Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional propone ahora poner “reglas del juego” a las iniciativas ciudadanas y la consulta popular, a fin de que estos instrumentos sean viables y no se queden en el limbo jurídico, aunque en el pasado se opuso.
Ayer, la Senadora priista Blanca Alcalá Ruiz propuso crear la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular a fin de brindar “un tratamiento especial” a las propuestas de ley ciudadanas, pues consideró inviable desahogarlas eternamente mediante acuerdos políticos, o con reglas exclusivamente electorales.
“Se trata de tener reglas muy claras que nos permitan hacer viable cualquiera de las inquietudes ciudadanas, que de otra manera podrían quedarse en el todo y en el nada”, consideró la Senadora priista por Puebla.
Y es que la reciente iniciativa ciudadana “Libre Internet para Todos”, que un grupo de organizaciones civiles entregó a senadores de los tres principales partidos políticos, con el compromiso de que plasmaran este ideal en ley, puso de manifiesto que quedó inconclusa la operatividad de este instrumento en la reforma política aprobada el año pasado.
La iniciativa “Libre Internet para Todos” –la primera completamente ciudadana-, fue construida por activistas, abogados y expertos en tecnologías digitales y firmada por más de 127 mil ciudadanos. Aunque los senadores la recibieron de buen agrado, al interior del edificio de Paseo de la Reforma quedó claro que no había mecanismos para permitir el tránsito de esta propuesta ciudadana, fuera de los acuerdos políticos exprés.
Por lo tanto, la Senadora Blanca Alcalá se propuso crear una Ley secundaria, para ir más allá de una simple reforma al Código Federal de Instrumentos y Procedimientos Electorales (Cofipe), o a la Ley General del Congreso, para establecer los procesos que regularán a la iniciativa ciudadana y a la consulta popular.
“El gran reto de los legisladores no es solamente hacer planteamientos que sean deseables, sino que sean posibles y de allí poder tener una mecánica de trabajo que nos permita saber cuál es el camino a seguir cuando queremos poner en vigencia estas cartas ciudadanas”, puntualizó.
LAS REGLAS NO SON CANDADOS
La legisladora poblana se adelantó a quienes pretendan descalificar su propuesta como un intento del PRI para “limitar” o “poner candados” a estos dos instrumentos ciudadanos.
“Yo soy una convencida de que hay que fomentar la participación ciudadana, tenemos que hacerlo de manera abierta, insistente, pero también responsable. (…) Si algo queremos hoy los priistas es que las cosas sucedan y para que las cosas sucedan, tienes que ir poniendo en blanco o negro, cada una de estas disposiciones”, aseveró Blanca Alcalá.
El año pasado, durante la discusión de la reforma política, los diputados priistas que integraban la LXI legislatura desecharon las reservas presentadas por el PAN, PRD y el PT, con el propósito de flexibilizar los requisitos necesarios para convocar a una consulta popular y validar sus resultados de una elección.
El planteamiento del bloque opositor consistía en reducir a 50 mil firmas el requisito para la consulta popular. La propuesta fue rechazada.
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS
En el caso de la iniciativa ciudadana, la mayoría PRI-PVEM-Nueva Alianza hizo prevalecer la condición de reunir 112 mil firmas como requisito para presentar proyectos.
La propuesta priista es simple, para que alguna de las dos cámaras de Congreso acepten una iniciativa ciudadana, ésta deberá contener las firmas, por lo menos, de 105 mil 28 personas, lo que representa el 0.13 por ciento de la lista nominal nacional de electores.
Para garantizar la autenticidad del proyecto, la autoridad electoral deberá verificar que los firmantes en realidad existan. Una vez que se decrete su veracidad, la información se entregará al presidente de la Cámara donde se haya presentado la iniciativa, en un plazo de 30 días. De lo contrario, la iniciativa declarará improcedente y se desechará.
“Una vez que se tengan las más de 100 mil firmas, que el IFE pueda de manera aleatoria poder validar que esas personas son de ‘carne y hueso’ y a partir de allí entonces iniciar el procedimiento legislativo. Porque hoy lo que tenemos es la buena voluntad de que le demos vigencia a estas cartas ciudadanas, pero no tenemos un procedimiento claro para saber qué continúa”, subrayó.
En el caso de la consulta popular, la propuesta priista establece que se realizará a petición del Presidente de la República, por el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
El año pasado, el Instituto Federal Electoral estableció en 81 millones 210 mil 918 el número de personas registradas en la lista nominal, por lo que para realizar una consulta popular de carácter ciudadano, la solicitud tendría que estar firmada por más del 1.6 millones de electores.
La priista delimita los temas a los que se circunscribirá la pregunta que se realizará a la ciudadanía, entre otros, se citan, la entrada en vigor de disposiciones normativas, establecimiento de políticas públicas, creación o disolución de órganos públicos y celebración de tratados, convenios o suscripción de documentos por parte del gobierno mexicano con otros países u organismos internacionales.
Quedarán excluidos temas de seguridad nacional o aquellos que claramente contravengan alguna norma constitucional de derechos humanos. En este caso, el árbitro propuesto será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien analizará la viabilidad de la pregunta que será sometida a consideración.
“Te pongo un ejemplo, en el estado del que soy originaria, hace poco se hablaba de que debería normarse hasta dónde un legislador puede aspirar a dejar un cargo de elección popular y pedir licencia y participar en el siguiente, esto es una inquietud muy ciudadana, que quizá en alguna de estas consultas sería interesante ponerlas a discusión”, precisó la legisladora priista, al tiempo que enumeraba otros tópicos como el del aborto, salud, educación y otros alejados del ámbito político.
Toda consulta popular, aclaró, se realizará simultáneamente con los comicios federales, por lo que, de aprobarse su iniciativa, este ejercicio podría realizarse por primera ocasión durante las elecciones federales del 2015.
Cuando la participación total, agregó, corresponda al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, casi 33 millones de votantes, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
La propuesta fue suscrita por el líder de los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón, así como Pablo Escudero Morales, Senador del Verde y presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, misma comisión a la que fue enviada para su dictaminación.
