El pasado jueves 26 de abril, pese a la oposición de activistas, con 211 votos a favor, 85 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada el 25 de febrero de 2003 y reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Algunas asociaciones civiles se han pronunciado para celebrar la nueva Ley, ya que algunas de las demandas fueron atendidas por los legisladores. No obstante, otras acusan que la legislación favorece la biopiratería.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- La nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable finalmente fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados y las opiniones de organizaciones civiles en materia ambiental no se hicieron esperar: algunas aplauden los avances y otras más critican los retrocesos. En lo que sí coinciden es en que debe trabajarse a fin de que el reglamento impacte de manera positiva en el estado de los bosques y de las comunidades.

El pasado jueves 26 de abril, pese a la oposición de activistas, con 211 votos a favor, 85 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada el 25 de febrero de 2003 y reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Algunas asociaciones civiles se pronunciaron para celebrar la nueva Ley, ya que algunas de las demandas fueron atendidas por los legisladores. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) contabilizó 156 modificaciones, respecto a la iniciativa original que presentó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Entre los temas que la OSC aplaudió se encuentra la disminución de los costos económicos y de transacción en materia regulatoria de las actividades de aprovechamiento forestal. Estos criterios permitirán a las comunidades que aprovechan bosques y selvas atender problemas como incendios y plagas con mayor celeridad.

Sin embargo, la Ley integrada por 157 artículos divididos en ocho títulos prescindió de realizar una consulta entre los actores que se verán directamente beneficiados y/o perjudicados por su contenido: Las comunidades indígenas y equiparables.

“Es urgente para el Congreso de la Unión que el proceso legislativo contemple el derecho de las poblaciones indígenas y equiparables a ser consultadas antes de la aprobación de normas que les afectan. Establecieron que, al no cumplir el Congreso con este derecho, se genera una imposición de un marco legal sobre los pueblos, independientemente de si la norma en cuestión es positiva o no”, señaló el CCMSS a través de un comunicado.

Sergio Madrid, director del CCMSS, indicó que “el siguiente paso es trabajar en los vacíos y los temas que la ley no aborda y consolidar un buen reglamento para que la Ley impacte positivamente, y a la brevedad posible, el estado de los bosques y de las comunidades forestales”.

Mientras tanto, Ernesto Herrera Guerra, director de la organización civil Reforestamos, afirmó que la Ley supone “un paso adelante para el impulso del manejo forestal sustentable en México y para el fortalecimiento de las comunidades que habitan los bosques y selvas del país”. No obstante, reconoció que “como cualquier instrumento normativo, es perfectible”. También señaló la necesidad de trabajar para lograr que el reglamento de la nueva Ley “esté a la altura de lo logrado en el Congreso”, por lo que adelantó que la ONG está dispuesta a colaborar en su desarrollo.

LA LEY FAVORECE LA BIOPIRATERÍA 

En entrevista para SinEmbargo, Gustavo Sánchez​ Valle, presidente del consejo directivo de la la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), insistió en que los pueblos y comunidades rurales se verán afectadas con la biopiratería, definida como el aprovechamiento y uso de recursos biológicos, genéticos y forestales por parte de terceros, para fines comerciales, de investigación y biotecnología, sin tener el consentimiento previo de los pueblos indígenas, quienes son los guardianes de la biodiversidad.

“La biopiratería perjudica de manera directa a pueblos indígenas, quienes a través de ejidos y comunidades son quienes tienen derecho sobre los recursos naturales”, dijo.

Para dar sustento a sus palabras, el activista hizo una comparación entre lo establecido en la Ley vigente y la que está recién aprobada y requiere únicamente del aval del Presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF):

La Ley de 2003 señala en el Artículo 102 que si los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas sobre los recursos biológicos forestales pretenden ser aprovechados, será necesario reconocer la propiedad de ese conocimiento y presentar un convenio entre el solicitante de la autorización y la comunidad titular del conocimiento, “en el que se acredite que se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado de ésta”. No obstante, señala el mismo artículo, el permiso podría ser cancelado si se encuentra que los requisitos no fueron cumplidos.

La Ley aprobada recientemente, por el contrario, abre candados y favorece la impunidad, según Sánchez Valle, pues el Artículo 87 de la nueva Ley omite justamente el tema de la revocación del permiso.

El defensor ambientalista señaló que en el país ya han ocurrido casos en los que empresas, algunas extranjeras, se adjudican el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas. Para muestra, no basta un botón:

–Una nota informativa publicada en el periódico La Jornada en mayo de 2008, da cuenta del caso de biopiratería conocido más antiguo el país: El del árbol de chicozapote, de donde se saca el chicle. La Planta fue extraída de México por una empresa trasnacional de Estados Unidos, la cual cuenta con la patente desde el año 1869.

–En 1994, Larry Proctor, dueño de la empresa POD-NERS, con sede en Colorado, Estados Unidos, adquirió un costal de semillas de frijol en el estado de Sonora. Después, tras cultivar en su país, el hombre buscó la patente y la conservó durante dos décadas. Finalmente, después de un largo camino de apelaciones, la patente del nombrado frijol enola, le fue retirada.

–Hace casi dos décadas, en 1999, un grupo de once organizaciones indígenas se pronunció para intentar detener las actividades de un programa de bioprospección en el estado de Chiapas, mismo que contó con un financiamiento de más de 2 millones de dólares por parte del Gobierno de Estados Unidos. Tras una serie de protestas de organizaciones indígenas, el plan de la Universidad de Georgia que tenía prevista una duración de 5 años para recolectar y estudiar miles de plantas y microorganismos usados en la medicina tradicional de las comunidades mayas, finalmente fue declarado inviable.

“La nueva Ley deja más laxa la regulación en materia de recursos biológicos y genéticos. Es un gran riesgo el que se está abriendo. Los interesados que pueden ser extranjeras se pueden llevar el material a otros países. Se abre un abanico bastante amplio de intereses comerciales e industriales que se puedan tener sobre estos recursos […] Le están quitando los dientes a la legislación para que haya impunidad. Vuelven tortuoso el camino de los indígenas para reclamar sus derechos y le ponen el camino más llano a quienes tienen intereses. Están alentando la biopiratería”, advirtió el activista.