Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- La tarde del 26 de febrero, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la detención de Elba Esther Gordillo, ex lideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sociedad conoció de viva voz de un funcionario público –le tocó al Procurador Jesús Murillo Karam–, lo que era un secreto a voces: el despilfarro exorbitante y la vida de lujos de la dirigente de un sindicato de trabajadores del Estado.
Desde ese día, el dirigente gremial más cuestionado (en las redes sociales y en los medios) ha sido Carlos Romeros Deschamps.
Aunque el gobierno federal, el Partido Revolucionario Institucional y los líderes priistas en el Congreso han cerrado filas entorno al líder petrolero, legisladores de los partidos políticos de oposición intentan frenar la opacidad al interior de los sindicatos de burócratas y evitar el uso indiscriminado -y completamente oculto- de recursos públicos.
La Senadora por Movimiento Ciudadano, Layda Sansores San Román, exigió al Gobierno Federal quitarse la careta e ir de lleno contra otros líderes sindicales corruptos que viven del patrimonio de los trabajadores.
“Fuera máscaras”, dijo. “Si existen sindicatos verticales y corruptos, es porque existe en nuestro país un sistema presidencialista vertical y corrupto. Los engendra, los tolera, los solapa, los acepta con recursos, y cuando quiere, de un soplido los desaparece. Así les hace: ¡Pim! La medida del encumbramiento de los líderes sindicales, es del tamaño del encumbramiento del Gobierno”, señaló la legisladora.
La única Senadora de Movimiento Ciudadano en esta legislatura presentó una iniciativa para reformar el Artículo 123 constitucional, a fin de establecer en la Carta Magna que los sindicatos son entidades autónomas y de interés públicos.
Es decir, la legisladora pretende avanzar hacia una verdadera democratización sindical, que permita a los trabajadores elegir libremente a sus dirigentes y que éstos rindan cuentas de los recursos que hacen del patrimonio sindical.
En el mismo tenor está la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado. Ya propuso reformar la Ley Reglamentaria del apartado “B” del Artículo 123 constitucional, que se refiere a las relaciones laborales de los Trabajadores al Servicio del Estado. La idea es simple: fomentar la transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical, entre los Trabajadores al Servicio del Estado.
La propuesta fue presentada el martes 5 de marzo en la tribuna de la cámara alta, por el Senador panista Javier Lozano Alarcón.
“Que la rendición de cuentas se haga cada 6 meses, tal y como lo hicimos en la Reforma Laboral, y que cualquier trabajador pueda en cualquier momento pedir cuentas a la directiva de su sindicato. Y que si su petición no es atendida, pueda acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que se proporcione la información y que incluso se pueda autorizar al trabajador a dejar de pagar su cuota sindical si no se suministra esta información”, detalló quien fuera Secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Actualmente los sindicatos regulados en el apartado “B” no tienen obligación de rendir cuentas periódicamente. Por el contrario, son incontables las trabas que los sindicatos ponen cada vez que alguien intenta conocer sus estados de cuenta.
Incluso, si un trabajador desea conocer el uso de sus aportaciones y no está de acuerdo con el informe de su directiva, necesita llamar a una asamblea extraordinaria para solicitar la rendición de cuentas. Simplemente para emitir la convocatoria de la asamblea extraordinaria, requiere el 33 por ciento del total de sus compañeros.
Para que la solicitud de información sea válida se requiere del voto de dos terceras partes de los miembros del sindicato presentes.
El PAN propone, además, prohibir la retención de las cuotas sindicales del salario quincenal de los trabajadores.
“Que no sea haga en automático como si fuera el pago de impuestos. Que permitan que los propios trabajadores sean los que por su propia voluntad, y de los mecanismos que acuerden con su dirigencia, entreguen esas cuotas sindicales, pero que no se les retenga automáticamente de su quincena y de su salario” puntualizó el legislador panista.
El Senador invitó a legisladores del Partido Revolucionario Institucional a unirse a la iniciativa si realmente quieren acompañar al Presidente Enrique peña Nieto en su anuncio de que no hay “intocables” en el país.
PRD PROPONE REPORTES SEMESTRALES
La Senadora del Partido de la Revolución Democrática Alejandra Barrales dijo que los recursos de los sindicatos son de sus agremiados y no de sus dirigentes sindicales.
Exigió poner fin a la red de corrupción y complicidades con las cuales, líderes gremiales y funcionarios públicos han convivido durante décadas.
“Queremos hacer un llamado, queremos convocar para que de una vez por todas se deje de proteger a los líderes sindicales que aparentemente garantizan votos, que prometen estabilidad. Y en su lugar, podamos proteger a los trabajadores que verdaderamente son la base de este país”, subrayó quien fuera Secretaria General del Sindicato de Sobrecargos de México.
El Sol Azteca también presentó su iniciativa de reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para trasladar a los gremios de burócratas, los beneficios de la reforma laboral, en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas del sindicalismo.
La legisladora planteó establecer en la legislación laboral controles para garantizar el buen uso del patrimonio de los sindicatos.
De prosperar la iniciativa perredista, se establecería en el artículo 77 de la Ley citada como obligación de de los sindicatos:
Rendir cuentas ante la asamblea general sobre el ingreso, ejercicio y destino de las cuotas o aportaciones y los bienes que integren el patrimonio sindical, al menos cada seis meses, entregando una copia de dicho informe a cada uno de los trabajadores pertenecientes al sindicato dentro de los diez días siguientes a cada periodo. En todo momento se respetará el derecho de los trabajadores para solicitar información adicional a la contenida en los informes presentados por la directiva ante la asamblea.
“La rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos, de los sindicatos, se han ocultado con el pretexto de que es información confidencial, que sólo compete a la propia organización. Sin embargo, esto es también un secreto hasta para sus propios integrantes, se ha convertido en información clasificada de imposible acceso”, apuntó la Senadora Alejandra Barrales al exponer la iniciativa.
Recalcó que los recursos derivados de las aportaciones de los trabajadores, deben utilizarse en beneficio de ellos mismos, por lo que reiteró el llamado al PRI y al Gobierno Federal a sumarse al esfuerzo para combatir la opacidad y corrupción sindical.
