Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– La discusión de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión está rodeada de muchos intereses y de distintos discursos que los acompañan y uno de ellos, “que encierra una mentira en el fondo”, es el discurso que busca darle facultades amplias a las agencias de seguridad pública y nacional para cumplir con su deber inaugurando un estado de vigilancia masiva a través de las tecnologías de la comunicación, denuncia Javier Sicilia Zardain, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Detrás de ese discurso, expuso el activista en un pronunciamiento de la Organización No Gubernamental (ONG), “se encierra una de las bases fundamentales del autoritarismo: el poder que se ejerce en secreto, a discreción y sin controles”.
Para Javier Sicilia, ante el nivel de violencia que sufre el país, el argumento de ampliar las facultades de los organismos de seguridad pública parece lo más sensato, sin poner ojo crítico sobre sus planteamientos.
“Muchos hemos sufrido la tempestad del crimen organizado, y frente a un Estado que ha fallado en su tarea más básica, pocos podemos siquiera imaginar el escatimar cualquier recurso”, expone.
Pero el autoritarismo, afirma, está presente en esa propuesta, pues “usando el lamentable contexto del país, se ha vendido la idea de que debemos buscar la seguridad de las personas incluso a costa de ellas mismas”.
Esta visión, añade en el texto, establece que no importa si hay otras maneras de realizar las funciones de seguridad, compatibles con los derechos de todas y todos, “porque la paz es en sí misma fin necesario y suficiente para pagar cualquier costo, incluso el de ceder nuestra dignidad frente a la promesa de sus resultados.
Este tipo de argumentos es incompatible con las libertades que tanto hemos luchado por conseguir”.
Para el líder del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, las libertades como el derecho a la privacidad no deben ser sacrificadas en aras de la seguridad: “Ni una ni otra en prioridad”, por lo que se debe encontrar la armonía para garantizar a ambas.
El dictamen de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión recién aprobado en el Senado de la República, argumenta, “comete este error y devora, en uno de sus capítulos más señalados –el de “Colaboración con la Justicia–, nuestro derecho a la privacidad”.
En sus artículos 189 y 190, destaca, se da un poder absoluto a las agencias de seguridad (ni siquiera definidas en la ley) para que puedan acceder a las comunicaciones privadas y a la localización de todas las personas en el país,
sin ningún control ni contrapeso que pueda servir para prevenir o sancionar cualquier abuso de poder por parte de estas entidades
En el artículo 189, concluye, se establece la obligación que tendrán los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, así como las empresas proveedoras de servicios de aplicaciones y contenidos (éstas no estaban incluidas en la propuesta del Ejecutivo).
ACTIVISTA CONTRA EL AUTORITARISMO
En los últimos meses, Javier Sicilia se ha destacado por sus críticas contra las reformas a las leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones enviada por el Presidente al Senado de la República, donde ahora se discute.
En abril pasado fue protagonista de la cadena humana desde las inmediaciones de Los Pinos, hasta Televisa Chapultepec. El movimiento fue convocado por diversas organizaciones, entre las que se encuentran, Artículo 19, Colectivo Mx, Sopitas, Fundación para la Democracia, el propio Movimiento por la Paz con justicia y Dignidad, así como por políticos, periodistas y cineastas destacados.
El activista ha dicho que lo que está en el futuro es una confrontación entre el magnate Carlos Slim y la empresa Televisa. Sobre esta pugna cuestiona: “¿y los otros, los medios alternativos, la ciudadanía, los medios comunitarios, esos no están contando?”
Lo que atestiguamos, dice, “es un juego de los monstruos que sirven al Estado y el Estado que sirve a los capitales para seguir explotando a la ciudadanía”.
Además considera que el que algunos legisladores operen a favor de los intereses de uno u otro bando solo prueba que el Estado ya no sirve: “Abdicó de su vocación que es armonizar la paz, la democracia y darle justicia a los ciudadanos para servir a intereses criminales ya sean legales o ya sean ilegales”.
