Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Todos los servidores públicos tienen la obligación atender las recomendaciones en materia de derechos humanos y en caso de no hacerlo, desde ahora tendrán la obligación de justificar públicamente los motivos que fundamentaron su rechazo, esto, gracias a la reforma aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Al igual que el Senado, días antes, la Cámara de Diputados avaló agregar en el artículo 47 en la citada Ley, para establecer que en el supuesto de que un funcionario decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones del ombudsman o las comisiones de derechos humanos nacional o estatales, el servidor público deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola.
“Permite transparentar las acciones y omisiones de los servidores públicos, así como una adecuada y oportuna rendición de cuentas, dando paso a la exigencia de responsabilidades sin que medie ningún obstáculo para ellos”, aseguró el Diputado Jorge Terán Juárez al fundamentar el dictamen en sesión de la Cámara de Diputados.
A decir de legisladores de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la reforma elimina la discrecionalidad de los funcionarios públicos para acatar o no las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) y fortalece la figura del ombudsman.
“El ombudsman se hace de mayores elementos para acudir al Ministerio Público a denunciar si así lo estima pertinente, pero además tiene la facultad de solicitarle a la Cámara de Senadores o en su receso a la Comisión Permanente, que llame a comparecer a las autoridades o a los servidores públicos responsables a efecto de que explique el motivo de su negativa a cumplir con las recomendaciones”, aseveró el legislador priista.
Con esta reforma se homologa la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 11 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, con las reformas subsecuentes a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Fortalece al Ombudsman, ya que sus recomendaciones no quedarán en el olvido, sino que al organismo garante de los derechos humanos se le reconoce autoridad para recibir una respuesta por parte de los servidores públicos, lo cual resultará un elemento fundamental para las actuaciones que decida emprender en la exigencia de responsabilidades”, aseveró Ximena Martel Cantú, Diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La reforma en materia de derechos del 2011, permitió, entre otras, la vía legal para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
ESTADO INCUMPLE RECOMENDACIONES DE CNDH
Legisladores de oposición sumaron su respaldo a la reforma para obligar a los servidores públicos a explicar su rechazo a alguna recomendación de la CNDH, sin embargo, durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios externaron su preocupación por el incremento de casos de violaciones de derechos humanos.
De seis años a la fecha, detalló el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, “existe un incremento drástico de homicidios relacionados con el crimen organizado, desapariciones forzadas, arraigo, tortura, feminicidios, atentados contra periodistas y maltrato a migrantes”.
Son muchos los grupos o personas que debido a su condición socioeconómica de género, de origen étnico o nacionalidad, entre otros factores, son altamente vulnerables y pueden verse expuestos a la violación de sus derechos humanos.
Según datos del tercer informe de labores del titular de la CNDH, en el 2005 solo hubo una queja por tortura. En contraste, en el 2011 se registraron 2 mil 40 quejas por tratos crueles e inhumanos. De igual manera, en el 2005 se registraron 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad pública y la cifra subió en 84 por ciento, en los últimos tres años.
No obstante lo anterior, el Estado mexicano ha incumplido con algunas de las recomendaciones planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“No deja de ser para nosotros indignante que las violaciones graves a los derechos humanos, que si bien está documentado, se le infringen, se le aplican al ciudadano común y corriente, resalta el golpe que se les aplica a los activistas sociales, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y fotorreporteros, a quienes se oponen a los mega proyectos, a las mineras o quienes se organizan contra los altos cobros de la energía eléctrica y del agua potable, hay que resaltar la persecución en el norte y en el Estado de México de las mujeres y de las militantes feministas”, subrayó el legislador de Movimiento Ciudadano.
El tercer informe de labores agrega que en el 2012, 36 recomendaciones, es decir, el 35 por ciento de las 93 totales por violaciones graves a derechos humanos fueron remitidas a las secretarías de Seguridad Pública, de Defensa Nacional, Marina, Gobernación, y al Instituto de Migración por los delitos de tortura, cateos y retenciones ilegales, desaparición forzada y violaciones sexuales.
FOCOS DE ATENCIÓN
El Partido del Trabajo, en voz de la Diputada Loretta Ortiz Ahlf, respladó el dictamen de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No obstante llamó la atención a imponer sanciones a los funcionarios que omitan deliberadamente incumplir alguna recomendación de la CNDH.
“Debería fortalecerse, no solamente a través de una responsabilidad de los servidores públicos y haciendo la reforma pertinente, en este caso, sino establecer un delito, incluso, una tipificación de un delito para aquel funcionario o servidor público que no justifique o motive el no cumplimiento de alguna recomendación de algún ombudsman o comisión de Derechos Humanos y que lo haga público”, afirmó la Diputada Loretta Ortiz.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática llamó a avanzar en reformas subsecuentes, que eviten que servidores públicos caigan “en la tentación” de incumplir los llamados de las comisiones encargadas de vigilar los derechos humanos.
“Conviene recordar, que no obstante los avances logrados en la materia, aún persiste en el comportamiento de un gran número de servidores públicos la tentación de pasar por alto la observancia del marco normativo correspondiente, incurriendo en actitudes que luego de ser conocidas oportunamente, pudieran dar la oportunidad de ser sancionadas de manera ejemplar por las instancias correspondientes”, sostuvo el perredista Domitilo Posadas Hernández.
Por su parte, el Diputado de Movimiento Ciudadano, Gerardo Villanueva, alertó sobre la posibilidad de que la opacidad en las determinaciones de funcionarios, se observa en otros ámbitos del servicio público, por ejemplo, dijo, en “la criminalización de la protesta social, porque buena parte del ataque a los derechos humanos se da en contra de activistas precisamente que defienden y difunden los derechos humanos en nuestro país”, concluyó.
