Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– El Tercer Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación de Xalapa, Veracuz, resolvió a favor el recurso legal interpuesto por la ciudadana Claudia Medina Tamariz, y le decretaron "inmediata libertad", en relación con el delito de posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, porque se concluyó que la mujer sufrió tortura sexual y psicológica al menos 12 horas, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
La resolución indica que las pruebas aportadas por Claudia fueron suficientes para desvanecer los señalamientos como probable responsable del delito.
Claudia fue retenida en una base naval, donde fue sometida a tortura sexual y luego fue presentada como integrante del cartel Jalisco Nueva Generación. Tras una reclusión de 14 días en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, fue puesta en libertad bajo caución, manteniendo vigente el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Luego de más de dos años de batalla legal, el pasado viernes 6 de febrero, el Poder Judicial Federal resolvió a su favor el incidente de libertad por desvanecimiento de datos interpuesto por Medina Tamariz, decretando su “inmediata libertad”.
Acompañada de Mario Patrón Sánchez y Perseo Quiroz Rendón, directores del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional, organizaciones que respaldaron su causa, Claudia Medina anunció que reactivará la denuncia interpuesta en la PGR en 2012 contra los marinos que la torturaron así como iniciará un proceso por la reparación de los daños sufridos.
En conferencia de prensa, Medina Tamariz apuntó que después de más de dos años de los hechos, lo que pretende es el castigo a los responsables de la tortura para que “los torturadores ya no sigan deteniendo personas de esta forma y poniéndolas a disposición de las autoridades”.
Agregó que espera que con la resolución del Tercer Tribunal Unitario favorezca a su esposo, quien también víctima de tortura por parte de los marinos.
El tribunal analizó los dictámenes psicológicos y médicos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por peritos independientes (médico cirujano, especialista en psiquiatría y medicina social), concluyendo que “durante el lapso, de al menos 12 horas, la procesada fue sujeta de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, publicaron Amnistía internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Prodh), en un comunicado.
AI y Centro Prodh han podido documentar que Medina Tamariz fue torturada y acusada falsamente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La resolución judicial señala que el único elemento que existía contra Tamariz era por parte del informativo de los elementos de la Marina. El cual: “quedó desvirtuado al no existir medio de convicción alguno que demuestre, al menos de forma indiciaria, su probable responsabilidad”.
Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reconocen la importancia de esta decisión en el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia de Claudia Medina. No obstante, estos esfuerzos no son suficientes para combatir la impunidad en la que se encuentran varios casos de tortura y malos tratos en México.
El caso de Medina Tamariz evidencia estos patrones estructurales de actuación de las autoridades en la fabricación de presuntos responsables, al margen de la política de seguridad de los últimos años. Por ello, las organizaciones exigieron al gobierno que "se asegure que ninguna investigación judicial contenga confesiones o testimonios obtenidos a través de tortura u otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo la Procuraduría General de la República (PGR)" realice de inmediato una investigación exhaustiva e imparcialmente a quienes perpetraron estos actos contra Claudia Medina.
Desde mayo de 2014 Claudia Medina forma parte de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual", la cual tiene como objetivo visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta protección que deberían proveer a la sociedad. Actualmente son 19 mujeres las participan en esta campaña.
