La marejada de violencia que sacude al país carece de una respuesta ciudadana. A diferencia de la indignación que provocan las matanzas en países europeos o Estados Unidos, las ejecuciones grupales en México de la última semana, que dejaron más de 70 muertos, se quedaron sin traducirse en reclamos y menos en movilizaciones sociales.
Especialistas en seguridad consideran que con el inicio de la guerra contra el narcotráfico en el 2006 también se aceleró un proceso de normalización de la violencia. Sostienen que la falta de reacción de la sociedad deriva de que el Gobierno federal nunca escuchó a los movimientos que en su momento salieron a las calles, y de que en algunas comunidades del país, los grupos delincuenciales cumplen con tareas que le corresponden al Estado –creación de empleos, obra pública, seguridad, etcétera–, por lo que el crimen se socializa.
ADEMÁS
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– La sociedad mexicana ha normalizado la violencia ante un Gobierno que no la toma en cuenta o la obstaculiza en sus políticas de seguridad, y deja que el crimen organizado ocupe el espacio que les corresponde al Estado en materia de generar oportunidades económicas a los ciudadanos, destacaron diversos analistas.
“El Gobierno ha abierto meses de diálogos, foros, con la participación de la sociedad civil pero son simulaciones de escuchar, porque las propuestas que vienen de la sociedad civil no son tomadas en cuenta”, dijo Héctor Cerezo Contreras, fundador del Comité Cerezo México, quien asegura que a la hora de investigar un crimen, la autoridad arrecia las trabas para que grupos civiles puedan coadyuvar.
Tan sólo en la última semana hubo asesinatos colectivos en Mazatlán, Sinaloa, que dejaron 19 muertos; Madera, Chihuahua, 14 muertos; Huehuetlán, Puebla, nueve muertos; Yuriria, Guanajuato, seis muertos; y en el Penal Las Cruces, Acapulco, 28 muertos.
"La esperanza es que el próximo Gobierno haga una revisión profunda, y haya un cambio radical, en donde se priorice la seguridad y se pueda frenar estos procesos de militarización y la impunidad", sostuvo Cerezo.
La cantidad de vidas pérdidas que despertarían en otros lugares indignación y protestas, que no tiene aún cabida en México.
“Es un reflejo de la normalización de la violencia. De verla como parte de la vida cotidiana. Segundo, hay una idea de que probablemente esto pasa, pero no tenemos un mecanismo, que nos dé certeza” , destacó Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
Las últimas grandes manifestaciones que se dieron en el país ocurrieron a finales de 2014, en el momento más álgido de las marchas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que a la postre derivaron en enfrentamientos con policías y detenciones arbitrarias. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta el paradero de los jóvenes.
El 98 por ciento de los delitos en México se queda en la impunidad, de acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Situación de Derechos Humanos en México”, publicado en marzo del 2016.
El profesor Ricardo Espinoza Toledo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso que los casos revelan que la seguridad de la ciudadanía se deterioró en la actual administración de Gobierno federal.
La situación no mejora para el Presidente Enrique Peña Nieto. Mayo fue el mes con mayor número de carpetas de investigación por homicidios dolosos (intencionales) en los últimos 20 años, fecha en la que inició este registro oficial.
“Esto revela que la estrategia del Gobierno fuye errada de principio a fin. La misma que empezó Felipe Calderón, cuando declaró la guerra contra el narcotráfico, para intentar acabar el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Pero esa estrategia se ha vuelto la razón del incremento de la delincuencia, es un círculo perverso, y la gente ya no cree ni tampoco se moviliza”, criticó Espinoza Toledo.
Un proceso, explicó el especialista en políticas del Estado mexicano y la relación entre poderes, que se ha dado con la atomización de los grupos delictivos en células más pequeñas.
Hacia junio, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong contabilizaba la neutralización de 107 de los 122 capos prioritarios, que el Gobierno enlistó al principio de su mandato.
En tanto que mayo fue el mes con más homicidios. La violencia inédita también está plasmada en el cúmulo de los primeros cinco meses del año.
Entre enero y mayo se han reportado 9 mil 916 averiguaciones por homicidio doloso, cifra que superó la tasa más alta hasta el momento de este periodo, registrada en el 2011, con 9 mil 466 averiguaciones.
La falta de apertura de las autoridades a las demandas de seguridad se han convertido en un objeto de desaliento para las movilizaciones sociales.
“Hay un proceso de naturalización de la violencia, que inicia hace más de 10 años, cuando lanza la llamada guerra contra el narcotráfico”, dijo Cerezo.
“Hubo momentos en el 2011 –con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad– en los que la gente salió a querer frenar la violencia. Desgraciadamente no tuvo como resultado el cambio de políticas de seguridad, y también hay una frustración de que no lo hicieran aún movilizándose. El resultado es la apatía, la indiferencia, y ahora sólo queda esperar que otro Gobierno resuelva el caos”, agregó.
La autoridad ha dicho en ocasiones que las víctimas corresponden a sicarios, quienes han arreciado los enfrentamientos entre ellos. Así sucedió en Mazatlán, donde 17 personas, y dos policías murieron en un enfrentamiento.
Precisamente contra este tipo de justificaciones es que la sociedad civil se agrupó, encabezada por el escritor Javier Sicilia Zardain, y que logró sentar al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa y a parte de su Gabinete para debatir sobre la política de seguridad nacional.
Tras dos reuniones y una ley de víctimas vetada, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó a la administración federal de traicionarlos y posteriormente el diálogo se canceló.
Sin embargo, este tratamiento de la autoridad a las víctimas, sin que se agote una investigación sobre su participación en el lugar de la masacre, es utilizado como un escudo ante las preguntas de la opinión pública, dijo Espinoza Toledo.
“Esa era la justificación del gobierno de Vicente Fox para no actuar de manera efectiva. y de aquel han pasado muchos años y han habido muchos muertos, no sólo del lado de la delincuencia, sino que del que de manera impropia llamó Felipe Calderón ‘daños colaterales’ ”, recordó Toledo.
En el país operan nueve cárteles, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR). Una presencia que desde hace décadas se ha enraizado en algunas comunidades.
Tomás Guevara Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), consideró que la incapacidad de generar políticas públicas ha dado lugar a que el narcotráfico se gane la simpatía de ciertos sectores.
“Ante un Estado que no genera los empleos se unen varios fenómenos. La población tiene que encontrar una manera para subsistir y el crimen lo ha utilizado muy bien. Por ejemplo, estos criminales no son grupos que llegan y monopolizan, sino que socializan, en ocasiones, e integran a la sociedad a estos delitos”, dijo Guevara.
Un fenómeno que ha pasado en el triángulo rojo de Puebla, a través del robo del combustible, pero que ha tenido antecedentes en otros puntos del país, aclaró.
“En Sinaloa los capos siempre fueron parte del pueblo, y no se olvidaron de ellos. El pueblo se entregó a ellos por que los recompensaban la posibilidad de que pavimentaran, o con pagos de servicios. Procesos en los que poblaciones se favorecían”, dijo el profesor de la UAS; beneficios que sumados al miedo impiden a las poblaciones movilizarse públicamente contra la violencia que azota el país.
