Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– Cientos de ciudadanos salieron este fin de semana a las calles del Estado de México y de Veracruz para exigir a sus gobernadores, los priistas Eruviel Ávila Villegas y Javier Duarte de Ochoa, condiciones de seguridad ante los homicidios, secuestros y extorsiones que tienen que enfrentar día con día.
Tanto Ávila Villegas como Duarte de Ochoa han insistido que trabajan de manera eficaz para restablecer los índices de seguridad e incluso han afirmado que los delitos de alto impacto han reducido en sus respectivas entidades. Sin embargo, las personas y las cifras oficiales han desmentido sus declaraciones.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican al Estado de México como la entidad más violenta del país con 3 mil 76 homicidios dolosos reportados desde enero de 2013 hasta julio del presente año. Las mismas cifras indican que en el gobierno de Javier Duarte han ocurrido el mayor número de asesinatos, extorsiones y secuestros en las últimas tres administraciones.
El pasado 19 de agosto el Gobernador Javier Duarte de Ochoa aceptó que pese a que el índice delictivo en la entidad ha disminuido de acuerdo al último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los secuestros han aumentado. “El índice de los secuestros es un tema que tenemos que analizar bajo otra óptica, que es el único digamos delito que se nos ha incrementado, de ahí en fuera todos los delitos van a la baja”, afirmó.
Ese mismo día, Eruviel Ávila Villegas aseguró que los delitos de alto impacto en el Edomex se redujeron en 17 por ciento, entre los que destacó de manera desagregada: 20 por ciento en robo con violencia; 14 por ciento, los de vehículo; 22 por ciento a transeúnte y casa-habitación y 25 por ciento a empresas. Afirmó además que la extorsión bajó 33 por ciento, en comparación con el año anterior.
A pesar de la disminución de la violencia de la que han hablado los mandatarios, este sábado cientos de personas vestidas de blanco marcharon en el municipio de Nicolás Romero para pedirle a Ávila Villegas y al Alcalde Martín Sobreyra Peña la intervención del Ejército y la Marina; así como acciones reales para combatir la inseguridad en el municipio. Esta manifestación se sumó a la del pasado 31 de agosto en el municipio de Ecatepec, donde los habitantes salieron a las calles para protestar por los altos índices delictivos y exigir condiciones de seguridad.
Con globos blancos y pancartas de “Basta ya”, “Queremos más seguridad en las colonias y escuelas de Nicolás Romero” y “No más impunidad”, los manifestantes caminaron sobre la avenida Atizapán-Nicolás Romero a la altura de El Puerto hasta llegar al Palacio Municipal.
En el trayecto los asistentes, quienes fueron convocados a través de las redes sociales, denunciaron que la violencia en el municipio va en aumento, se reportan todos los días asesinatos, secuestros y extorsiones. Elementos estatales y municipales, así como del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil vigilaron la marcha.
Un día después, en Veracruz, personas y organizaciones marcharon en los municipios de Coatzacoalcos, Xalapa y Minatitlán para exigir a Duarte de Ochoa que pare lo que calificaron como “una crisis de inseguridad en la entidad”.
Vestidos con ropas blancas, los manifestantes, quienes fueron convocados a través de redes sociales, protestaron por el incremento de la inseguridad, secuestros y asesinatos que se han registrado en las últimas semanas.
En Minatitlán, familiares de desaparecidos, víctimas de secuestros y robos se congregaron en el Palacio Municipal en una manifestación pacífica para pedir que se restablezca la paz en el municipio. A su vez, en Xalapa diversas organizaciones, entre las que se encuentra el Colectivo por la Paz, también realizaron una marcha que tuvo como objetivo evidenciar los altos índices de inseguridad.
Medios locales informaron que el detonante para que padres de familiares desaparecidos convocaran a esta marcha por la paz fue el asesinato de la niña Karime en la Ciudad de Coatzacoalcos. Los manifestantes partieron de la Escuela Normal Veracruzana con destino hacia Palacio de Gobierno.
A través de consignas como la de “Únete pueblo” y “Paz y justicia”, reclamaron justicia y seguridad en el estado. También exigieron la renuncia del Alcalde, Joaquín caballero, asimismo del Gobernador, del Secretario de Seguridad Publica de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita y del Procurador del estado Luis Ángel Bravo Contreras.
El caso de la niña Karime conmocionó a la sociedad veracruzana cuando su cuerpo fue hallado sin vida tras dos meses en la que sus padres la reportaron como desaparecida. Los familiares de la menor llevaron a cabo una campaña a través de las redes sociales para encontrar a la menor que el viernes fue encontrada muerta junto a su tía.
Los padres de la niña, Nora Reyes Baruch Cruz y Alejandro Cruz Castro acudieron al Ministerio Público para solicitar la activación de la Alerta Ámber pero no hubo ayuda, pues las autoridades argumentaban que se trataba de un secuestro y no desaparición. El caso lo asumió la Unidad Antisecuestro, quienes realizaron algunas diligencias en el domicilio de la madre de Karime pero después de unos días se desentendieron del tema.
Además de presentar su denuncia ante el Ministerio Público, realizaron diversas manifestaciones en la ciudad veracruzana para protestar contra la inseguridad del estado, además de lanzar una campaña en redes sociales y enviarle cartas al Gobernador Javier Duarte Ochoa y al Presidente Enrique Peña Nieto.
El sábado, el Procurador General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que uno de los señalados ya fue capturado y ratificó ante el Juez su declaración, en la que admite haber participado en el asesinato de la menor; además, está en proceso el cumplimiento de otras dos órdenes de aprehensión, señaló un comunicado.
Con base en la declaración de uno de los detenidos, aseguró que Mónica Teodora Reyes Baruch, tía de la niña, también privada de la vida, participó de manera directa en el plagio de su sobrina. El ilícito lo habría cometido con la ayuda de tres personas, las cuales están plenamente identificadas. José Armando Salinas Linares, uno de ellos, ya fue puesto a disposición del Juez penal, ante quien admitió su culpa.
