El informe de Artículo 19 refiere que en 7 de los 23 casos, los comunicadores cubrían temas de corrupción; en cinco investigaban vínculos entre autoridades militares, federales y estatales con el crimen organizado; en 15 reportaban hechos relacionados con el crimen organizado; en seis su fuente era la nota roja, y en tres de 23 la policiaca.
Artículo 19 tuvo conocimiento de que en el periodo 2003 a 2015, en promedio han desaparecido dos periodistas por año. Foto: Artículo 19.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– En los últimos doce años 23 periodistas han desaparecido en México. El 65 por ciento de los casos se han concentrado en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán, reportó este día la organización Artículo 19 en su informe “Periodistas desaparecidos en México”.
Al inicio de la presentación del informe, la organización hizo un llamado a la búsqueda y aparición con vida de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar, quien el día de ayer fue plagiada por hombres armados que ingresaron a su casa. “Es lamentable que antes de la presentación de este informe se dé una desaparición más”, dijo Paulina Gutiérrez, de Artículo 19.
La organización consideró “indignante e igualmente ilegal” que en dos de los 23 casos de periodistas desaparecidos, las autoridades estatales han cerrado las investigaciones bajo justificaciones basadas en la identificación errónea de restos supuestamente pertenecientes a los periodistas.
Dijo que el nivel de gravedad de las desapariciones de periodistas en México deriva en tres aspectos muy alarmantes y relacionados entre sí:
1. La impunidad en la totalidad de los casos.
2. El pleno desconocimiento de su paradero por deficientes procesos de búsqueda, localización y/o identificación.
3. Los elementos que motivan la desaparición de cada uno y una de los periodistas desaparecidos, mismos que no son agotados como líneas de investigación y potencialmente aportarían indicios para considerarla desaparición forzada.
Artículo 19 tuvo conocimiento de que en el periodo 2003 a 2015, en promedio han desaparecido dos periodistas por año. Dijo que en Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco se tienen entre uno y dos casos de desapariciones.
El informe refiere que en 7 de los 23 casos, los comunicadores cubrían temas de corrupción; en cinco investigaban vínculos entre autoridades militares, federales y estatales con el crimen organizado; en 15 reportaban hechos relacionados con el crimen organizado; en seis su fuente era la nota roja, y en tres de 23 la policiaca.
“Los hallazgos anteriores, en su conjunto, sirven para afirmar que existe un patrón donde en 96 por ciento de los casos de desaparición de periodistas se identifican como antecedentes la cobertura periodística relacionada con temas de corrupción y problemas de seguridad pública donde estaban involucradas autoridades y delincuencia organizada”, dice el reporte.
Refiere que por lo tanto existe “un nexo causal” entre el tipo de cobertura, el contenido de las publicaciones y la búsqueda de información que realizaba el periodista, “así como con los actores que pudieron ver afecta dos sus intereses por la búsqueda, recepción y difusión de la información”.
En el informe, Artículo 19 busca exponer “las deficiencias del Estado y la falta de voluntad para atender estas violaciones graves a derechos humanos”. En particular, el organismo civil retoma el caso de Moisés Sánchez, periodista de Veracruz, inicialmente víctima de desaparición forzada y posteriormente asesinado.
Menciona que en el caso de Moisés Sánchez, periodista de La Unión de Medellín, la línea de investigación apunta a posible participación de autoridades municipales. Dice que se trata de un “caso paradigmático que visibiliza los patrones de impunidad y permite pronunciarnos respecto a la urgente necesidad de atender el fenómeno de desapariciones forzadas en México”.
Artículo 19 detalla que en cuatros de los casos de desaparición se encontraban involucradas autoridades militares en la información buscada y/o publicada por las víctimas, en cinco se encontraban involucradas autoridades federales, en cuatro casos autoridades estatales, en tres autoridades municipales.
Se informa además que en dos casos existieron amenazas directas por parte de autoridades militares y municipales en relación con su búsqueda y difusión de información y en cinco hubo amenazas por sujetos no identificados, previo a su desaparición.
“Los deberes de prevención y protección de las autoridades mexicanas se encuentran comprometidos, ya que en virtud de sus compromisos internacionales el permanente desconocimiento del paradero de la víctima de desaparición forzada, producto de la privación de la libertad por agentes estatales o particulares que actúen con aquiescencia o tolerancia de los primeros, violenta de manera grave los derechos a la integridad y a la vida en tanto los hechos permanezcan impune”, dice el reporte.
Dicho de otra manera, menciona el reporte, tanto las autoridades estatales como federales, en materia de procuración y administración de justicia, desestiman sin justificación suficiente y razonable los nexos causales relacionados con la actividad periodística de las víctimas, lo cual abre una brecha de relevantes indicios que se ignoran, e incluso ocultan, sistemáticamente.
