Ninguno de los diputados y senadores lo ofrecieron en campaña. Ninguno de ellos dijo que, de llegar al Congreso, apoyarían iniciativas que afectan la vida de sus votantes. En el norte del país, por ejemplo, ningún candidato –y ahora legislador– prometió que homologaría el IVA al 16 por ciento. Tampoco dijeron que avalarían el fracking, bajo la Reforma Energética.
El sistema político mexicano no los obliga a rendir cuentas. Pero en el mundo ideal, estos diputados y senadores, que hicieron cambios constitucionales que alteran la vida de millones, tendrían que regresar a casa para dar explicaciones de sus decisiones.
Eso pasa en las películas norteamericanas o en House of Cards, la serie. Aquí no. Los analistas coinciden en que esta es una muestra clara de que los legisladores dejaron de representar a los ciudadanos. Se representan a ellos mismos, dicen, o representan los intereses de sus partidos…
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– La mayoría de los diputados y senadores que aprobaron las reformas estructurales más polémicas de la última década gozaron de la felicitación pública del Presidente Enrique Peña Nieto, del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del líder nacional priista, César Camacho Quiroz.
También fueron felicitados, en su caso, por Gustavo Madero Muñoz, el dirigente nacional del PAN.
Muchos de esos cambios, sin embargo, afectan directamente la vida de millones. Pero, a diferencia de otras democracias, aquí los legisladores y los funcionarios difícilmente deben rendir cuentas. El sistema político mexicano no lo establece.
Ninguno de los actuales Diputados federales prometieron en campaña presentar alguna iniciativa legislativa que permitiera la privatización de los diversos sectores petroleros del país; o para avalar el uso de la técnica del fracking en la extracción de hidrocarburos. No hubo tampoco alguno que prometiera al electorado avalar la expropiación disimulada de tierra, llamada “ocupación temporal”.
Ninguno de los 300 diputados elegidos por voto directo presentó alguna propuesta para aumentar impuestos a los contribuyentes cautivos, ni homologar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la franja fronteriza del 11 al 16 por ciento. Nadie sugirió poner en riesgo el libre uso del Internet o la posibilidad de ser monitoreado y vigilado por la Secretaría de Gobernación (Segob) por el uso de las redes sociales.
MALAS CUENTAS
“Las cuentas van a ser bastante malas. Ya desde hace bastantes años los diputados vienen comprometidos con sus partidos y con las ‘líneas’ que se dictan desde las cúpulas de esos mismos partidos, por eso, en términos generales la gente ha perdido la credibilidad en sus legisladores”, afirmó Guillermina Baena Paz, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Otro aspecto que jugará en contra de los legisladores que aprobaron las reformas estructurales, señaló Eduardo Bueno León, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), es que estos “representantes populares” privilegiaron validar las iniciativas presidenciales bajo el cobijo del Pacto por México, por encima del acercamiento con sus electores.
“En el caso del Pacto por México tampoco fue una propuesta, tampoco fue un diseño que se anunciara. El Pacto fue el resultado de una negociación legislativa posterior a las elecciones, negociación legitima para armar una agenda y aprobar unos temas, pero los temas más importantes de esa agenda ya no correspondían solo al ámbito legislativo, sino que debieron ser consultados a los ciudadanos”, recalcó.
El doctor en ciencia política agregó que dentro de las reformas estructurales existieron temas medulares que afectaron directamente la economía y la forma de vida de millones de mexicanos, pero ni siquiera estos asuntos fueron compartidos con la ciudadanía, incluso, fueron aprobados sin discusión efectiva al interior de las cámaras.
“Quizá hubo un conjunto de temas que ameritaban posiblemente una estrategia de consenso de pacto legislativo, pero los temas fundamentales como son, por ejemplo, la privatización del petróleo y el gas, es un tema que necesariamente debió ser consultado con la gente, porque es un tema muy drástico”, aseveró el especialista.
Sobre esto, la doctora Guillermina Baena señaló que la falta de comunicación entre legisladores y los electores que los colocaron e n las curules que hoy ocupan, fomenta la ya de por sí marcada separación entre gobernantes y gobernados.
“Esto ya vimos que los diputados no representan a los ciudadanos. Ya vimos que, o fueron chantajeados con un jugoso bono o realmente estamos hablando de niveles de incapacidad verdaderamente brutales, ambas cosas serían terribles”, explicó la doctora en ciencia política.
Por lo pronto los legisladores mantienen un espíritu festivo, toda vez que desde hace dos semanas, han recibido el reconocimiento de sus líderes partidistas por haber hecho realidad las polémicas reformas estructurales promovidas desde Los Pinos.
Durante la reunión plenaria de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el dirigente nacional César Camacho los felicitó por haber realizado 65 reformas constitucionales que impactaron a 58 de 136 artículos de la Constitución; crearon 23 nuevas leyes y modificaron a otras 64 normas vigentes.
“México está no sólo enterado, sino la historia habrá de hacer justicia a quienes lo merecen, que son ustedes, por haberle dado las instituciones y las leyes que permiten desplegar banderas, hacer que se hinchen las velas para transitar en este mar proceloso del Siglo XXI”, afirmó el líder priista.
Por su puesto, nunca mencionó que gran parte de los cambios aprobados, tanto en la Constitución como en las leyes secundarias, nunca fueron anunciados en la campaña presidencial.
¿QUIÉN PRESUMIRÁ EL FRACKING?
“En el caso mexicano nosotros vimos que no se ofreció privatizar el petrolero ni el gas, no se ofreció subir impuestos en los estados del norte, ni tampoco una reestructuración fiscal que cargara más impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Si bien es cierto que esto afectó a grandes empresas, no hubo una oferta electoral en ese sentido”, explica Eduardo Bueno.
Durante la aprobación encascada de la legislación secundaria en materia energética, los legisladores avalaron dentro de la Ley de Hidrocarburos, priistas, panistas, pevemistas y aliancistas aprobaron mantener en la nueva legislación la posibilidad de extraer gas de lutita, mediante la técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking.
Los legisladores no escucharon las advertencias de expertos en la materia ni de sus pares de la oposición, en el sentido de que se trata de una técnica depredadora del medio ambiente, que podría generar diversas afectaciones en la salud de las personas que habitan en la zona cercana a los pozos de extracción.
“En lugar de tener beneficios energéticos tendremos problemas ambientales”, alertó en su momento el Senador perredista Benjamín Robles Montoya.
Según la Secretaría de Energía (SE), existe posibilidad de encontrar este gas en el subsuelo de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, podría localizarse en los estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
Diputados de estas entidades desestimaron las advertencias de expertos y justificaron en tribuna su decisión de avalar la técnica del fracking
“El gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles, si se produce de una forma tal que no se fugue ni se impacte negativamente a las personas y a los ecosistemas, puede ser un energético de transición que permita conducir al país hacia una economía de bajo carbono basada en fuentes de energía renovable y limpia”, dijo la Diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lourdes Adriana López Moreno.
Francisco Cravioto Lagos, investigador del área de presupuestos y políticas públicas del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, lamentó que la ciudadanía no está informada sobre los riesgos que conlleva esta técnica de extracción de hidrocarburos, principalmente porque fue muy corto el tiempo de aprobación de ésta y todas las reformas estructurales.
“En el tema del fracking, es bastante preocupante que no se haya abierto un debate público profundo en la sociedad mexicana, sobre todo lo que implica esta técnica, todas sus afectaciones. Aunque no debió haber sido el único punto que se tratara públicamente, se debió haber discutido con la ciudadanía todos los puntos de esta Reforma Energética”, detalla el especialista.
Así votaron los diputados diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos, en el tema de medio ambiente y fractura hidráulica, el 28 de julio de 2014:
OCUPACIÓN TEMPORAL Y DESALOJOS
Pero no se trata sólo de los problemas ambientales que generará esta técnica. El más grave problema, indicaron expertos en materia energética, es que vendrá aparejada de una serie de despojos de tierras a ejidatarios y pequeños agricultores, según quedó plasmado en la misma Ley de Hidrocarburos.
El Senador perredista Luis Sánchez señaló que la Reforma Energética pone en riesgo de expropiación las propiedades de millones de mexicanos que habitan en 12 estados y 260 municipios, por albergar hidrocarburos en su subsuelo o por ser sitios donde pasan redes de transmisión y distribución de electricidad.
Según estudios realizados por el propio Legislador, estarían en riesgo comunidades de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
Los diputados y senadores que aprobaron la reforma eliminaron la palabra expropiación, principalmente por la incertidumbre generada entre el sector campesino y productor, que podría iniciar una serie de marchas en la capital en protesta contra la norma.
No obstante, Fundar señaló que esta medida fue una simulación, porque no se modificó la parte medular del asunto que es evitar el despojo de la tierra.
“El hecho de que no esté presente la palabra expropiación, es más bien una medida populista de parte de los legisladores, porque no importa que no aparezca la palabra expropiación, simplemente la Ley de Expropiación, la ley vigente, indica que cualquier actividad que sea considerada de utilidad pública, impactará en esta ley”, explicó Francisco Cravioto, de Fundar.
Señaló que la Reforma Energética peñista no incluye ninguna norma para que las poblaciones que habitan cerca de los sitios ricos en hidrocarburos participen en consultas públicas si quieren que se realicen estas explotaciones o no.
“No hay forma, de que el dueño de que estas propiedades privadas se opongan a la realización de estos proyectos. Al contrario la ley solo prevé cómo compensar, medianamente el daño generado. Es preocupante, en tanto que muchos de esos proyectos, particularmente, los de fractura hidráulica tiene una duración bastante pequeña”, sostuvo Cravioto.
Quienes aprobaron la reforma se justificaron en tribuna con una redacción que prevé que las comunidades involucradas reciban información oportuna sobre los planes de inversión en sus tierras, no obstante, eso no significa que las poblaciones puedan negarse a negociar con las trasnacionales, pues en último caso, la ley prevé la servidumbre legal, a fin de que los pueblos digan sí o sí a la “modernización”.
EL IVA EN LA FRONTERA
En octubre del 2013, diputados del PRI, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del PVEM aprobaron la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual pasó del 11 al 16 por ciento en la frontera norte del país, a pesar del rechazo de los sectores productivos.
La preocupación de los empresarios de la región norte es que la medida que se puso en marcha el primero de enero de este año es que frenará la competitividad frente a las ciudades estadounidenses, con las que muchos empresarios y ciudadanos tienen un activo intercambio comercial.
Legisladores del Partido Acción Nacional mantienen su rechazo a la medida tributaria. Argumentan que ha generado impactos negativos entre los micro y pequeños empresarios, tales como pérdida de competitividad, reducción de empleos y la caída de inversiones.
La pregunta es, ¿por qué los diputados aprobaron homologar el IVA, si era previsible que la medida fiscal impactaría de forma negativa en la región norte del país?
“En el norte el PRI se disciplinó rápidamente, aceptaron el impuesto, el PAN fue el que asumió la defensa de la cadena productiva de todo el norte. Le dieron bastante oxígeno al PAN con ello. El PAN ha comenzado a reconstituir su voto en el norte, pero el aparato productivo se sostiene y se mantiene. El PRI apostó al olvido y que la gente a largo plazo terminaría asumiendo la reforma”, explica Eduardo Bueno.
Por su parte, senadores del PAN de los estados fronterizos, entre los que se encuentran Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, rechazaron la medida con el argumento de que será muy grave para la economía de la región, pues implica un alza de precios cuando su sector productivo aún no se recupera totalmente de la crisis que inició en 2007.
Así votaron los diputados el 31 de octubre de 2013, la reforma al artículo segundo de la Ley del IVA:
TELECOM Y LAS LIBERTADES
La Reforma en Telecomunicaciones fue respuesta a una añeja demanda de la ciudadanía en torno a regular la concentración del espectro radioeléctrico a fin de reducir la influencia y el poder político que han alcanzado diversas empresas del sector, principalmente Televisa.
En su primer discurso como Presidente, Peña generó amplia expectativa por anunciar que promovería el derecho de acceso a la banda ancha para generar mayor competencia en telefonía, televisión y radio. Asimismo, adelantó la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta.
Pese al optimismo, la reforma aprobada generó mucho descontento entre diversos sectores de la sociedad, a pesar de que presentó avances en temas anquilosados en materia de telecomunicaciones.
“Se habló, pero no fue una oferta concreta el tema de las telecomunicaciones, y muchísimo menos se planteó que iba a haber controles muy estrictos respecto al libre tránsito de información de la red, e incluso que iba a haber un seguimiento de las personas en las redes”, afirmó el doctor Eduardo Bueno.
Las críticas principales van giran en torno a que la legislación secundaria presentada por Peña y aprobada por el Congreso viola derechos fundamentales, pone en riesgo la libertad de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Permitió el acopio de datos y conversaciones, así como la intervención de comunicaciones de forma discrecional hasta por dos años. Legalizó el bloqueo de señales para impedir el libre flujo de información en internet con el argumento de fortalecer la “seguridad nacional”.
“Esta reforma quedó reducida a un ajuste de cuentas entre las empresas monopólicas que prestan los servicios de telecomunicaciones en el país”, escribió el Diputado Ricardo Monreal, en su libro “Reformas estructurales, Mitos y Realidades”.
La reforma no redujo el poder de televisa, por el contrario, le otorgó la llamada “cláusula Cablecom” que permitirá a la televisora de Chapultepec concentrar más poder en la televisión restringida.
Tampoco incluyó temas que el sector académico consideró relevante, como es la defensa de los derechos de las audiencias, control de la calidad de contenidos o un sistema de sanciones eficiente contra los monopolios.
La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados durante un tercer periodo extraordinario de sesiones, el 8 de julio de 2014.
