El mapa de las agresiones con la prensa en México, como el de la violencia contra la población en general, ha sufrido una modificación territorial notoria en los últimos cinco años, y especialmente en los últimos tres años de la administración del priista Enrique Peña Nieto.
Especialistas consultados por SinEmbargo, cifras de ONGs nacionales y extranjeras, y estudios relacionados con el tema de la libertad de expresión coinciden en la falta de investigaciones oportunas, imparciales y rigurosas protege a los responsables de violaciones de derechos humanos –la mayoría de ellos autoridades y funcionarios públicos de todos niveles.
Además, esa ausencia de investigaciones rigurosas fortalece el sistema de impunidad en México y la adversidad en el libre ejercicio periodístico, que no sólo vulnera a la prensa, también a la sociedad mexicana y su derecho a la información.
En este escenario, México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con decenas de comunicadores muertos, desaparecidos y exiliados, además de medios acosados y bajo amenaza, sin que hasta ahora el Gobierno federal haya tomado con seriedad esta situación que abona a la mayor crisis de derechos humanos que haya visto este país en su historia moderna.
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El trabajo periodístico que pone de relieve las fallas o los abusos del poder siempre ha resultado incómodo para el Gobierno en México. De acuerdo con la historiadora Celia del Palacio Montiel, una de las principales investigadoras sobre la evolución de la prensa en el país, desde la década de 1870, por ejemplo, existen registros de periodistas agredidos por hacer publicaciones satíricas en contra de Benito Juárez, cuando éste intentaba reelegirse. “No se diga durante el Porfiriato: es bien sabido que muchos periodistas críticos eran asiduos visitantes de la cárcel de Belén. Muchos Gobernadores de la época también agredieron, mandaron golpear, apresaron a periodistas por el hecho de haberlos criticado”, explica.
El uso de la fuerza disminuyó con el priismo del Siglo XX, agrega, cuando los gobernantes aprendieron en 70 años a controlar los medios de comunicación a través del suministro de papel y los sobornos como “el chayo, los viajes, los regalos”.
Pero la violencia volvió, y de manera “virulenta”, con la alternancia, ese periodo en el que el PRI perdió, primero, el Congreso y, en 2000, la Presidencia de la República.
“En esta breve alternancia, las relaciones entre prensa y poder se desestabilizaron, cambiaron, y las agresiones aumentaron, con el agravante del empoderamiento y visibilización de los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, que han ejercido también violencia contra los periodistas en su esfuerzo por controlar la agenda mediática a su favor”, comenta Del Palacio, también fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa de Iberoamérica.
Fue entonces que, de acuerdo con todos los diagnósticos, México se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Al menos 36 periodistas han sido en los últimos nueve años, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés).
Siete, según la organización Artículo 19, tan sólo entre enero y julio pasados, o un reportero asesinado por mes este 2015: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza, en Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca; Gerardo Nieto, en Guanajuato, y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.
Los datos de Artículo 19 muestran cómo, pese a que el peligro en el que se ejerce el periodismo en México ha sido motivo de alerta incluso internacional desde el sexenio pasado, la situación sólo ha ido en aumento: el promedio de 182 agresiones que se registraron cada año en la administración anterior se rompió en la primera mitad de este 2015, cuando la organización contó 227 casos.
“La crisis de derechos humanos que se vive en el país ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión. A pesar de las advertencias y recomendaciones otorgadas por organismos internacionales, los casos se caracterizan por la inactividad del Gobierno federal”, dice el reporte “Más violencia, más silencio”, difundido por Artículo 19 el pasado 6 de julio, tres semanas antes del asesinato de Espinosa junto a otras cuatro víctimas.
“La falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México (…) la adversidad en el libre ejercicio periodístico, que no sólo vulnera a la prensa, también a la sociedad”, agrega el documento.
Esta “virulencia”, dice Del Palacio, la frecuencia y la cantidad de los ataques contra los periodistas, es lo que no tiene precedentes en la historia nacional.
“Lo peor de todo es la impunidad absoluta”, advierte la también fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica. “Cualquiera, llámese fuerzas policiacas, Gobiernos estatales, Gobiernos municipales, grupos de choque, partidos políticos, narcotraficantes, delincuencia organizada, puede agredir, matar a un periodista, con una altísima probabilidad de que lo haga en total impunidad”, dice.
OAXACA, LA NUEVA ALERTA
El mapa de las agresiones con la prensa en México, como el de la violencia contra la población en general, ha sufrido una modificación territorial notoria en los últimos cinco años. De acuerdo con Javier Garza, periodista mexicano y codirector de una base de datos que compila y geo-localiza los casos de agresiones, los homicidios y secuestros de comunicadores que hasta 2010 se concentraban en los estados del norte, ahora, dice, se concentran de manera acelerada en la parte sur del país.
Esta modificación espacial fue motivo de un artículo que Garza publicó en El País el pasado 7 de julio, titulado “Violencia contra periodistas en México: de norte a sur”, que advierte también que estas agresiones, sobre todo en Veracruz, llaman la atención porque presentan un marcado incremento. Oaxaca, advierte, presenta un patrón similar.
“Los casos del sur han cobrado más atención porque han ido en aumento sostenido. En 2010 no hubo asesinatos de periodistas en Veracruz. En los 10 años previos se registraron cinco y en los últimos cinco años se cuentan 12. En Oaxaca la violencia ha trepado silenciosamente: un periodista asesinado en 2013, otro en 2014, tres en lo que va de 2015, el más reciente el del locutor Filadelfo Sánchez, acribillado el 2 de julio al salir de su programa de radio”, dice el texto.
“El deterioro de las condiciones para ejercer periodismo en esos estados se ha dado bajo las gubernaturas de Javier Duarte en Veracruz y Gabino Cué en Oaxaca. Más que una coincidencia, la realidad marca una tendencia de cheque en blanco para cualquiera que piense que sus problemas se solucionan matando periodistas. Claro, esto no es exclusivo de estas dos entidades. Mañana puede darse en cualquier otra parte del país si no se frena la impunidad”, agrega el texto.
DEMOCRACIA EN RIESGO
De acuerdo con diferentes fuentes, los ataques contra la prensa afectan no sólo a las víctimas directas, sino a la sociedad en general, que es destinataria de la información que deja de producir el agredido. La falta de información, a su vez, reduce las opciones y los elementos que los ciudadanos tienen para tomar decisiones relacionadas con su vida pública. Y con esta reducción de opciones y de fuentes informativas, advierten los académicos y los diagnósticos, lo que se pone en riesgo son los derechos humanos a la información y la libertad de expresión y, con ellos, la vida democrática.
En una entrevista publicada el 3 de septiembre en SinEmbargo, el coordinador del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, explicó por qué los problemas por los que atraviesan los periodistas en el México actual no son exclusivos de la prensa. “Es un problema que va más allá y que afecta a toda la sociedad mexicana. Tiene que ver con el clima de temor e intimidación que produce mucho miedo y conduce a la censura, tiene que ver con la afectación de derechos humanos como la libertad de expresión, aunque esté garantizada en la Constitución, muchísimos ciudadanos no pueden ejercerla plenamente porque existen estas circunstancias que hacen que muchos prefieran abandonar la profesión, que prefieran optar por autocensurarse, por temor. Esta afectación a los derechos humanos es una inhibición a la posibilidad de que los mexicanos debatan abiertamente muchos de los temas que afectan a la sociedad. Limitan el debate y crean una sociedad menos informada, menos trasparente y menos democrática”, dijo.
“Si bien es gravísimo que se prive de la vida a cualquier persona y que no haya justicia, en el caso de los periodistas que pierden la vida o son agredidos en el ejercicio de su trabajo, estamos hablando del silenciamiento de la propia sociedad, del ataque al derecho a la información, al derecho al crítica, a la denuncia. Cada vez que se silencia a un periodista crítico, se está golpeando seriamente a la democracia y a la sociedad en su conjunto”, dice Del Palacio.
De acuerdo con Salvador de León Vázquez, sociólogo investigador de temas como periodismo, comunicación política y medios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el objetivo de garantías constitucionales como los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información son mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.
“Se ha señalado que una democracia sustantiva, más vivencial, que genere en la sociedad una actitud democrática, puede observarse en diferentes contextos de la vida cotidiana, como el derecho de votar o elegir, y entre más oportunidades haya de elegir, más fuerte es la cultura democrática, y con menos, nos enfrentamos a la imposición; entonces, tenemos una cultura democrática mas frágil, débil, y en consecuencia no se consolida”, dice De León.
En entrevista vía telefónica, comenta que, así como el oficialismo podría ser la característica principal del periodismo que, aun con excepciones, predominantemente se hizo en México en el siglo anterior, “quien ahora hable del periodismo mexicano debe mencionar la violencia”.
VERACRUZ, “PELEA CONTRA EL SILENCIO”
En Veracruz, la extrema violencia ha dejado consecuencias aun en las aulas de las facultades de Comunicación. De acuerdo con Celia del Palacio, el temor “lamentablemente justificado” ha hecho que los alumnos ya no quieran estudiar periodismo y que incluso, también por temor, muy pocos investigadores estén abordando el tema de la violencia contra la prensa en esa entidad.
“Como lo han planteado varios investigadores, las relaciones entre empresarios mediáticos y Gobierno(s) son patrones de negocios en donde la fuerza de trabajo (los periodistas, los reporteros) son lo menos importante. Se debe satisfacer al ‘cliente’, con lo cual puede silenciarse, correrse a cualquiera que critique a los personajes en cuestión. Ya que los periódicos están inmersos en una crisis económica, dependen casi únicamente de los convenios (poco transparentes) con los Gobiernos de todos los niveles”, comentó la escritora en un ensayo enviado a SinEmbargo en respuesta a un cuestionario.
“Con todo ello, los periodistas (sobre todo en la provincia) sufren de una violencia que puede llamarse estructural: bajos salarios, ninguna seguridad laboral, ninguna protección en caso de ataques, poco respeto por el trabajo, en el sentido de cambiar, mutilar o ‘bajar’ las notas que no sean del agrado de los poderosos, total explotación laboral”, agregó en el texto.
La violencia contra los comunicadores ha generado ya zonas de silencio en el país y podría ampliarse, advierte Marcela Turati, fundadora de la Red de Periodistas de a Pie que ha monitoreado y también documentado diversos casos de agresión a reporteros en diferentes partes de México.
En Tamaulipas, dice, los secuestros, las balaceras y las decapitaciones aun de quienes reportaban en redes sociales fueron “ejemplificantes” y, junto con la impunidad, forzaron el silencio de casi toda la prensa del estado.
Estas mismas condiciones, agrega Turati, son las que se viven en Veracruz, donde se comparten además territorios controlados por la misma clase “narcopolítica” y donde también hubo asesinatos que llama “ejemplificantes”.
Pero la diferencia, menciona la también colaboradora de la revista Proceso, es que en Veracruz hay una generación de reporteros en resistencia, como quienes a la muerte de Rubén Espinosa inauguraron Voz Alterna, un colectivo de difusión de información periodística que colegas y amigos habían planeado con el fallecido.
“Veracruz es importante porque ahí se libra en este momento una lucha contra el silenciamiento del país. Y ya llevan muchos años, llevan muchos muertos, 14 periodistas muertos. Son reporteros que han tenido que ver cómo sus jefes son encontrados en bolsas, hechos pedazos. Están viviendo el proceso que se vivió en Tamaulipas, que es territorio Zeta, con la narcomafia gobernando, la misma clase política y crímenes ejemplificantes que hicieron que los periodistas no volvieran a salir. Pero acá, desde Regina Martínez [corresponsal de Proceso en Xalapa, asesinada en 2012], el mensaje era claro y aún siguieron saliendo”, dice.
“Y por lo que están haciendo, aunque saben que los están matando, se les tiene que ayudar, porque ellos están peleando en este momento por la causa más importante de todas, que no se silencie esa parte”, agrega.
Celia del Palacio coincide: “Es preciso que la sociedad en su conjunto sea consciente de lo que se pierde cada vez que se silencia a un periodista. Es preciso que el propio gremio se una, ya que es lamentable que algunos de los propios periodistas se levanten como acusadores y verdugos de sus compañeros. Si esto no ocurre, la libertad de expresión, la democracia en sí seguirá siendo vulnerada, hasta que no haya nadie que pueda levantar la voz y el autoritarismo se generalice una vez más”.
