México, 11 Abr. (Notimex).- La Red por los Derechos de la Infancia en México exhortó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados a debatir para “reestructurar” la iniciativa para expedir una Ley General para la Protección de los Derechos de la Niñez la que, a su decir, no cumple con ese objetivo.
En rueda de prensa Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la organización, planteó que si se aprueba ese proyecto en los términos actuales -al que calificó con 2.6 en una escala de 10 puntos- resultarán afectados más de 29 millones de niños y adolescentes.
Sostuvo que esa iniciativa tiene vacíos significativos y no alcanza la calidad mínima necesaria para garantizar los derechos del referido sector, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.
De igual forma, dijo, representa retrocesos frente a leyes estatales e incluso está por debajo de la ley federal.
En la opinión de Pérez García sería muy grave que el Poder Legislativo aprobara algo que “está desde origen viciado y reprobado”.
Argumentó que la calificación de 2.6 puntos que otorga es en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y el Artículo 1 constitucional que establece que México está obligado a asumir no sólo las garantías individuales sino todos los derechos humanos.
Indicó que en ese artículo se establece que todos los tratados internacionales en derechos humanos que México ha firmado tienen carácter de ley, lo que no se cumple en la iniciativa.
El directivo de la Red comentó que se ha hecho un llamado a la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Yolanda de la Torre, a que se abra el debate sobre el tema.
Insistió en ese sentido que los trabajos relacionados con ese proyecto se han hecho sin la participación de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales, como la Unicef.
Otro gran vacío, agregó, tiene relación con la prohibición del trabajo infantil, que se establece a partir de los 14 años.
No obstante, no se establecen mecanismos de ayuda para las familias, no se define el órgano responsable para dar seguimiento a esa intención y tampoco se orientan políticas públicas para evitar que los niños trabajen, remarcó.
También informó que la Red empezó a buscar desde la semana pasada a los candidatos a la Presidencia de la República para que expongan su posición sobre el tema.
Subrayó que es importante que los aspirantes a la primera magistratura del país “no lo consideren un tema ajeno porque si los partidos votan por esa ley los ciudadanos cobraran el costo político en las urnas”.
