En un primer reportaje, Univisión dio a conocer que el propietario de la casa de transición donde despachó el Presiente electo Enrique Peña Nieto en 2012 es requerido por un presunto fraude cometido en Estados Unidos. En esta segunda entrega, Gerardo Reyes y Peniley Ramírez dicen que Alfredo Miguel ahora gana millones en contratos con el Gobierno federal y con el Estado de México. Con autorización de Univisión Investiga, reproducimos esta segunda entrega. La primera también está disponible aquí, en este sitio digital…
Ciudad de México, 10 de junio (Univisión).– La familia Miguel está de regreso en los negocios con entidades públicas, luego de dos sexenios en que lidiaron con acusaciones de fraudes y juicios en su contra de las autoridades mexicanas.
La renta de la casa de transición del Presidente Enrique Peña Nieto en el otoño de 2012 a una inmobiliaria controlada por la familia es sólo una muestra de sus nuevos tiempos.
A tres años de que iniciara el Gobierno de Peña, Compañía Inversora Corporativa (CIC), un holding que agrupa varias de las empresas manejadas por los hijos y sobrinos de Alfredo Miguel, ha ganado adjudicaciones por 770 millones de dólares con el Gobierno federal y el Estado de México.
El historial de los contratos elaborado por Univision Investiga con base en registros públicos muestra que la mayor parte de los beneficios se han concentrado en tres empresas que rentan helicópteros y aviones a la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), manejadas por un sobrino de Miguel, Alejandro García Bejos.
Heliservicio, Heliservicio Campeche y Mantenimiento Express Marítimo han obtenido 482 millones de dólares en contratos durante este Gobierno, todos con Pemex.
Otros 4 millones 589 mil dólares fueron a otra filial de CIC, Servicio Técnico Aéreo de México, que en estos años ha recibido encomiendas de tal nivel de seguridad nacional como el mantenimiento de los helicópteros de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El resto ha sido otorgado a una constructora controlada por el hijo de Miguel, José Miguel Bejos, compañero de golf del Presidente Peña, según una fuente cercana a la familia.
La constructora Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) fue creada en agosto de 2011, cuatro meses antes de que Peña obtuviera la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre 2012 y 2015 han obtenido 283 millones de dólares en obras para el Gobierno federal y el Estado de México, varias de ellas en sociedad con el conglomerado portugués Mota-Engil y otras con Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, la compañía por la que su padre, Alfredo Miguel, enfrenta una acusación de fraude en Idaho.
En diciembre pasado el diario mexicano Reforma reseñó que Prodi había sido seleccionada para construir un gran volumen de obras públicas. Ha sido pagada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Junta de Caminos del Estado de México, el estado natal de Peña Nieto, donde fue Gobernador entre 2005 y 2011.
El diario apuntó igualmente a la amistad entre Peña y José Miguel, quien fue nombrado en junio de 2012 como delegado de la Cruz Roja en el Estado de México, un cargo honorífico que no le ha apartado de su vida como empresario.
Diez años antes había tomado el control como vicepresidente de CIC, el holding que agrupa a las empresas de su familia. Un prospecto de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fechado en 2013, al que Univision Investiga tuvo acceso, muestra que José Miguel es uno de los accionistas de este holding, junto a su hermano Alfredo Miguel Bejos, otro de los hijos del empresario acusado en Idaho.
En 2012 su padre afirmó ante una corte en Idaho que no tiene acciones en estas compañías. Pero dos años antes, en 2010, un reporte de la Cámara de Diputados del Estado de México consignó que Alfredo Miguel había asistido en calidad de presidente de este holding a un evento organizado por el PRI para entrega de computadoras a estudiantes mexiquenses.
UNA EMPRESA FAMILIAR
En septiembre de 2012, Peña Nieto había dejado la gubernatura del Estado de México y ganado las elecciones presidenciales. Uno de los primeros contratos de su administración, ya en pleno uso de recursos federales como Presidente electo, fue la renta del inmueble que usó durante los tres meses de la transición de Gobierno.
El equipo de Peña colocó en el portal mexicano de transparencia una copia del contrato de arrendamiento por 20,825 dólares a pagar en tres meses con Inmobiliaria Virreyes 1130, S.A. de C.V.. Documentos del Registro Público de Comercio de la capital mexicana obtenidos por Univision Investiga revelan que esta inmobiliaria es controlada por la familia que maneja el conglomerado CIC.
Uno de los apoderados legales de la compañía, con poderes de dominio, que le otorgan calidad de dueño, es el sobrino de Alfredo Miguel, Francisco Javier García Bejos, actual Secretario del Trabajo del Estado de México, cargo al que fue nombrado un año después de la victoria de Peña.
El vínculo con el empresario acusado en Estados Unidos no es únicamente familiar. El actual funcionario previamente tuvo un cargo como director corporativo de CIC. Además es hermano de Alejandro García Bejos, apoderado de Heliservicio Campeche, una de las compañías del grupo que da servicios a Pemex.
También fue director general y administrador aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Toluca, sede de otra filial del grupo, Servicios Aéreos del Centro.
En la inmobiliaria que rentó la casa a Peña aparece igualmente como apoderado Eduardo Corzo Osorio, un contador que “maneja todas las empresas” de CIC, dijo a Univision una de las empleadas de su despacho ubicado en Polanco, una zona residencial en la capital mexicana. La firma que aparece en el contrato de arrendamiento de la casa de transición es precisamente la de este contador.
El tercer apoderado con facultades de dominio sobre la inmobiliaria es el abogado Diego Palafox Castillo, director jurídico de CIC en ese momento y uno de los apoderados de Prodi, la constructora que ha ganado 283 millones de dólares en contratos durante este sexenio.
Palafox firmó como representante de la constructora en dos contratos firmados entre Prodi y el Estado de México en julio de 2012, dos meses antes del arrendamiento de la propiedad en Lomas de Chapultepec, de los que Univision Investiga obtuvo una copia.
La misma dirección en Lomas de Chapultepec funciona como domicilio fiscal de la compañía Agaves Procesados, productora del tequila Los Azulejos, cuyos registros constaron en un paquete de 8 mil documentos que Alfredo Miguel entregó a una corte de Idaho durante el juicio que enfrenta allí por fraude.
Miguel afirmó ante la Corte que poseía el 75 por ciento de las acciones de Interbrand Distributors, una importadora de bebidas fincada en Delaware, ahora inactiva, que tenía en sociedad con Pedro Quintanilla, el fundador de Los Azulejos. En su página personal, Miguel posa sonriente delante de un estante con estos tequilas, como uno de los logros de su carrera como emprendedor.
A estos años de bonanza le antecedieron otros difíciles, en los que Alfredo Miguel Afif, padre de José Miguel, estuvo en el centro de la polémica en México. Primero fue acusado de un fraude millonario en Pemex; luego de no haber pagado impuestos sobre tres de sus empresas.
La familia Miguel apoyó públicamente durante décadas al PRI. Incluso participaron en la recaudación de fondos para este partido durante la campaña presidencial en el año 2000, que resultó en la victoria de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional.
Dos meses antes de la toma de posesión de Fox, en septiembre del 2000, el Consejo de Administración de Pemex aprobó pagar una fianza a Productos Ecológicos S.A. de C.V. (Proesa) una compañía del grupo familiar, según una denuncia penal elaborada en 2002, a la que tuvo acceso en 2013 el portal SinEmbargo.
En el careo durante el proceso por un presunto fraude en Idaho, en marzo de 2012, Alfredo Miguel se refirió brevemente a este caso. Dijo que Proesa “es una empresa que trató de hacer un proyecto importante con petróleo, pero no funcionó, así que fue cerrada. Eso fue hace más o menos 12 años”.
El proyecto de Pemex con Proesa no fue simplemente un contrato que fracasó, sino una aventura que le representó al gobierno mexicano una pérdida de 146 millones de dólares.
Durante los años noventa la compañía firmó un contrato con Pemex para construir una planta de petroquímica en Coatzacoalcos, una ciudad petrolera en el sureste mexicano. Años más tarde, la petrolera rescindió el contrato a la empresa, porque la obra no estaba realizada.
La compañía de Alfredo Miguel demandó a Pemex ante la Corte Internacional de Arbitraje en París, con el alegato de que la terminación era “ilegal e injustificada”. Poco antes del cambio de gobierno, el Consejo de Administración de Pemex decidió “conciliar” el pleito, autorizando que la empresa cobrara 146 millones de dólares de una fianza que había dejado sobre el contrato, según el expediente publicado por el portal SinEmbargo.
Cuando se descubrió que la rescisión estaba justificada y no debían haber pagado esa cantidad millonaria, la contraloría en la petrolera inició una investigación por malos manejos de recursos públicos, que terminó en la sanción a dos funcionarios.
Una fuente de alto rango en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, quien solicitó que se omitiera su nombre, contó que durante esos años “políticamente sí había línea contra ellos. En Pemex las instrucciones eran atizarles el fuego, colaborando con la Procuraduría General de la República en la averiguación previa, agregó.
“Se integró la averiguación previa, lo que nunca se pudo probar fue la maquinación. Es un delito que exige que se pruebe el dolo. Tienes que probar que quisieron defraudar a la administración, pero eso es lo que no se pudo probar”. Los dos funcionarios fueron condenados a pagar el total del monto que se habían entregado a la compañía de Miguel y se les inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Años más tarde ganaron los juicios contra las multas, con el argumento de que había varios niveles jerárquicos entre ellos y quienes habían firmado las rescisiones, además de que no tenían capacidad económica para devolver los millones de dólares que la compañía había cobrado. El gobierno mexicano nunca recuperó ese dinero.
Ante la imposibilidad de ir por Alfredo Miguel y su hermano Javier en el asunto de Pemex, la administración Fox decidió fincarles responsabilidades penales por la falta de pago de 1,142,000 dólares de impuestos sobre tres de sus compañías.
Las órdenes de aprehensión, libradas entre 2003 y 2005, estuvieron vigentes hasta 2008, cuando liquidaron los adeudos y las autoridades hacendarias retiraron las solicitudes de que fueran detenidos, de acuerdo con un expediente judicial obtenido en 2014 por la revista Emeequis luego de un litigio de transparencia.
Cuatro años después de haber librado estos percances, la familia Miguel se instaló de nuevo como contratista para obras de construcción y renta de inmuebles, entre ellos la casa de transición del actual Presidente mexicano.
