El fulgor de la noche es el resultado de un salto sin concesiones a una realidad que retrata, de manera ejemplar, la forma como viven, sienten, piensan, disfrutan o sufren las mujeres en el trabajo sexual, así como la forma en que los ciudadanos estigmatizan este oficio en lo social, político y moral. Un argumento contundente por la despenalización y regulación del trabajo sexual.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La llamada prostitución o comercio sexual es el trabajo más antiguo del mundo y definitivamente uno de los temas más controvertidos y estigmatizados que existen, sin importar desde qué campo se discuta: jurídico, moral, económico, político, e incluso desde la perspectiva de género. Un problema social que ha sido debatido de forma incorrecta ya que regularmente se confunde con términos como trata ilegal de personas y explotación sexual.
Para Marta Lamas, experta en el tema con más de dos décadas de estudio histórico, legal y de campo y una de las feministas más destacadas de México, el cambio debe comenzar por no llamarse prostitución sino comercio sexual, ya que tiene una connotación denigrante y extremadamente sexista al hacer referencia que sólo se prostituye la mujer y no el cliente. Por otro lado, la actual posición que tiene el movimiento neo-abolicionista y las consecuencias de su discurso, lejos de ayudar, confunden a la ciudadanía al mezclar términos como comercio sexual y trata.
El fulgor de la noche es el resultado de un estudio de campo que realizó la propia autora para plantear que el comercio sexual debe considerarse como una actividad laboral que merece seguridad, derechos y reconocimiento para quienes la ejercen. En este libro Marta Lamas plantea claramente un panorama alejado de la descalificación o victimización sobre la distinción entre el trabajo voluntario y la trata ilegal de personas.
A través de una investigación antropológica de casi diez meses, donde acompañó a diversas trabajadoras sexuales durante cuatro o cinco noches a la semana en algunos puntos tradicionales de la Ciudad de México, la autora exploró las facetas más complejas del comercio sexual en la vía pública: desde la negociación con los clientes y la organización de las trabajadoras, hasta la extorsión por parte de las corporaciones policíacas y la estigmatización real y simbólica por los discursos hegemónicos de la sociedad.
Pero también hace una revisión exhaustiva de la historia reciente, tanto en México como en el mundo, sobre las diversas acciones que han hecho grupos de mujeres para lograr, entre otras cosas, el reconocimiento de sus derechos laborales, así como los debates sobre la legalización o no de esta actividad.
Por autorización de Editorial Océano transcribimos un capítulo de El fulgor de la noche.
ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En torno a la sexualidad se organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Por eso, las relaciones sexuales nunca son simplemente el encuentro de dos cuerpos, sino que también son una representación de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de una sociedad (Illouz, 2014).
En México, una creencia general que circula ampliamente es la de que los hombres necesitan sexo, y que las mujeres lo otorgan, sea que lo regalen amorosamente, lo intercambien por favores o lo vendan. Sí, la relación sexual suele ser concebida como un servicio que requieren los hombres y que las mujeres dan, algunas gratuitamente en el ámbito privado (a cambio de manutención y seguridad), mientras que en el ámbito público las prostitutas lo intercambian por dinero.
Además existe una amplia gama de arreglos intermedios, como el intercambio de favores sexuales por promociones laborales, compensaciones salariales u otro tipo de beneficios. También existen prácticas y arreglos sexuales entre varones, pero como ya dije, de ellos no hablaré, puesto que he enfocado mi trabajo de acompañamiento político e investigación antropológica en las mujeres. En México, la llamada prostitución se ha ido transformando a lo largo de los siglos, entretejiéndose con aspectos económicos (como el mercado laboral y el desempleo), restricciones de orden ideológico (como la distinción entre los trabajos femeninos y los masculinos) o el contrato matrimonial (con transformaciones causadas por cambios demográficos, económicos o culturales).
Actualmente, el término prostitución se refiere a un fenómeno muy extendido que engloba diversos tipos de actividades (jerarquizadas económica y socialmente) clandestinas, públicas y semi-oficiales, que van desde el taloneo hasta la refinada atención de alto nivel, que es moneda de cambio entre políticos y hombres de negocios. Los investigadores hablan del crecimiento y la expansión del comercio sexual, lo que expresa no sólo un fenómeno económico sino también una transformación cultural (Weitzer, 2012; Kempadoo, 2012).
Este notorio aumento surge de la liberalización de las costumbres sexuales y de la apertura neoliberal de los mercados que han permitido la expansión de la industria sexual como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios: shows de sexo en vivo, masajes eróticos, table dance y strippers, servicios de acompañamiento (escorts), sexo telefónico y turismo sexual (Altman, 2001).
Aunque las drogas y el vih han impactado dramáticamente a la industria mundial del sexo, ésta se ha convertido en empleadora de millones de personas que atraen a una gran cantidad de clientes. Los empresarios de esta industria tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales de varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales. Y al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales, como la trata de personas. A pesar de las diferencias que hay entre el tipo de trabajo sexual que realizan las mujeres, es generalizada la apreciación social de que se prostituyen, mientras que quienes compran sus servicios no son estigmatizados. Esta diferencia sustantiva es lo que llamo la marca del género, que condensa las concepciones sociales en torno a lo que significa ser hombre o mujer en México.
¿Por qué en nuestra cultura se valora de manera diferenciada la actividad sexual, gratuita o comercial en los varones y en las mujeres?, ¿por qué el ideal cultural de virtud femenina se basa en la represión de la sexualidad?, ¿por qué la castidad y el recato se han constituido como características femeninas esenciales? Responder a estas interrogantes implica desentrañar la génesis de lo que hoy se conoce como doble moral sexual.
Cuando inicié el trabajo de acompañamiento político a trabajadoras sexuales callejeras poco sabía yo de la prostitución en México; sólo había leído los textos de Salvador Novo (1979), Carlos Monsiváis (1981) y Sergio González Rodríguez (1989) y había visto las inefables películas mexicanas con escenas de cabaret o de burdel. Busqué estudios sobre la prostitución en nuestro país, que no voy a glosar ni analizar aquí, pues lo que pretendo va en otra dirección: desarrollar un argumento político. Sin embargo, consignaré brevemente algunos datos históricos básicos para enmarcar el fenómeno de la prostitución femenina como un proceso de larga duración que se desarrolla hasta nuestros días, en el cual confluyen usos y costumbres, tanto de los antiguos mexicanos como de los españoles. Para ese propósito, más que hacer una arqueología con precisas referencias cronológicas, haré un breve recorrido histórico con la intención de comprender la prostitución como un habitus (Bourdieu, 1991) de nuestra cultura.
En México, la forma de pensar la sexualidad ha estado determinada por la construcción social del género (que divide al mundo en lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres), que es una de las características culturales del contexto histórico. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, en nuestro país la prostitución era un hecho común y corriente. Al parecer, en la época prehispánica existieron varias formas de prostitución: la hospitalaria (la sociedad azteca conoció la fórmula de recibimiento a los extranjeros), la religiosa o ritual (que alegraba el reposo del guerrero o las últimas horas de las víctimas destinadas al sacrificio) y la civil. Enrique Dávalos López (2002) revisó los textos que un grupo de frailes historiadores elaboró acerca de las prácticas sexuales del México antiguo. Al analizarlos y cotejarlos con otras fuentes, surgieron elementos que lo llevaron a sugerir que “la cultura sexual de los indios mexicanos presentaba rasgos notablemente diferentes a los esbozados en el discurso de los frailes historiadores” (2002: 6).
Para los religiosos, por sus concepciones, creencias y valores sobre la sexualidad era “inconcebible tratar el deseo, el placer y las prácticas sexuales sin condenarlas a la vez” (2002: 81), lo cual condicionó su trabajo. De ahí la reserva con la que manejaron ciertos temas o el silencio que guardaron sobre determinados aspectos. Respecto a la prostitución religiosa, en México las alegres constituían no sólo “una especie de premio para los guerreros destacados” (2002: 23), sino que además eran protagonistas de ceremonias. Tal parece que “ciertas sacerdotisas o monjas de los templos/escuelas cumplían funciones sexuales/religiosas” (2002: 23).
Según este historiador, varios elementos sugieren que probablemente sacerdotisas y alegres no estaban diferenciadas, como ocurría en España. Dávalos insiste en que Sahagún, siguiendo el esquema ideológico hispano, dividió a prostitutas y sacerdotisas, distinción que los frailes remarcaron a partir del modelo europeo de las rameras y las monjas. Aunque los frailes trataron de separar a las sacerdotisas de las alegres, la oposición entre puta y decente “no correspondía a las instituciones religiosas y educativas del México prehispánico” (2002: 25). Tanto Dávalos como Moreno de los Arcos comparten una certeza: los textos indígenas permiten atisbar formas de intercambio sexual distintas, más libres, no estigmatizadas. En esa época había varios nombres para designar a las mujeres, siendo el más común ahuianime (del verbo ahuia, que significa alegrar), por lo cual Moreno de los Arcos (1966), siguiendo a Miguel León-Portilla (1964), las designa como alegradoras. Alfredo López Austin (1998) discrepa de tal traducción y, a su vez, señala que se trata simplemente de las alegres. Las prostitutas andan alegres por la calle y se enorgullecen de lucirse y embellecerse. Dávalos encuentra que las alegres contaban con un singular reconocimiento social y religioso e igual que Moreno de los Arcos, se interroga sobre el término que alude a la puta honesta.
Lo incomprensible para los cronistas españoles que intentaban registrar una cultura tan distinta era la existencia de una puta sin estigma. También los sorprendió que los indios no las tuvieran segregadas en barrios, calles o casas especiales y que se confundieran con las buenas mujeres. Todos los estudiosos afirman algo significativo: no había espacios especiales para la prostitución, ni casas específicas para su trabajo, cada mujer vivía donde le apetecía. Sahagún es quien trata con más extensión el asunto, describiendo con todo detalle a las prostitutas y sus actividades: “es andadora o andariega, callejera y placera, ándase paseando, buscando vicios, anda riéndose, nunca para y es de corazón desasosegada” (Sahagún, 1956: 129-130). Como no coincidían con sus valores culturales, las relaciones sexuales indígenas (distintas, abiertas, sin estigmas) les resultaron incomprensibles a los frailes, que resolvieron la contradicción censurándolas (consciente e inconscientemente) y eliminando las referencias a ellas, aunque algunas se les escaparon.
Con la llegada de los españoles, ante el arribo de una población principalmente masculina que había dejado a esposa o amante en España, se desarrolló muy pronto el modelo de comercio sexual hispano. La prostitución que se extendió en México y se practicó durante todo el periodo virreinal es parecida a la que se ejerció en los reinos hispánicos al final de la Edad Media: bajo el control de proxenetas o alcahuetas, con un limitado margen de acción de las mujeres (Atondo Rodríguez, 1992).
Carmen Nava (1990) consigna la autorización expresa de la corona española para la construcción de un burdel en 1524 y el permiso para una casa de mancebía en 1538. A través de las casas públicas oficiales, la corona española ejerció control sobre los burdeles. La práctica de una prostitución con rasgos domésticos, arraigada frecuentemente en el medio familiar, generó tolerancia y convivencia, pero las mujeres que se dedicaban a esta actividad dejaron de ser bien vistas, a diferencia de las alegres entre los antiguos mexicanos, y comenzaron a ser consideradas mujeres de la mala vida. Las mujeres públicas en los siglos XVI y XVII novohispanos contaban con la protección de proxenetas y alcahuetes, incluso podían ser su madre o su marido, quienes hacían las transacciones con los clientes, y su relación se extendía a lo largo de toda su vida.
Esa variante doméstica del comercio sexual se transformó en el siglo XVIII ubicándose en las calles y las tabernas; así despuntaron formas distintas de establecer relaciones sexuales/mercantiles y apareció una nueva visión sobre el comercio sexual paralela a la entrada, en 1711, del término prostitución al lenguaje castellano que describe ese tipo de actividad que “se extiende a la calle, a las vinaterías y pulquerías, y que cobra una dimensión normal y permanente en la vida urbana” (Atondo Rodríguez, 1992). Durante el siglo XIX, siguiendo el modelo jurídico francés de control sanitario, con sus discursos moralista e higienista, México reglamentó la prostitución (Núñez, 1996).
En 1851 ya había un proyecto de decreto y reglamento sobre la prostitución que, durante el breve imperio de Maximiliano, se convirtió en un reglamento sobre control sanitario de las mujeres públicas. A partir de 1865, las prostitutas se inscribieron en un registro que incluía su nombre y fotografía, su lugar de origen, edad, domicilio, categoría (primera, segunda o tercera) su forma de trabajo (en prostíbulo o independiente), las enfermedades que padecían y sus cambios de estado civil. Esta disposición legal se complementó con el establecimiento de prostíbulos al cuidado de una matrona y con la encomienda de que el Hospital de San Juan de Dios las atendiera en exclusividad (Núñez, 1996). Este sistema reglamentarista abrió la puerta a coerciones, abusos y corruptelas por parte de las autoridades sanitarias y de la policía, por lo que en 1898 se emitió un nuevo reglamento para mejorar al original. Núñez señala que a partir de ese momento la prostitución se empezó a ver como un problema social; es decir, dejó de percibirse como una actividad entre personas libres de relacionarse sexualmente, bajo reglas mínimas, como había sido en los siglos anteriores. Núñez describe una época en que las angustias en torno a la prostitución son marcadas por “abundantes reportes policiacos, ensayos higienistas, novelas, tesis médicas”; pero también detecta “el deseo de imponer una nueva moral social, con el fin de higienizar, regular y pulir las costumbres” (Núñez, 1996: 3). Resulta plausible pensar que los acontecimientos del proceso revolucionario favorecieron el comercio sexual.
Muchas mujeres quedaron desamparadas, viudas, huérfanas o como madres solteras, por lo que tuvieron que encontrar los medios para sostenerse económicamente y mantener a sus hijos o familiares mayores. Es probable que muchas trabajaran como prostitutas, la tabla de salvación tradicional. Otras simplemente se fueron a la bola y convivieron con sus hombres. Esta mayor actividad sexual trajo consigo un incremento de las enfermedades venéreas, por lo que se intentó un mayor control sanitario (Bliss, 1996). La obsesión higienista prosiguió hasta el siglo XX y en 1914 se estableció un nuevo Reglamento para el ejercicio de la prostitución en el D.F. El higienismo influyó en las políticas públicas y en el discurso político posrevolucionario.
En 1933 se estableció el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, que ante el preocupante estado de la salud pública incluía un capítulo referente a la prostitución (sobre enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis). Además, el gobierno de Lázaro Cárdenas decidió suscribir el convenio abolicionista impulsado por la Federación Abolicionista Internacional, que entró en vigor en 1940 (Bliss, 1996). Ese abolicionismo, distinto al de hoy, significó cancelar la intervención del Estado en el otorgamiento de permisos o inspección de las trabajadoras sexuales. Así, con la retirada del Estado del negocio, oficialmente se terminó el libro de registro de las trabajadoras y el control sanitario.
Durante siglos, las trabajadoras sexuales fueron figuras típicas en nuestra ciudad. Ernesto P. Uruchurtu, el regente de hierro que gobernó durante 14 años (1952-1966), trató de desmantelar la zona roja del D.F., que incluía desde Cuauhtemotzin (que luego se llamó Fray Servando Teresa de Mier) hasta La Merced, incluyendo las calles 2 de Abril, Vizcaínas, San Juan de Letrán y Santa María la Redonda (actualmente Eje Central Lázaro Cárdenas). También clausuró las casas de citas, incluso las famosas: la de La Bandida, en la calle de Durango y la de La Malinche, en la calle de Xola (Monsiváis, 1998).
En el sexenio de Echeverría las trabajadoras sexuales volvieron a las calles del D.F., y fue hasta mitad de la década de 1980 cuando éstas se organizaron para enfrentar las redadas policiacas. Su lucha logró el establecimiento de puntos tolerados, con el nombramiento de representantes autorizadas por Carlos Hank González, jefe del Departamento del Distrito Federal en el sexenio de López Portillo. Esto correspondió al primer reordenamiento del trabajo sexual en la vía pública en el D.F.
En 1977, a partir de la creación del Fideicomiso del Centro Histórico, la política urbana del gobierno del D.F. en asociación con los corporativos empresariales hizo de la gentrificación su eje de intervención e inició un proceso de limpieza urbana que afectaría a las trabajadoras callejeras. En 1988, la Asamblea de Representantes del D.F. modificó el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica para el Distrito Federal e incluyó la queja vecinal como elemento probatorio para detener a hombres y mujeres que ofrecieran servicios sexuales en la vía pública. Justo al año siguiente, en 1989, entré en contacto con Claudia Colimoro y descubrí el mundo del trabajo sexual callejero. En ese entonces, había estado leyendo sobre la movilización y los procesos de organización de las prostitutas en otras partes del mundo, vinculados al nuevo feminismo de la década de 1970 (Jaget, 1977; Delacoste y Alexander, 1987; Bell, 1987, y Pheterson, 1989).
Ese feminismo no sólo generó las condiciones para discutir el estatuto simbólico de la prostitución, sino que provocó que muchas de las trabajadoras sexuales que participaron en dichos procesos se asumieran como feministas. Margo St. James, la norteamericana considerada como precursora del movimiento internacional, dijo que para iniciar una organización para la defensa de los derechos de las prostitutas sólo se requería una hooker10 politizada, una feminista, un periodista y un abogado. St. James narró que su proceso de politización se dio entre 1970 y 1973, en California, con su participación en un grupo de autoconciencia del naciente movimiento de la liberación de la mujer. Cuando St. James cuestionó a las feministas de la National Organization for Women (now) sobre qué hacían a favor de las prostitutas, recibió como respuesta: “Tienen que ser las propias víctimas las que hablen. Ésa es la única manera de que las escuchen” (St. James, 1989: XVII). Aunque St. James sólo había trabajado cuatro años como prostituta, decidió asumirse como esa víctima, capaz de hablar en público.
En 1972, junto con varias amas de casa, entre las que había lesbianas y hookers, fundó who (Whores, Housewives and Others) en Sausalito, California. En 1973 buscó a los abogados, periodistas y policías que había conocido diez años antes, en San Francisco, y trató que algunas hookers se sumaran a su recién creada organización: coyote (Call Off Your Old Tired Ethics).
Para iniciar su trabajo consiguió un donativo de cinco mil dólares de una iglesia, rentó una oficina barata que se convirtió en el punto focal de las trabajadoras sexuales y reunió información sobre la situación de las prostitutas, lo cual le resultó relativamente fácil porque la conocían en el ambiente.
Un amigo, médico de la cárcel, le dio información sobre qué pasaba con las prostitutas detenidas: las mantenían en una especie de cuarentena forzada, hasta tener los resultados de los exámenes de las enfermedades venéreas. En 1974, St. James organizó una campaña para liberar a las mujeres de esa detención ilegal y ganó. coyote trabajó mucho, creció y se reprodujo en otras ciudades, aunque con otros nombres: cat, passion, kitty, ocelot, puma, dolphin, cupids, pony y pep (Pheterson, 1989: 5).
Luego de su éxito en Estados Unidos, St. James se dio cuenta de que tenía que influir en el ámbito internacional. En 1975 asistió a una reunión de trabajo de la IFA (Federación Abolicionista Internacional, por sus siglas en inglés), una organización que originalmente solicitaba a los gobiernos que se retiraran del control del comercio sexual, pero que se transformó y cambió su objetivo hacia la erradicación de la prostitución. Ahí entró en contacto con Grisélidis Réal, una prostituta suiza, activista del movimiento de prostitutas en París. Ninguna de las dos había sido invitada formalmente a esta reunión, auspiciada por la UNESCO, pero ambas habían solicitado intervenir, y una abogada feminista con legitimidad en la IFA consiguió que fueran escuchadas. Durante esa visita a París, St. James y otra compañera de coyote se entrevistaron con Simone de Beauvoir para discutir la fundación de una organización internacional para defender los derechos de las prostitutas, iniciativa que cristalizaría años más tarde (Pheterson, 1989). En 1974, en Francia, varios escándalos en torno a movimientos de prostitutas reivindicaban el derecho a defenderse de las tropelías de la policía y solicitaban protección ante los crímenes que habían estado ocurriendo (Jaget, 1977). Las prostitutas de Montparnasse y de Lyon se manifestaron en contra de la violencia de la policía y de la inseguridad, expresada en horribles asesinatos. Las prostitutas de Lyon redactaron un texto en el que denunciaron las agresiones sufridas, señalaron las dificultades que enfrentaban para desarrollar su trabajo y cuestionaron al Estado sobre su responsabilidad para garantizarles seguridad. El movimiento feminista las apoyó y con dicho respaldo decidieron participar en una emisión televisiva, iniciativa que no logró el impacto que ellas anhelaban: al contrario, desató una ola moralista de parte de las autoridades. En junio de 1975, las mujeres de Lyon decidieron ocupar la iglesia de Saint-Bonaventure para dar a conocer sus demandas y así evitar las redadas policiacas. El día elegido, a las 9 de la mañana, cuando los periodistas y la policía rodeaban Saint-Bonaventure, más de un centenar de prostitutas invadieron la iglesia de Saint-Nizier. El párroco las apoyó y declaró que la represión no podía ser la solución al conflicto. Afuera, en la fachada, colgaron un letrero: “Nuestros hijos no quieren que sus madres vayan a la cárcel” (Jaget, 1977: 20). El objetivo mediático era aparecer en las primeras planas de los periódicos.
Las mujeres de Lyon se dirigieron por escrito a la población y al presidente de Francia (en ese entonces Giscard D’Estaing), haciendo un dramático llamado: “Son madres las que os hablan. Mujeres que por sí solas tratan de educar a sus hijos lo mejor posible, y que hoy tienen miedo de perderlos. Sí, somos prostitutas, pero si nos prostituimos no es porque seamos unas viciosas: es el único medio que hemos encontrado para hacer frente a los problemas de la vida” (Jaget, 1977: 20). La carta termina así: Ni ellas ni nosotras iremos a la cárcel. La policía tendrá que masacrarnos para arrastrarnos hasta allí. Les opondremos una resistencia pasiva. Somos las víctimas de una política injusta. No pedimos que se defienda la prostitución, sino que comprendan que no tienen derecho a hacernos lo que nos hacen actualmente. Nunca nadie ha podido cambiar de vida recibiendo golpes de porra. Uníos a nosotras contra la injusticia que nos agobia. después podremos discutir para saber si la sociedad necesita la prostitución (Jaget, 1977: 20-21).
El llamado creó una red de apoyo impresionante. Todo tipo de personas les llevó comida, periódicos, ropa limpia. Mujeres no prostitutas, feministas y amas de casa, manifestaron su apoyo. Grupos de música y teatro llegaron para entretenerlas. La rebelión se propagó a otras regiones: en Marsella, Grenoble y Montpellier también ocuparon iglesias; en Toulouse hubo una huelga; en Saint-Étienne y Cannes hubo movilizaciones. En París, las chicas invadieron la capilla de Saint-Bernard, en Montparnasse; sin embargo, la policía, a puñetazos y patadas, arrastrándolas de los cabellos, las desalojó. El escándalo se volvió mayúsculo y se abrió una discusión pública respecto a la violencia policiaca. Con gran cobertura mediática, el movimiento cobró dimensión nacional. La prensa internacional consignó: “Las prostitutas de Francia ocupan las iglesias” (Jaget, 1977: 25). Grisélidis Réal participó con las francesas en su lucha. Y, al regresar a su país, además de dar varias conferencias sobre lo ocurrido, reunió información y creó, en Ginebra, un Centro Internacional de Documentación sobre Prostitución. Meses después, Grisélidis coincidió con Margo St. James en la reunión convocada por la unesco (Pheterson, 1989: 6). De 1975 a 1985 diversas organizaciones de prostitutas surgieron en Europa, casi siempre vinculadas a las feministas.
En 1975, en Inglaterra, se formó el English Collective of Prostitutes; en 1980, en Berlín, Alemania, se integró Hydra, y pronto surgieron otros grupos. En 1982, en Italia, se fundó el Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute; mientras que en Estados Unidos la organización feminista National Organization for Women formó un comité sobre derechos de las prostitutas. En ese mismo año, en Suiza surgió Aspasie, que aglutina prostitutas, feministas, abogadas y trabajadoras sociales; en 1983 se formó Anais, una organización exclusivamente de prostitutas. También en 1983, en Toronto, Canadá, se creó corp (Canadian Organization for the Rights of Prostitutes); en Austria se fundó la Sociedad Austriaca de Prostitutas, un órgano con personalidad jurídica, partícipe en la discusión de las políticas respecto a la prostitución con las autoridades; en Suecia se creó el grupo o. En 1984, en Holanda se fundó De Rode Draad, un grupo exclusivamente para prostitutas (en oposición a De Roze Draad, que era para todas las mujeres).
Si bien hubo un consistente crecimiento del movimiento, no todos los intentos acabaron bien. Algunos esfuerzos fueron aplastados ferozmente, como en Tailandia; otros incluso cobraron víctimas, como en Irlanda, donde una prostituta que trató de organizar a sus compañeras fue asesinada (Levine y Madden, 1988). Para mediados de la década de 1980, los grupos, ya conectados entre sí, realizaron foros y encuentros. En 1984, en Estados Unidos, se llevó a cabo el Women’s Forum on Prostitutes Rights. En 1985, en Ámsterdam, se realizó el Primer Congreso Mundial de Prostitutas y ahí mismo se fundó el International Committee on Prostitutes’ Rights (icpr).
El segundo congreso se llevó a cabo en Bruselas, en octubre de 1986. En ese momento, en América Latina también despuntaron varias organizaciones de trabajadoras sexuales. El caso más temprano del que encontré referencia es la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas que surgió en 1982, en la provincia de El Oro, en Ecuador, el cual logró su estatus oficial en 1987 (Abad et al., 1998). En 1985, en Uruguay se creó la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (amepu), que obtuvo reconocimiento jurídico en 1988. En 1987, en Brasil, Gabriela Leite organizó el Primeiro Encontro Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y en 1992 fundó Davida, una organización a favor de los derechos civiles y la salud de las prostitutas.
A lo largo de los noventa surgieron más grupos organizados: en 1994 se conformó la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (ammar); en 1997, en República Dominicana, surgió el Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu); y en Chile, la Fundación Margen. Finalmente, en San José, Costa Rica, se estableció la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), en la que actualmente participan organizaciones de trabajadoras sexuales de 15 países.
En México, en 1997, en Querétaro, se conformó la Organización Mujer Libertad. Y en 1998 las mujeres de 18 estados formaron la Red Mexicana de Trabajo Sexual, a partir de la cual se creó la Red Interestatal de Trabajo Sexual que une a los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí. Mientras que en otros países el impacto del movimiento feminista fue lo que impulsó la organización política de las trabajadoras sexuales, en México un elemento fundamental fue la epidemia del sida. Carlos Monsiváis (1995) señaló que para las trabajadoras sexuales ganarse el sustento no sólo implicaba el estigma, sino que el vih realmente afectó sus vidas y modificó sus opciones: “fue como dar un paso en el abismo”. La campaña de prevención del sida generó una conciencia distinta y, poco a poco, a partir de los trágicos contagios, se fueron transformando sustantivamente ciertas condiciones del ejercicio del trabajo sexual, como el uso del condón.
Hay que recordar que el primer caso de sida en México se diagnosticó en 1983, y dos años después se notificó el primer caso femenino (Uribe y Panebianco, 1997). En febrero de 1986 se creó el Comité para la Prevención y el Control del Sida, que luego se transformó en el Consejo Nacional de Prevención y Control del Sida (Conasida). En noviembre de 1987 salió al aire la primera campaña en medios masivos de comunicación (Rico et al., 1995). En ese tiempo la información sobre la epidemia era muy escasa y, por lo común, equivocada. Además, muchísimas trabajadoras sexuales pensaban que el sida era un mito del gobierno para cerrar sus fuentes de trabajo. En 1987, Enrique Jackson, que en ese momento era el titular de la Delegación Cuauhtémoc, mandó un citatorio a todos los denominados giros negros (bares, casas de citas, estéticas, baños públicos) para presentarse en la Dirección de Policía y Tránsito, en las instalaciones de Fray Servando. En un auditorio repleto, cientos de asistentes llenaron un cuestionario con los datos del negocio al que representaban, la dirección, su nombre y el puesto que tenían. Jackson explicó que tenían perfectamente ubicados a los giros negros, pero que no los clausurarían: el objetivo era que escucharan una plática sobre el sida en la que participaron el entonces director de Conasida, Jaime Sepúlveda Amor; la coordinadora de comunicación, Gloria Ornelas; y María Antonieta, una mujer joven que adquirió sida trabajando en la prostitución. La plática fue impactante para todos los asistentes. Algunos encargados de los giros negros, que consideraban que la información sobre el sida era un recurso del gobierno para obtener fondos, tenían permitido (por los dueños de los establecimientos) dar un donativo económico, pero se llevaron una sorpresa cuando las autoridades no lo aceptaron. En esa reunión solamente había representantes de giros negros, no había trabajadoras de la vía pública, pero a partir de entonces, las trabajadoras sexuales tuvieron la inquietud sobre la epidemia, y empezó la zozobra por saber si estaban infectadas.
Desde la prohibición de Uruchurtu a las casas de citas y burdeles, y con la amenaza del lenocinio, el comercio sexual callejero daba servicio en hoteles. Con la campaña de prevención contra el sida los hoteles se convirtieron en lugares que propiciaron el uso del condón. El gobierno decidió que cada una de las habitaciones de los hoteles debía tener un mínimo de dos condones. En los bares, en las estéticas y en los baños públicos los condones tenían que estar a la vista y debían ser gratuitos. En el cuestionario, los representantes de los establecimientos debían especificar la cantidad de condones que solicitarían mensualmente. En la actualidad, debido a la campaña neoabolicionista, la presencia de condones en cabarets, antros y hoteles se ha convertido en un indicio de trata. El impacto de ver a María Antonieta, la chica infectada, eliminó la creencia de que el sida era una mentira del gobierno y, finalmente, la conciencia del peligro se instaló. Conasida estableció un espacio en el Centro de Salud de la colonia Portales (en la misma calle donde vivía Monsiváis: San Simón) para que toda la población se realizara análisis rutinariamente. En otros espacios se daban pláticas sobre el sida, para que todas las trabajadoras se sensibilizaran; además, en la Quinta Alicia se les otorgaba la credencial de Promotora de sexo seguro a aquellas cuyos análisis fueron favorables y aceptaban promover el uso del condón. Precisamente en este Centro de Salud, la doctora Patricia Uribe conoció a Claudia Colimoro y la invitó al I Encuentro Nacional de Sida y Participación Social, que se llevó a cabo en 1989, en el Hotel Presidente de la Ciudad de México. Ahí fue donde la vi por primera vez. A instancias de Conasida, se formó “Humanos del mundo contra el sida”, una asociación civil que recibía fondos de la Fundación Hivos. Su presidenta era la doctora Gloria Ornelas; su vicepresidenta, María Antonieta Espinoza (una de las grandes madrotas del comercio sexual en departamentos); su tesorera, la doctora Patricia Uribe y su secretario, Fernando Jaimes (de reputación dudosa, pues laboraba como checador de tiempos y apuntaplacas de la señora Soledad Ramírez, una madrota de Sullivan). Poco a poco, Jaimito se fue convirtiendo en una figura clave de la estrategia gubernamental. Aunque “Humanos del mundo contra el sida” se conformó con la pretensión de defender la salud de las trabajadoras sexuales, pues incorporó a varios grupos de la vía pública, los intereses contrapuestos de las madrotas de la calle versus las trabajadoras de departamentos y estéticas generaron confrontación política.
Los funcionarios de Conasida habían detectado en Claudia Colimoro a una líder potencial, y por ello la invitaron a formar parte de la asociación civil. Claudia era un bicho raro, pues además de sus dotes naturales (era muy atractiva y no venía del ambiente de la calle), trabajaba en departamentos y estéticas, y tenía un estilo distinto. Y, aunque el proyecto de hacer algo por las demás trabajadoras sexuales resonó con su antigua aspiración de hacer política, su proceso fue difícil. En una junta, Ornelas les dijo a las madrotas que Colimoro sería su representante pues, por su facilidad de palabra y su atractivo personal, era la mujer idónea. Ornelas le pidió a Claudia que leyera la ponencia que tanto éxito tuvo en el Encuentro Nacional de Sida y Participación Social, pero a esas mujeres no les hizo gracia; incluso se manifestó un rechazo evidente de una madrota de Sullivan llamada Margarita, quien había intervenido en el llamado Simposio de Ixtapa con una breve ponencia que no tuvo el mismo éxito. Era evidente la distancia entre Claudia y ellas, pero yo no entendía por qué le hacían la guerra.
Ésa fue la época en la que nos conocimos Claudia y yo, y la acompañé a varias juntas con las madrotas de Sullivan. Claudia pronto discrepó por el trato que otros integrantes de “Humanos del mundo” daban a las trabajadoras, por el manejo abusivo del dinero (sin que Conasida lo supiera, Jaimes cobraba por el servicio de las tarjetas de control, que debía ser gratuito) y por la resistencia de esa asociación a cuestionar los malos tratos de las autoridades delegacionales y judiciales. La influencia de sus ideas se manifestó entre algunas chicas del ambiente, y éstas confrontaron a las representantes, por lo que el conflicto estalló dentro de “Humanos del mundo”, ocasionando su salida. En esa época yo no hacía preguntas y tuve que ir reconstruyendo una historia de la que nadie quería hablar: un liderazgo impuesto por las autoridades, del que Claudia se fue alejando más y más, mientras trataba de construir otro más comprometido con las trabajadoras. En menos de seis meses, Claudia había transitado de tomar conciencia sobre el peligro real de la enfermedad a la necesidad de conformar una organización. Entonces decidió unirse con Gerardo Ortega, la Mema, líder de un grupo de vestidas (trans y travestis), quien ya había trabajado con Conasida el tema de la prostitución masculina. Coincidimos con él en varias reuniones y se estableció entre nosotros una relación amistosa. Además, Ana Luisa Liguori, que investigaba la prostitución masculina, se había hecho su amiga, por lo que también lo vi varias veces con ella.
Al ver la ruptura con Fernando Jaimes y las madrotas de Sullivan, la Mema le propuso a Claudia fundar Cuilotzin, una asociación civil que pretendía luchar por todos los trabajadores del sexo: mujeres y hombres. Poco después, los inevitables conflictos de rivalidad y competencia en el mercado entre las chicas y las vestidas llevaron a Claudia a separarse. Entonces decidió trabajar exclusivamente con mujeres, bajo el nombre de Musa (Mujeres Unidas por la Salud), que registró en 1993 como asociación civil sin fines de lucro. Pero su despunte como líder se dio independientemente de las asociaciones civiles, y su intento de organización autónoma tuvo rápidamente una respuesta política. En agosto de 1990, la Asamblea de Representantes del D.F.20 convocó a unas jornadas de análisis sobre la prostitución como problema social en la ciudad. Asistieron centenares de prostitutas, obligadas por las personas que las controlan. Durante las jornadas hubo un intento por deslegitimar a Claudia como líder, por su postura independiente. La asociación civil “Humanos del mundo” presionó a las trabajadoras para que dijeran que, para ellas, Claudia no era su representante. La maniobra se desinfló por la pronta y sencilla respuesta de Claudia: “Yo no soy la líder de todas las compañeras, sino sólo de las que quieran estar conmigo; si hay otras líderes, bienvenidas”. A pesar de ese incidente, durante las jornadas se respiró un ambiente nuevo: se empezó a hablar de la prostitución como de una forma de ganarse la vida; no como un pecado, un vicio o un destino. Muchas trabajadoras escucharon por primera vez discusiones sobre la historia de la prostitución en México, sobre si debería reglamentarse, sobre cómo denunciar los abusos de las autoridades; oyeron también las intervenciones de médicos, psicólogos, funcionarios y políticos con diferentes posturas, unos defendiéndolas, otros atacando su modus vivendi, pero reivindicándolas como personas con derechos.
Tal vez esto fue lo novedoso: que además del interés por controlar la epidemia del sida en el ambiente de la prostitución, se puso en evidencia una incipiente preocupación por los derechos de estas trabajadoras. En estas jornadas se garantizó el anonimato de las prostitutas: las trabajadoras entraban a una cabina con un micrófono y quedaban ocultas a la vista del público. Todas las intervenciones, excepto la de Claudia, lamentaron el abuso de las autoridades. Temerosas de las represalias de quienes las representaban, ninguna aprovechó para quejarse de ellas, de la extorsión económica y el control al que estaban sujetas. Sólo la intervención de Claudia, por su índole de líder independiente y por su excepcional proceso de reflexión, reivindicó el derecho al trabajo y a la organización, y denunció las pautas moralistas con las que la sociedad las juzga. A partir de ese momento, Claudia se dedicó a construir una organización nacional de trabajadoras sexuales; viajó por diferentes estados dando asesorías y organizando pequeños grupos de trabajadoras, en pos de constituir una red nacional. Asistió también a reuniones internacionales y fue la representante para América Latina de la Asociación Internacional de Trabajadoras del Sexo. Aunque los frutos de su trabajo fueron escasos (el peso del estigma y la magnitud de los intereses económicos involucrados fueron obstáculos mayores), Claudia se convirtió en un referente para muchas trabajadoras. Esto le ganó también varios enemigos, tanto entre las autoridades como en el ambiente.
Durante los primeros cinco o seis años fue la única exprostituta que daba la cara en eventos políticos y culturales, así como en programas de televisión, donde planteó las contradicciones que genera la tolerancia de la prostitución, en especial, la corrupción de las autoridades y los riesgos de trabajo para las trabajadoras. El desarrollo de la conciencia política de Claudia y su papel como líder son el resultado de un conjunto de factores: su inteligencia encontró un contexto que potenció su liderazgo. Su colaboración con Conasida y su participación en varios procesos políticos la llevaron a desarrollar su talento. Gracias a su rápido aprendizaje en la negociación, tanto con las autoridades como con otros agentes políticos, logró medidas concretas y novedosas como la instalación de una guardería para hijos de las trabajadoras sexuales con servicio de 24 horas
Sin embargo, nadie es perfecto, y ella no estuvo exenta de cometer graves errores, como su participación, en 2004, en el cierre del Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (cais) de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Reyes Parra, 2007). A partir de 1996, Claudia se hizo cargo de la Casa de las Mercedes, un albergue para jovencitas de la calle, prostituidas, drogadas y embarazadas, que se mantiene gracias a donativos de personas filántropas y convenios de cooperación con Cáritas y el gobierno de la Ciudad de México.
El contexto político mexicano, con el auge del debate público sobre los derechos humanos, y el contexto internacional, con el ascenso del neoabolicionismo, desempeñaron un papel definitivo en su cambio hacia esa postura. El abolicionismo tiene una larguísima historia, vinculada a la lucha contra la esclavitud. Josephine Butler, una feminista cristiana, cuya familia estuvo involucrada en la lucha antiesclavista, hizo una analogía con la situación de las mujeres y habló de “esclavitud sexual”. Butler encabezó en Inglaterra la campaña contra las leyes de enfermedades contagiosas (1864, 1866 y 1869). Estas leyes permitían que las autoridades hicieran un examen vaginal a las mujeres sospechosas de ser prostitutas y a ponerlas en cuarentena durante tres meses, encerradas en un hospital. Si se negaban, eran encarceladas. Bastaba la sospecha por parte de la policía para detenerlas, y muchas mujeres acusadas injustamente perdieron sus trabajos, incluso una de ellas se suicidó. Josephine Butler calificó dicho examen de ser una “violación quirúrgica” y abogó por su cancelación. Convencida de que la regulación gubernamental de la prostitución alentaba la práctica y esclavizaba a las mujeres, fundó la organización Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts (lna) e hizo campaña en Europa entre 1874 y 1875 para conseguir apoyo internacional al movimiento abolicionista (Jordan, 2007). En 1877 colaboró en la fundación de The British, Continental and General Federation for the Abolition of the Government Regulation of Vice, durante un Congreso paneuropeo que se llevó a cabo en Ginebra. Ése fue el primer nombre que tuvo la asociación que pretendía que los gobiernos ya no regularan la prostitución. Su agenda para los congresos siguientes (en París en 1878 y en Génova en 1880) planteaba la libertad individual, el respeto al estado de derecho y la abolición de la regulación de la prostitución. En esos congresos no se discutió si la prostitución era una forma ilícita de sexualidad.
En Inglaterra la ley fue eliminada en 1886, después de una lucha de más de 20 años. En 1889, en el quinto congreso se denunció la trata de blancas a nivel internacional. En 1898 la organización se instaló en Ginebra y en 1902 se transformó en la International Abolitionist Federation (iaf)24 (Jordan, 2007). Luego de la primera guerra mundial, la iaf se involucró en los debates que se desarrollaban en la Liga de las Naciones; después de la segunda guerra mundial, participó en las convenciones de la onu, con el objetivo de eliminar regulaciones injustas, que violaran los derechos de las mujeres. En diciembre de 1947, la iaf participó en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y en 1949, en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.
Este documento no fue ratificado por varios países donde la prostitución era legal. En cambio, el Protocolo de Palermo del año 200025 usó una definición distinta de tráfico y fue ratificado por más países. De la postura abolicionista de Butler el neoabolicionismo retomaría el término “esclavitud sexual”. El neoabolicionismo, que pretende erradicar totalmente el comercio sexual, está ligado a lo que se denominaron las Sex Wars (guerras en torno a la sexualidad) entre feministas de Estados Unidos.26 A finales de la década de 1970 y principios de 1980 circularon los textos feministas fundacionales de la postura neoabolicionista. Los debates iniciales giraron en torno a la pornografía y la censura, pero la prostitución rápidamente se convirtió en un tema clave para las feministas autodenominadas radicales. La prostituta fue tomada como un símbolo de la situación de las mujeres: usada sexualmente, estigmatizada, víctima de violencia y presa de peligros. El libro de Kathleen Barry Female Sexual Slavery (1979), que más tarde se amplió en The Prostitution of Sexuality. Global Explotation of Women (1995), sirvió como obra fundacional. Barry, que en 1988 fue la impulsora y cofundadora de la Coalition Against Trafficking in Women (catw), define la prostitución, siguiendo a Josephine Butler, como esclavitud sexual: Cuando el sexo es cosificado y los seres humanos son reducidos a medios para obtenerlo, la dominación sexual penetra y se arraiga en el cuerpo. Éste es el fundamento de la prostitución y su normalización es la prostitución de la sexualidad (Barry, 1995: 26).
Carole Pateman publicó en 1988 El contrato sexual, en el que plantea que al contrato social que sostiene la ciudadanía subyace un contrato sexual: los hombres dominan a las mujeres, y éstas deben otorgarles servicios sexuales y domésticos. Así se constituye el patriarcado moderno: con ese contrato sexual previo al contrato social. El contrato sexual implica la sumisión de las mujeres y, para Pateman, hablar de comercio sexual es un eufemismo que oculta la esclavitud sexual de las prostitutas. Ella insiste en que aceptar la prostitución significa admitir que los hombres son los dominadores. La discusión y la confrontación de las dos posturas, la neoabolicionista y la que defiende los derechos de las trabajadoras, se evidenciaron en la escena mundial durante el Segundo Congreso Mundial de Prostitutas, que se llevó a cabo en Bruselas en octubre de 1986.
La Alianza europea de diputados verdes y alternativos (Pheterson, 1989) abogó por la desestigmatización de las prostitutas y la despenalización de la prostitución en una sesión del Parlamento Europeo, un poco antes del Segundo Congreso de Prostitutas. Una feminista holandesa, diputada de la fracción socialista en el Parlamento Europeo, Hedy d’Ancona, después de ser contactada por quienes organizaban ese congreso, propuso al Parlamento Europeo una resolución sobre la violencia contra las mujeres, que incorporaba la distinción, planteada por el International Committee on Prostitutes’ Rights (icpr), entre lo que es el trabajo sexual y la violencia del tráfico de mujeres.
La resolución (Documento A2-44/86) recogía no sólo las demandas de autorrepresentación y de protección de los derechos civiles de las prostitutas, sino también la exigencia a los gobiernos europeos de incluir a estas mujeres en sus deliberaciones sobre las políticas respecto a la prostitución. Aunque esto significó un triunfo en la concepción del problema, la prostitución se caracterizó como una forma de explotación para las mujeres. Por eso el documento resultó ambiguo: apoyaba el derecho de las mujeres a trabajar como prostitutas, pero al mismo tiempo hablaba de la necesidad de disuadirlas de ese trabajo (Pheterson, 1989). Para que en el Parlamento se oyeran las denuncias de las prostitutas de cada país, se restringió el acceso a la prensa y se prohibió que se tomaran fotografías en las sesiones. A las conferencias de prensa asistieron algunas prostitutas con máscaras y otras dando la cara. Básicamente sus testimonios versaron sobre cómo la ilegalidad pone a las mujeres en una situación de riesgo, y sobre la magnitud de las agresiones y de las violaciones a sus derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Dado que el contexto era la epidemia del sida, el tema se tocó en la sesión sobre la salud. Sin embargo, las controversias estallaron: mientras los diputados conservadores manifestaban su indignación de que en el Parlamento “se le diera la palabra a las putas”, las organizaciones feministas en Bruselas discutían si solidarizarse con ellas o no. Fuera del Parlamento, las feministas se enfrentaron entre sí. Hubo expresiones de horror, asco y rechazo, pero también de solidaridad, cariño y respeto. El grupo Women’s Organization for Equality (woe), que agrupaba a feministas de varios países, se reunió varias veces en Bruselas con el icpr (Pheterson, 1989). Mientras unas decían que la prostitución era una actividad degradante, otras la veían como algo similar al intercambio sexual cotidiano. “¿Cuál es la diferencia entre ser promiscua y que te paguen?”, decía una manta que enarbolaban unas jóvenes. Hubo también agresiones: el grupo Femministe in Rivolta, utilizando pases de prensa, se coló dentro del Parlamento y lanzó monedas a las prostitutas, gritando que el sexo con hombres era una violación (Pheterson, 1989). Después de escuchar a las prostitutas, muchas feministas reconocieron que si las propias mujeres insistían en trabajar y en que no habían sido engañadas, había que respetar su decisión (Pheterson, 1989).
Mientras las feministas se dividían, la icpr publicó una declaración sobre prostitución y feminismo con nueve puntos a debatir: 1) autonomía financiera, 2) elección ocupacional, 3) alianza entre mujeres, 4) autodeterminación sexual, 5) desarrollo infantil sano, 6) integridad, 7) pornografía, 8) migración y tráfico, y 9) un movimiento para todas las mujeres (Pheterson, 1989: 192-197). En ella se separaba conceptual y discursivamente la trata de mujeres y el trabajo sexual elegido. Además, se condenaba duramente la prostitución infantil. Siguiendo esa línea, los grupos europeos denunciaron la hipocresía y el puritanismo sobre el comercio sexual, e insistieron en la necesidad de separar las prácticas abusivas de otras formas de coordinación y administración del trabajo sexual, incluso propusieron cooperativas manejadas por las propias trabajadoras sexuales. Pese a ello, la confrontación entre las dos posturas feministas ya estaba en marcha, y los avances logrados en torno a la organización internacional, los derechos laborales y la sindicalización se detuvieron, ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó duramente la prostitución.
A lo largo de la década de 1990, se consolidó la división entre las dos posturas, en un contexto de movimientos migratorios con flujos de mujeres que buscaban los trabajos que las habitantes locales habían desechado: en el sector de servicios, en el trabajo doméstico o el sexual; incluso despuntaron los matrimonios arreglados entre mujeres de países pobres (tercermundistas) y varones de países ricos. Las mujeres inmigrantes, impulsadas por la pobreza y por el anhelo de independencia o huyendo de la violencia, aprovecharon la movilidad y las redes organizadas de tráfico de personas para encontrar mejores condiciones de vida, aunque algunas fueron víctimas de organizaciones criminales.
Sin embargo, durante esa década el debate mundial sobre la prostitución también se vinculó a la migración indocumentada, y en el discurso público se empezó a construir la imagen de la víctima de trata. México estuvo un tanto rezagado en debatir esa problemática. En 1994, Luis de la Barreda Solórzano, ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf), emitió la Recomendación 8/94 (primera y hasta la fecha, única) sobre el trabajo sexual en la vía pú- blica, en la cual planteó que los sexoservidores son personas trabajadoras. En 1998, la cdhdf abrió el Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (cais), con un consultorio de atención médica y psicológica, y una guardería para los hijos de las trabajadoras sexuales. Posteriormente, con la llegada de Emilio Álvarez Icaza como ombudsman a la cdhdf se suscitó un conflicto en el cais, donde Claudia Colimoro y otras trabajadoras tuvieron un papel nefasto, que provocó el lamentable cierre de ese espacio de atención a las trabajadoras sexuales y sus hijos en 2004.
A principios de 2000, cuando volví a entrar en contacto con las trabajadoras sexuales independientes y politizadas del metro Revolución, no me di cuenta del neoabolicionismo. Fue más recientemente, en 2014, a partir de mi relación con las mujeres organizadas en torno a la Red Mexicana de Trabajo Sexual y a la asociación civil Brigada Callejera, cuando cobré conciencia de la polarización en relación con el comercio sexual. Tanto por mi trabajo previo de acompañamiento como por mi nueva relación con las trabajadoras sexuales independientes, además de mis lecturas sobre el debate académico/político internacional, no he dejado de escandalizarme por los discursos que circulan en los medios sobre la llamada prostitución, pues la caracterizan como algo espantoso y terrible, como un inframundo de víctimas femeninas. Lo que he experimentado personalmente, así como lo que he leído y estudiado, me ha mostrado un panorama muy distinto, aunque complejo. La dificultad para tratar las diversas situaciones del trabajo sexual se agrava cuando no hay una experiencia empírica y una mirada teórica.
Teoría y práctica fortalecen el conocimiento y, aunque no pretendo establecer en estas páginas un debate teórico, es necesario incorporar algunas reflexiones e interpretaciones de varios autores, que explican por qué el discurso cultural naturaliza el trabajo sexual como un problema de la mujer. También intento transmitir que el ambiente del comercio sexual está inserto en procesos sociales que cruzan a toda la sociedad y que tienen matices que es necesario reconocer, como la ambigüedad de las valoraciones sobre la sexualidad de las mujeres.
¿Quién es Marta Lamas? Es etnóloga de la ENAH y maestra en antropología de la UNAM, directora de la revista Debate Feminista, profesora del Departamento de Ciencia Política del ITAM, integrante del Consejo Directivo de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, de la Sociedad Mexicana Pro-Derechos de la Mujer (SEMILLAS) y colaboradora en la revista Proceso. Es autora de diversos libros, entre ellos Cuerpo, sexo y política de Editorial Océano.
