre Obesidad de la Alianza por la Salud Alimentaria reveló que 85% de la población mexicana está de acuerdo con que se instalen bebederos en las escuelas, pues 48% aseguró que sus hijos no tienen acceso a estas instalaciones y a agua de garrafón.
“Esto es muy grave y las escuelas están así, en las ciudades y en las zonas rurales, donde los niños no tienen más acceso para saciar su sed, que beber refrescos”, dijo Meneses.
La encuesta también indica que 81% de los entrevistados están de acuerdo con prohibir la venta de comida chatarra en los planteles.
“El 77% de los entrevistados dijeron que en las escuelas donde estudian sus hijos les venden este tipo de alimentos, mientras que 38% señaló que hay publicidad de papas fritas y golosinas dentro de las instalaciones y 46% indicó que se publicitan los refrescos”, detalló.
Meneses dijo que la encuesta refleja que el Gobierno de México incumple con los derechos a la salud de la infancia, establecidos en tratados internacionales como en la Constitución Mexicana y la Ley General de Salud.
En mayo de este año Enrique Jacoby, asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que si México quiere disminuir sus niveles de obesidad en la población infantil, el gobierno debe prohibir definitivamente la venta de comida “chatarra” en las escuelas y sus alrededores.
Aunque en el país se publicó desde 2010 la Ley Antiobesidad que en el discurso tiene como objetivo evitar que se ofrezcan dulces, panecillos, papitas y otras golosinas en las cooperativas escolares, lo cierto es que no prohíbe el consumo de estos alimentos al interior de los planteles, sólo restringe su venta y publicidad.
Las cooperativas escolares son reguladas a través de los “Lineamientos Generales para Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas en las Escuelas” emitido por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, que dosifica la cantidad de producto por envase o paquete.
Es decir, las empresas productoras de papitas o refrescos, sólo deben ofertar presentaciones más pequeñas de sus productos para cumplir con los límites permitidos por porción en los lineamientos y no rebasar el tope como en el caso de las botanas, galletas, postres y pasteles que es de 130 calorías por paquete o porción y no más de 35% de grasas totales.
“Esto no sirve de mucho, porque los niños pueden comprar una, dos, tres porciones, porque así como el producto se hace más pequeño el precio también baja. La única solución para combatir el problema de obesidad es a través de retirar la comida chatarra de las escuelas y en sus alrededores. Hay países donde no puede haber tiendas que ofrezcan estas golosinas en un radio de 20 kilómetros a la redonda”, dijo el especialista.
De acuerdo con las últimas cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en México 29% de las niñas y 28.1% de los niños de 5 a 17 años presenta sobrepeso. El país ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil a nivel mundial.
“En los últimos 20 años, el crecimiento de la obesidad en los niños se ha incrementado y paso de un 5% a casi 30%. Estas cifras causan terror, lo que está sucediendo es muy grave”, indicó.
En México, un niño tiene acceso a comprar golosinas a las afueras de la escuela sin ninguna restricción. La disponibilidad de estos productos contradice lo que puede regularse en el papel en materia de nutrición infantil.
Existen ejemplos exitosos de regulaciones que funcionan como Japón y Francia, agregó Jacoby. En estos países, narró, las escuelas prohíben la comida “chatarra” y los niños incluso reciben clases de cocina.
“Ellos aprenden a preparar alimentos sanos. La modernidad no significa dejar de cocinar, al contrario, hay que saber cómo comer. Si la gente deja de preparar sus alimentos deja en una tercera persona la decisión de manipular si quiere para que se haga un vicio comer ciertos productos”, anotó.
Jacoby explicó que la combinación de grasas, azúcares y sal que contienen los alimentos “chatarra” son altamente adictivos. Además de la prohibición de estos productos en las escuelas, el gobierno mexicano debería avanzar en la regulación de las etiquetas.
“En un país donde no hay un estándar en el etiquetado, cada empresa hace sus tablas nutrimentales como quiere, con los valores que le da la gana, confundiendo a la población, con el tamaño de letra que elige”, dijo.
El asesor de la OPS indicó que existen estados como Nueva York, Washington y Seattle, en Estados Unidos, donde los menús de los restaurantes contienen información sobre los ingredientes que contienen los platillos.
“El producto comercial tiene éxito basado en tres cosas: el precio, la disponibilidad y el marketing. En estas tres áreas hay que actuar. Las máquinas expendedoras de refrescos, papitas y panes no deben estar en las escuelas, estadios ni en los hospitales”, subrayó.
EMPRESAS PRESIONAN
El especialista de la OPS dijo que en países como México estas regulaciones severas en contra de los alimentos “chatarra” no proceden debido a la presión de las grandes empresas productoras.
“La comida chatarra debe pagar más impuestos porque es la que afecta más a la salud. Además debe ser más cara. Pero eso es muy difícil debido a los grandes intereses que tienen las compañías”, dijo.
En 2010, en vísperas de que el Senado de la República discutiera la minuta de Ley Antiobesidad enviada por la Cámara de Diputados; la Cámara Nacional de la Industria de las Conservas Alimenticias (Canainca) se opuso a la iniciativa.
Esta asociación está conformada por compañías como Nestlé, Mccormick de México, Unilever, Herdez, Coca-Cola Export, Sabormex y rechazó tajantemente la iniciativa debido a dañaría la imagen de estos productos.
Armando Cobos Pérez, presidente Ejecutivo del organismo, declaró en ese año que 80% de los alimentos que se venden en las escuelas se preparan en los planteles y que sólo 20% eran empaquetados.
Mientras que varias organizaciones en distintos estados del país indicaron que la medida impactaría a las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), las cuales no contarían con los recursos suficientes para invertir en ajustar sus líneas de producción a los nuevos requerimientos para las cantidades y porciones de los productos.
