Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y representantes de más de 40 organizaciones del Distrito Federal acordaron este día una serie de actividades que realizarán el mes de septiembre en el marco del Tercer Informe del Presidente Enrique Peña Nieto y a un año de la desaparición de los estudiantes.
En un encuentro en las instalaciones de Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) señalaron que el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla un año de la desaparición de los normalistas en Iguala, será denominado como el Día de la Indignación Nacional e Internacional y se realizará una protesta unitaria con la participación de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y académicos.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 dijo que están convocando a un solo movimiento en México que englobe todas las protestas sociales.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los desaparecidos, pidió construir el plan nacional de lucha, que son acciones unitarias conjuntas en determinadas fechas específicas.
En la reunión participaron integrantes de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico nacional (IPN) y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR), los 43 jóvenes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron presuntamente asesinados e incinerados la noche del 26 al 27 de septiembre por el grupo criminal Guerreros Unidos, con la complicidad de policías municipales, que los confundieron con miembros de un grupo rival.
Los familiares de las víctimas rechazan la llamada “verdad histórica” de la PGR y exigen que se continúen las investigaciones porque consideran que el caso no se ha esclarecido debido a que solo se ha logrado identificar los restos calcinados de uno de los jóvenes.
LAS FALLAS Y OMISIONES
El pasado 23 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que las investigaciones sobre la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes tenía “fallas y omisiones” y demostraba una alianza “entre la delincuencia y la autoridad”.
El ombudsman de México, Luis González Pérez, explicó que el informe evidencia fallas en las averiguaciones realizadas por la PGR y la falta de atención a las víctimas por parte de las autoridades. Asimismo, hizo 32 propuestas y observaciones respecto al caso.
El caso de los 43, que conmocionó al país, es investigado también por un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En junio pasado, el juez español Baltasar Garzón Real sostuvo que era “una vergüenza para la humanidad” que no se la haya dado respuesta a los familiares luego de meses de la desaparición de los estudiantes.
“Me he pronunciado varias veces sobre ese caso. Es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado, desde la justicia y, en definitiva, desde la comunidad en general”, consideró el jurista español.
Garzón Real indicó que no se puede permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune, “hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa”, aseveró.
Al caso de los normalistas se han sumado otros expendientes en los que la versión oficial despierta suspicacias, como el asesinato de 22 personas a manos de elementos del Ejército, el 30 de junio del año pasado en Tlatlaya, Estado de México, y recientemente el asesinato del fotoperiodistas Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez y otras dos mujeres más en un departamente de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal.
