Ciudad de México,10 de octubre (SinEmbargo).– El pasado viernes 4 de octubre, Susana Hernández Gómez ingresó en trabajo de parto al Hospital de la Mujer, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A las 4 de la mañana del domingo el personal médico informó a su familia que ya había sido sometida a una cesárea con éxito.
Y siete horas después, Susana fue declarada muerta.
“Jamás se nos informó si estaba delicada de salud, si había complicaciones; como a las 11 de la mañana nos informan que falleció mi hija. Luego hablé con el subdirector del Hospital, que se llama Francisco Lara. Sólo nos dijeron que ellos no tenían la responsabilidad, pero vemos que hay incapacidad de los doctores. Nosotros confiamos llevar a nuestras señoras y mira lo qué pasó”, dijo Manuel Hernández Gómez, padre de la fallecida, a la prensa local.
Las organizaciones Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Observatorio de mortalidad materna en Chiapas, el Comité promotor por una maternidad segura en México y el Comité por una maternidad voluntaria y segura en Chiapas, manifestaron hoy su indignación.
El caso, dicen, es muy parecido al de Irma López Aurelio, en Oaxaca, a quien le negaron asistencia médica y tuvo labores de parto en la banqueta.
Susana Hernández era indígena tzotzil. Las organizaciones y la familia dicen que se violaron tanto sus derechos como los de sus parientes: No se proporcionó información sobre su estado de salud; no se consultó a sus familiares sobre las intervenciones que debían realizar; no se les informó que el diagnóstico de hipertensión es una condición grave durante el parto; no se informó sobre la causa de su fallecimiento.
El padre de Susana, Manuel Hernández, explicó que en el Hospital de la Muje, los médicos le detectaron a su hija una piedra en la vesícula biliar, por lo que la operaron, pero además afirmó que le realizaron una salpingoclasia.
Además se informó que a su ingreso Susana presentaba presión arterial alta, sin que se les informara a sus familiares que el diagnóstico de hipertensión es una condición grave durante el parto.
“Nunca hubo información para que le hicieran las operaciones, los médicos dijeron que pidieron el consentimiento, pero eso jamás fue cierto; obligaron a mi hija a poner su huella porque vimos que su mano está manchada con tinta, cuando ella sabía firmar, leer y escribir, no tenía por qué poner su huella”, comentó Hernández Gómez.
También denunció que en el Hospital de la Mujer le entregaron a su pequeña nieta sin avisarle que estaba delicada de salud, por lo que al darse cuenta, los familiares decidieron ingresarla al Hospital Colonial.
Tras lo sucedido, Manuel Hernández asegura que los directivos del Hospital de la Mujer no entregaron ni el acta de defunción ni el acta de alumbramiento.
“Los directivos lo quieren hacer este caso de forma clandestina para que la gente no lo sepa. Hay una irresponsabilidad total, pedimos que el gobierno sea más vigilante de todos los centros de salud y hospitales, porque las comunidades acudimos pero como piensan que no sabemos reclamar nuestros derechos, nos ven como animales. Pedimos el cese de todos los implicados en este caso”, denunció el padre de Susana.
A su vez, el esposo de la joven denunció que además de negligencia médica se presentaron abusos, maltratos y discriminación hacia toda la familia que acompañó a Susana el viernes pasado.
Dijo que el personal del hospital les comentó que “no aguantó la operación, nos dijeron, luego nos dijeron que tenía piedras en la vesícula y que la tuvieron que operar también y que había un problema en su sangre. Durante el tiempo que estuvo internada no nos informaron nada”.
La pareja de Susana acusó a los medios chiapanecos que desde el primero momento en que llegaron al hospital las enfermeras se portaron muy groseras, “le quitaron su ropa frente a toda la gente para ponerle la bata y el anillo que traía mi hermana, se lo quitaron de la mano y nos lo aventaron”.
EL CASO DE IRMA EN OAXACA
Este caso sucedió el mismo día en que fue denunciada a través de las redes sociales la negligencia del personal médico del Centro de salud Jalapa de Díaz, en Oaxaca, ante la presunta negativa de atender a Irma López Aurelio quien arribó el pasado 2 de octubre también en trabajo de parto.
El caso de Irma, mujer de origen mazateco, es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra ella.
“Visitadores adjuntos de este Organismo se trasladaron a ese municipio para entrevistarse con la agraviada y sus familiares, solicitar información a la autoridad estatal involucrada, recabar evidencia idónea e integrar el expediente”, informó la Comisión en un comunicado.
La CNDH consideró que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los grupos indígenas se agrava tratándose de mujeres que sufren la falta de satisfacción de sus necesidades materiales y de servicios básicos indispensables para su desarrollo y salud.
“Es necesario vigilar que las personas integrantes de comunidades indígenas tengan acceso a servicios de salud eficientes, oportunos, gratuitos y que se cumpla con el abasto adecuado de medicamentos y de personal médico capacitado”, dijo la Comisión.
Tras darse a conocer el caso en distintos medios, Irma denunció amenazas por parte del personal médico de la clínica, además de que funcionarios del gobierno oaxaqueño le informaron que, “por hacer chismes”, sus expedientes del Programa Oportunidades habían sido quemados.
En entrevista con el periodista Ricardo Rocha, en su programa de Radio Fórmula, Irma López Aurelio detalló la intimidación y amenazas de las que ha sido víctima, luego de que su caso alcanzó atención nacional.
López Aurelio narró cómo se dieron los hechos el día que se dio a conocer que parió en la jardinera del Centro de Salud comunitario. La mujer llegó a las seis de la mañana a esa clínica y el equipo médico le informó que todavía le “faltaba” para dar a luz. No fue sino hasta las ocho de la mañana, al ver que no la atendían, se acercó a un jardín del nosocomio donde por su propia cuenta hizo el trabajo de parto y dio a luz a un niño, que es su tercer hijo.
A pregunta del comunicador de si ha recibido algún tipo de amenaza, la mujer refirió que las enfermeras le han pedido que guarde silencio. “Pero yo no me estoy callando, estoy siguiendo con esto, con esta lucha”,expresó.
Fue por la presión que generó el caso para las autoridades del estado, que el día de ayer el titular de Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos cesó de sus funciones, de manera temporal, a los responsables del Centro de Salud San Felipe Jalapa de Díaz: el director del centro, el doctor Carlos Cruz Pérez, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria numéro 3, el doctor Adrián René Cruz Cabrera.
Sin embargo, al darse a conocer este nuevo caso queda de manifiesto la discriminación y negligencia que mujeres indígenas sufren en el país, como lo denunciaron este día diversas organizaciones sociales.
ONGS INDIGNADAS POR CASO DE SUSANA
Este día las organizaciones Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Observatorio de mortalidad materna en Chiapas, el Comité promotor por una maternidad segura en México y el Comité por una maternidad voluntaria y segura en Chiapas, manifestaron su indignación ante la flagrante violación a los derechos humanos de Susana Hernández, indígena tzotzil de la localidad de Cruztón, Chamula.
Las organizaciones enlistaron una serie de irregularidades en el proceso de atención a la actual fallecida que pueden tipificarse como violación de sus derechos:
1) No se proporcionó información completa sobre el estado de salud de la señora Susana.
2) No se consultó a familiar sobre las intervenciones que debían realizar (operación cesárea, ligadura de trompas y colecistectomía).
3) No se les informó que el diagnóstico de hipertensión es una condición grave durante el parto.
4) No se informó sobre la causa de su fallecimiento, a pesar de que en todo momento estuvieron presentes los familiares cercanos.
Las organizaciones denunciaron por medio de un comunicado de prensa que éste no es el primer caso de una muerte materna poco clara en el estado de Chiapas.
"Durante 2012 en el Hospital de Palenque falleció una mujer de 31 años de edad, que llevó a las Secretarías de Salud federal y estatal a tomar cartas en el asunto y esclarecer las condiciones del fallecimiento de esta mujer, evaluar las condiciones en las que funcionan los hospitales y garantizar medidas de no repetición", recordaron.
Ante esta circunstancia, las organizaciones pidieron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos coadyuven para que se sigan los mismos mecanismos que en el caso de Palenque, a fin de que se esclarezcan las circunstancias en que ocurrió la muerte materna de la indígena tzotzil y que la Secretaría de Salud del estado de Chiapas cumpla con la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, mediante el seguimiento del las comisiones estatales y federales de derechos humanos y la Secretaría de Salud federal.
