Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentra dispersa por distintos estados del país.
Carlos Beristain, especialista del grupo, dijo que las autoridades cuentan con 13 causas penales, en seis juzgados distintos.
“Las causas están en Matamoros, Jalisco, Iguala y los detenidos están en otros estados. Nosotros vemos esto con preocupación y pedimos homologar la investigación, acortar las distancias y facilitar el acceso a la justicia”, indicó.
El grupo precisó que la dispersión de la investigación le resta eficacia y dificulta el adecuado acercamiento al proceso de los implicados.
“La legislación mexicana permite que eso suceda, pero también permite la acumulación de los hechos, para que un mismo juez lleve el caso”, agregó la experta Claudia Paz.
Beristain afirmó que continúa la recomendación a las autoridades para clasificar el caso de los normalistas como desaparición forzada y no como secuestro.
Los expertos resaltaron que además se deben investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
“En el caso de los detenidos, del penal de Nayarit, nos han dicho que fueron víctimas de tortura. Hubo un grupo numeroso de los 16 que entrevistamos que nos dijeron esto. Vamos a seguir con las visitas”, explicó Carlos Beristain.
Los expertos dijeron que las violaciones al debido proceso pueden impactar negativamente a la investigación. Por ello solicitaron nuevas pesquisas y una investigación financiera a un mayor número de detenidos. Sin embargo, no precisaron a quiénes.
“La investigación debe llegar a todos los que se necesiten investigar”, indicó Claudia Paz.
Los expertos informaron que fue negada la entrevista que solicitaron hace mes y medio con integrantes del 27 Batallón del Ejército. El argumento, explicó Beristain, es que la reunión con las fuerzas castrenses no se puede gestionar a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Nosotros les aclaramos que solicitamos esa entrevista, no a través de la PGR. La solicitud es directa”, detalló.
El grupo adelantó que en su última semana de actividades, a finales de este mes, se reunirán con María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Los expertos enfatizaron la necesidad de la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada e informaron que el proceso de búsqueda de los estudiantes continúa.
Añadieron que entre los últimos avances se destaca que se abrió un canal de comunicación entre los familiares de los normalistas y las autoridades. Reconocieron que la relación entre las familias y la PGR era nula.
“Del lado de las autoridades nos solicitaron algún contacto con los familiares y de parte de las familias. Este es el avance principal, que ya hay un acuerdo de que la búsqueda sigue”, finalizó Beristain.
11 de mayo de 2015
Tercera visita del GIEI a México:
primeros hallazgos y recomendaciones específicas
En su tercer informe a la opinión pública, los integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron sus primeras conclusiones sobre el trabajo que están llevando a cabo para el caso Ayotzinapa, a petición de los familiares de las víctimas y del Estado mexicano.
A partir de numerosos testimonios y cruces de información, el GIEI dio a conocer que en la noche del 26 de septiembre los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del DIF y que el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades sabían desde el inicio que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de autobuses.
Entre las actividades que el GIEI dio a conocer están: la realización de un taller con los familiares de los normalistas; la gestión de un acuerdo entre los familiares y la Policía Federal para reactivar la búsqueda e incorporar a los padres en la misma; la elaboración de propuestas para el CEAV y la Segob en la atención a familiares y víctimas y de criterios para el protocolo de actuación de la PGR en casos de desaparición.
En lo que se refiere al avance de las peticiones planteadas en las visitas anteriores, el Grupo dio a conocer que: está pendiente la realización de numerosas diligencias solicitadas a las autoridades en las visitas anteriores; continúan las gestiones para hacer entrevistas directas con miembros del batallón 27 y que los acuerdos de atención médica a las víctimas están por cumplirse con celeridad.
El Grupo expresó su preocupación por la fragmentación de la investigación en 13 causas distintas en 6 juzgados, y recomendó unificar la investigación, a fin de mantener la conexidad de los delitos, lograr una visión integral del caso, facilitar el encuentro entre los consignados, sus familiares y representantes, permitir el acceso a la justicia de las víctimas y evitar la pérdida de evidencia. También solicitó investigar otros delitos cometidos, como tortura, tentativa de homicidio y obstrucción de la justicia, entre otros.
En conferencia de prensa, Carlos Beristain y Claudia Paz, dieron lectura al siguiente informe:
1. Búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos
1.1. Nuevos pasos en los procesos de búsqueda. A petición de las autoridades y de los familiares, el GIEI gestionó y facilitó un encuentro entre un numeroso grupo de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal de México. Dicho encuentro se realizó el 5 de mayo de 2015 y durante el mismo se acordó continuar el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos; asegurar la adecuada formación, medios y garantías legales para llevar a cabo la búsqueda y asegurar la participación, información y seguimiento de las búsquedas con los familiares. Ambas partes llegaron a un acuerdo formal en el que el Grupo ejerció de testigo. El GIEI espera se respeten los acuerdos y se reinicie cuanto antes el proceso. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo y se facilitará la información de sus resultados al GIEI, al que ambas partes agradecieron sus buenos oficios.
2. Investigación
2.1. Nuevas diligencias. Como parte de su mandato de coadyuvar en la investigación, el GIEI ha propuesto a la PGR realizar nuevas diligencias para completar la información del expediente. Si bien ya ha recibido algunos de los resultados de las diligencias solicitadas en sus visitas anteriores, el Grupo enfatiza la necesidad de completarlas debido a que numerosas propuestas se encuentran pendientes.
2.2. Entrevistas con agentes del Estado. El GIEI continúa gestionando con las autoridades las entrevistas con personal militar del batallón 27. Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR. Posteriormente se nos informó que esto no era posible a través de la PGR y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GIEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito judicial. A un mes y medio de la solicitud, el GIEI reitera la importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para completar la investigación, por lo que espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad con el mandato del GIEI.
También, el Grupo solicitó a las autoridades que entrevisten a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial que, según diferentes testimonios, estuvo presente en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de septiembre.
2.3. Evitar la fragmentación de la investigación. Después de un examen de la investigación, el GIEI señala con preocupación que existe una dispersión tanto de los procesos como de la consignación de presuntos responsables vinculados con el caso. Hay más de 13 causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco), en tanto que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades (Tepic, Jalisco, Altiplano). Sugerimos que se unifique la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales; para acortar las distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso. Hay que evitar también el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos. Se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El GIEI considera esta medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi.
2.4. Tipo de delitos a investigar. El GIEI ya señaló que los delitos a investigar configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro, pero subraya que también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos: 1) tortura (por ejemplo, en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 2) tentativas de homicidio, 3) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 4) uso no adecuado de la fuerza, 5) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados.
2.5. Escenarios de los hechos del 26-27 de septiembre de 2014. El trabajo del GIEI se ha centrado en analizar el desarrollo de los hechos en los más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la información obtenida por el propio Grupo. Dicho análisis ha permitido generar un mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques contra los normalistas, los miembros de Los Avispones y otras personas, los seis autobuses y otros vehículos, así como las detenciones llevadas a cabo y las circunstancias de las mismas.
También estudió las primeras actuaciones en contra de los normalistas. Sin que esto suponga una valoración de la eventual responsabilidad penal en los hechos del Sr. Abarca o la Sra. Pineda o sus intenciones, del análisis de la información realizado por el GIEI se desprende que los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del DIF el día 26 y el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades tenían desde el inicio el conocimiento de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de buses para sus actividades.
3. Atención a las víctimas
3.1. Trabajo con los familiares. Del 3 al 5 de mayo de 2015, el GIEI realizó un taller con un grupo de 60 familiares de los normalistas desaparecidos, heridos y asesinados en el caso Ayotzinapa. Durante el mismo se tomaron testimonios individuales sobre la experiencia de las familias y la figura de los propios normalistas. Este espacio de escucha y documentación fue muy importante y el GIEI agradece a los familiares su disponibilidad para ello. También se analizaron los desafíos que el paso del tiempo, la falta de respuestas, las presiones y los intentos de manipulación de terceros (ya denunciados anteriormente) suponen para los familiares en su esfuerzo por encontrar respuestas en la búsqueda de sus hijos. Este trabajo ha fortalecido la relación del GIEI con los familiares y la confianza para llevar a cabo su cometido de investigar y conocer la verdad de lo sucedido. Así mismo, el Grupo continúa recogiendo testimonios de los normalistas sobrevivientes e informándoles sobre sus actividades.
3.2. Atención general a las víctimas. El GIEI elaboró un pliego de sugerencias para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la atención a personas heridas, familiares de personas asesinadas y de los 43 desaparecidos. Entre las sugerencias se incluye:
1) Tener un mapeo completo de las víctimas del caso, que no se ha realizado a 7 meses de los hechos. 2) Dar pasos progresivamente para acercarse a las víctimas y familiares para generar confianza. 3) Hacer una propuesta de atención a las víctimas e informarles de sus derechos de forma personaliza
La CEAV acogió de forma positiva estas sugerencias y ha informado al GIEI de sus gestiones para llevarlas a cabo. El Grupo también ha hecho gestiones con la Segob para que se lleven a cabo de forma pronta y adecuada las recomendaciones y acuerdos sobre atención a los familiares de los normalistas, mediante una unidad móvil de salud con suficiente dotación y atendiendo a las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarias, así como la derivación de casos a otros niveles de atención en hospitales de la zona, y de acuerdo con las víctimas del caso.
3.3. Atención en salud a los casos graves. Sobre la atención en salud a Aldo Gutiérrez y sus familiares, el acuerdo hecho por los familiares y la Segob en presencia del GIEI en cuanto a tener una rápida segunda opinión, está pendiente de cumplimiento. Por otra parte, se ha establecido el mecanismo para dar atención al resto de los familiares, con una primera valoración médica que permita identificar los impactos y necesidades de salud específicas. Las autoridades reafirmaron que se mantendrá la atención a Edgar Vargas y familiares hasta su restablecimiento completo. En el caso de los familiares de Julio César Mondragón, la autoridad se comprometió a brindar atención y a identificar y atender las necesidades de la familia. El GIEI considera que estos son los primeros pasos para establecer en el futuro un programa de atención que responda a las necesidades y aspiraciones de las víctimas. La autoridades han pedido al GIEI que facilite, en la medida de sus posibilidades, los contactos y orientaciones para que estas acciones sean posibles y le han informado que elaborarán un documento para que las víctimas tengan claridad sobre sus derechos y las posibilidades prácticas de hacerlos efectivos.
3.4. Victimización secundaria contra los familiares. Sobre algunas formas de victimización secundaria por parte de terceros que han sufrido los familiares de los jóvenes y que el Grupo informó a las autoridades hace unas semanas para su investigación y prevención, la Segob ha señalado que ya se ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. El GIEI ha pedido a las autoridades que antes de llevar a cabo acciones directas, informe a los familiares y se evite ponerlos en riesgo. Esperamos que estos pasos ayuden a evitar y sancionar las conductas de manipulación hacia los familiares
4. Problemática general de la desaparición de personas en México
4.1. Protocolo de investigación y búsqueda. Como parte del proceso de consulta que hizo la PGR, el GIEI le hizo llegar sus comentarios sobre el proyecto de “Protocolo Homologado para la investigación del delito de desaparición forzada”. Las observaciones hechas buscan contribuir a obtener un instrumento más preciso y se refieren al marco jurídico, los objetivos, las políticas homologadas de operación, la descripción del procedimiento, los formatos y la coordinación interinstitucional. Entre ellas destacan:
El Protocolo debe ser explícito en determinar que no se establezcan ningún tipo de obstáculo ni restricción legal o formal para la búsqueda e investigación, debiendo primar el acceso a todo tipo de información o lugar que se amerite, de forma inmediata para realizar inspecciones con las garantías legales necesarias. La búsqueda de los desaparecidos debe ser una prioridad y no secundaria a la investigación de los responsables. El Protocolo debe tener una formulación de objetivos clara y explícita y estar orientado a dar respuesta rápida, coordinada y eficaz en los casos nuevos y en los ya existentes, aplicando criterios de actuación diligente, coordinación entre autoridades e incluyendo un análisis del contexto y modus operandi de los perpetradores para determinar la estrategia de búsqueda, investigación y reparación en estos casos. El mecanismo de coordinación interinstitucional debe ser al más alto nivel y con capacidad de decisión para que las actuaciones se lleven a cabo de forma pronta y adecuada, proporcionando información a los familiares de las diferentes actuaciones llevadas a cabo.
4.2. Reforma constitucional y ley de desaparición forzada. El GIEI ha recibido con satisfacción la aprobación de la reforma constitucional por parte del Congreso, pues permitirá en un futuro próximo la aprobación de una ley sobre desaparición. El Grupo estará atento para que dicha ley responda a los estándares internacionales y mejores prácticas frente a ese delito.
Estas son las medidas que el GIEI ha seguido tomando para el desarrollo de su mandato, y que considera centrales para promover cambios que ayuden a México a prevenir, investigar y sancionar la grave problemática de la desaparición de personas.
Agradecemos el interés de los medios y de la sociedad por nuestro trabajo, y esperamos presentarles nuevos avances a partir del mes de junio.
