México, 9 mar (EFE).- El Pacto por México es el principal logro del presidente Enrique Peña Nieto en sus primeros cien días en el poder, pero la expansión de grupos de autodefensa se convirtió en un problema “grave” que deberá afrontar con claridad, estimaron hoy analistas.
En general, los expertos consultados por Efe hicieron un balance positivo del primer tramo de mandato de Peña Nieto en términos de expectativas y mensajes en “la dirección correcta”, que en la mayoría de los casos aún deben ser aterrizados.
El investigador José Antonio Crespo destacó que por sí mismo el Pacto por México que Peña Nieto firmó con los principales partidos opositores “es importante, independientemente de los productos que salgan de allí”, porque muestra una “buena disposición” para lograr acuerdos.
El Pacto, que incluye 95 compromisos, ya arrojó resultados concretos: la aprobación el 25 de febrero pasado de la reforma educativa y un día después la detención de la dirigente del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, apuntó.
Esa captura, indicó, supuso “un golpe firme contra un poder fáctico que puede servir o no como un precedente importante en contra de la corrupción, dependiendo de si se amplía a otros personajes”.
Si es aislado, se trata de un “viejo recurso del PRI (Partido Revolucionario Institucional) que no tendrá efectos sobre la corrupción y la impunidad”, pero si incide en la forma en que funciona el Sindicato, entonces será “algo nuevo y positivo para la rendición de cuentas”, manifestó.
El analista Federico Berrueto fue más optimista al señalar que el arresto de Gordillo, que durante décadas fue clave en los arreglos políticos del país, supone un precedente “trascendental” en la lucha contra la impunidad.
Gordillo está acusada de delincuencia organizada y operaciones financieras irregulares para desviar fondos de las cuotas sindicales por un monto superior a 2.000 millones de pesos (157 millones de dólares) con el fin de sufragar sus gastos personales.
Su detención es un mensaje dirigido no sólo a otros líderes sindicales sino a políticos y empresarios, a todos “los factores de poder” que intenten ir más allá de la ley, sostuvo Berrueto.
Sobre el Pacto por México, resaltó que representa un momento “inédito, sin precedentes” para alcanzar acuerdos que permitan aprobar en el Congreso las reformas estructurales del país, aunque admitió que ante coyunturas electorales la oposición puede regatear su apoyo.
En la parte negativa de estos primeros 100 días, que se cumplen el domingo, destacó la “persistencia del problema de la inseguridad” y la aparición de grupos armados que han decidido tomar la justicia en sus manos ante la violencia y la impunidad. “La gente está desesperada” y quiere resultados tangibles, dijo.
Señaló que éste es “uno de los temas que deberá atacar el Gobierno con mayor claridad”, algo en lo que coincidió Crespo, ya que la situación puede “salirse de las manos”, ir en sentido contrario al mando único policial en los estados que Peña impulsa, y generar “mayor desorden y desintegración”.
Se trata de “un foco rojo muy grande”, afirmó Crespo, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien destacó la necesidad de que el Gobierno de Peña Nieto, que hasta ahora se ha mostrado “titubeante” en este tema, adopte medidas eficaces al respecto.
Indicó que aún no ve una “diferencia clara” entre la actual estrategia de seguridad y la impulsada por el hoy expresidente Felipe Calderón (2006-2012), en cuyo mandato murieron unas 70.000 personas en acciones vinculadas al crimen organizado.
Sin embargo, en opinión de Crespo, el “mayor tropiezo” de Peña Nieto fue la presentación pública de su declaración patrimonial, una promesa de campaña que terminó en “una burla” dado que no incluyó el valor de las nueve propiedades que dijo tener.
En su balance, Amnistía Internacional lamentó que Peña Nieto no haya dado “prioridad suficiente” a la protección de los derechos humanos en una país con grave deterioro en esta materia, y le exhortó a romper con “las promesas vacías” y terminar con la “impunidad en los abusos”.
No obstante, resaltó el avance que representa la promulgación de una ley que protege los derechos y repara los daños sufridos por las víctimas de la violencia, una norma que el propio mandatario considera “perfectible” y que fue criticada por algunas organizaciones civiles al considerar que tiene errores que la hacen inoperante.
Según una encuesta de la firma Parametría, la aprobación a la gestión de Peña Nieto ha subido al 59 %, cuatro puntos porcentuales más que cuando asumió el poder el 1 de diciembre.
En la evaluación por áreas, el presidente sale menos favorecido en combate a la delincuencia, en la que un 57 % califican su actuación de mala o muy mala; generación de empleos, con un 52 % que se expresan de igual forma, y lucha contra el narcotráfico, también con un 52 % de evaluaciones desfavorables. EFE
