El pasado 9 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad. Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.
Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– Maquinaria pesada, resguardada por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, derribó este día el Campamento de Paz y de Digna Resistencia en el pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla instalado para frenar la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca concesionada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa, uno de los hombres de negocios más favorecidos por los gobiernos federal y del Estado de México.
La asociación Servicios para la Paz (Serapaz) denunció que pese a que “el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México ordenó la suspensión definitiva de proyecto de construcción en febrero pasado, el día de hoy, la policía estatal derribó el ‘Campamento de Paz y de la Digna Resistencia’, hicieron lo mismo con la casa del Dr. Armando García”, uno de los voceros del movimiento, y en contra de otras casas más.
La organización civil dijo que aproximadamente 40 hectáreas del territorio de ese poblado sería destruido con ese proyecto y también el de otras doce comunidades más, como San Lorenzo Huitizilapan y Santa Cruz Ayotuzco.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero informó que fueron alrededor de 600 policías los que a las 10:00 am ingresaron al poblado, “subieron por la calle Buenavista, Cuauhtémoc y la iglesia en dos camiones y ocho camionetas Pick Up”.
A las 11: 30, señala la organización, encapsularon el campamento destruido, donde, detalló, se encontraban varios miembros del Consejo Supremo Indígena Otomí, dos de ellos, Antonio Reyes y Lucas Hernández, pertenecientes al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras.
El Centro Zeferino denunció que Hernández fue agredido verbalmente y fue amenazado de muerte por un elemento de la Coordinación Estatal de Seguridad (CES), de quien se desconoce su identidad.
En redes sociales circula un video en el que María Isabel Hernández García, quien se identifica como miembro del Consejo Supremo de la localidad, señala que ella se encontraba al interior de la casa del Armando García, acompañada de su bisnieta, cuando ingresó una mujer policía, que la jaloneó, tiró al suelo y la golpeó por negarse a salir del lugar.
“Estamos en un país que no se respetan las leyes mexicanas. No se vale, toda esta la lucha ha sido pacifica, 10 años llevamos en esta lucha. No se vale, no tenemos armas, así nos pisotean los tres gobiernos llámese Peña Nieto, llámese federal, estatal y municipal”, señala la mujer que carga a una menor.
El Frente Juvenil señaló que los trabajadores de la empresa Autovan ya se retiraron, aunque la presencia de granaderos aún se mantiene.
Esta tarde de lunes, #AlertaXochicuautla se encuentra entre los temas más comentados en Twitter que hablan sobre lo que ocurre en el poblado del Estado de México, en el que Grupo Higa pretende construir una carretera tras el decreto firmado en julio de 2015 por el Presidente Enrique Peña Nieto.
En dicho decreto Peña Nieto expropia casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla para la construcción de la autopista privada, pese a la oposición de la comunidad. Los pobladores consideran que la obra violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó la obra. La construcción fue concesionada en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, buscando su cancelación definitiva.
Armando García Salazar, director delegado de la comunidad indígena otomí en San Francisco Xochicuatla, solicitó en un video publicado en redes sociales el apoyo de las personas. “Estoy aquí para pedirles el apoyo y la solidaridad para que vean cómo trabaja este gobierno. Están derribando mi patrimonio, mi casa, mi hogar, sin una notificación previa como debe ser en su caso […] Estamos viendo como están aquí derribando el patrimonio de muchos años y pues ni modo esto es una de las injusticias de nuestro gobierno, de nuestro mal gobierno diría yo”.
Sin embargo, Peña Nieto emitió el decreto argumentando la “utilidad pública” de la obra, debido a que la autopista conectará la Ciudad de México con Toluca, la capital mexiquense.
De acuerdo con el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde el 26 de septiembre de 2014 el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México había solicitado a la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano, y ésta se otorgó al considerarse que la construcción de la autopista “resulta un factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México”.
El caso llegó al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que a principios de junio negó un amparo a la comunidad al no reconocerle su estatuto de pueblo originario. En respuesta, el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla interpusp ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional.
GRUPO HIGA OCULTA DATOS
Por un amparo promovido por Autopistas de Vanguardia, filial de Grupo Higa, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no hará públicos los documentos del crédito (las llamadas letras chiquitas) que otorgó en 2012 a la empresa constructora por 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.
La jueza federal Laura Gutiérrez de Velasco suspendió por tiempo indefinido la publicación de la información y busca que se declare ilegal la resolución que el pasado 7 de septiembre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) emitió y que obligaba a Banobras a desclasificar dicha información en máximo 10 días hábiles.
Dichos documentos le fueron negados a un solicitante bajo el argumento de que la información estaba clasificada como reservada por “secreto bancario”, y de que no existían los datos relacionados con el banco que otorgó el crédito.
Posterior a que se hiciera pública la decisión del Inai, el Comisionado Joel Salas explicó en entrevista con SinEmbargo, que tras el recurso de revisión del solicitante, la resolución fue encaminada bajo la noción de que al tratarse de recursos públicos, el argumento de secreto bancario no fue válido, e incluso descartó la aprobación de un periodo de prórroga en caso de que la entidad lo solicitara, ya que la única información que puede y debe reservar es la del nombre de la persona que formó parte del Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras.
LEY ERUVIEL
A mediados del mes pasado, el Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas que avala el uso de la Fuerza Pública durante manifestaciones públicas.
La también llamada “Ley Eruviel”, fue avala por la mayoría de los legisladores mexiquenses, y con el voto en contra de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien argumentó que esta legislación avala el uso excesivo de la fuerza en el Estado de México, y que incluso, ésta es mucho más grave que la “Ley Bala”, que fue aprobada en Puebla y revocada luego de la muerte de un menor durante un desalojo violento en el municipio de Chalchihuapan en 2014.
El artículo 8 de la legislación aprobada ayer por el Congreso del Estado de México, faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.
Esta legislación busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.
La “Ley Eruviel” permite también el uso de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol, equipo autoprotector, como cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.
