Familiares de desaparecidos en Chihuahua enfatizaron que existe colusión de las autoridades con el crimen, lo que ha agravado las posibilidades de resolver los casos de desapariciones y la identificación de los restos hallados en fosas clandestinas. ¿Qué exigieron a las autoridades?
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Familiares de desaparecidos en Chihuahua acusaron al Gobernador César Duarte Jáquez de impedir la coadyuvancia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el peritaje de restos de cuerpos hallados en fosas clandestinas a lo largo del estado.
“Es imperativo que se permita el trabajo experto en este grupo, ya que el número sigue en aumento. Los grupos sociales siguen trabajando donde el estado claudica, por desinterés o por una participación activa de policías locales, gobernantes de todos los niveles, acuerdos con grupos de narcotraficantes, donde la corrupción y la impunidad imperan”, dijo la Senadora Sylvia Martínez Elizondo del Partido Acción Nacional (PAN).
La incursión del EAAF sería crucial para trabajar con los restos hallados en tres fosas clandestinas, dijeron los familiares de las víctimas, que se encuentran en el Rancho Dolores, en el municipio Ciudad Cuauhtémoc; el rancho Mortero, Cusihuiriachi, y el poblado El Porvenir, en Carichí.
De acuerdo con un informe reciente publicado por Amnistía internacional (AI), la crisis de los desaparecidos en México es generalizada, pero se centra en el estado de Chihuahua, donde hasta el 5 de enero pasado, existían mil 698 personas desaparecidas desde el 2006; y tan sólo en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, por ejemplo, existen al menos 351 personas de las que no se conoce su destino.
Precisamente es en esa demarcación donde los pobladores, por inacción del Gobierno, han salido a buscar a sus familiares y se han enfrentado a amenazas y hasta ataques por parte de grupos armados, denunciaron familiares de desaparecidos.
En el reporte “Un trato de indolencia” de (AI), los municipios de Iguala, Guerrero, y Ciudad Cuauhtémoc, son una muestra de varias facetas de la problemática: la magnitud a la que pueden llegar las desapariciones en México, las formas de reacción del Estado mexicano frente a este tipo de delitos y las afectaciones de los derechos humanos de las víctimas.
Partricia Vásquez, madre de Jesús Alfredo Delgado Vásquez, desaparecido el 28 de octubre del 2013 afirmó que el número de víctimas sigue en ascenso en Ciudad Cuauhtémoc. Pese a esto, el Gobierno estatal incumple con un convenio de colaboración con el EAAF firmado desde el 2014, acusaron familiares.
“Hay un enorme subregistro, la colusión del crimen con las autoridades hacen que vivamos en un narco estado. Sabeos que la ley de víctimas nos protege para elegir peritos de nuestra confianza, pero hemos encontrado varios obstáculos, en especial que el Gobernador César Duarte niega la existencia del problema. No busca a nuestros hijos ni vivos ni muertos, desde el 2011, le estamos solicitando al equipo de antropología forense argentino que investigue fosas”, explicó.
La madre detalló que existe poca confianza en la Fiscalía de Chihuahua y la tecnología que utiliza para procesar los restos quemados.
Esta tensión con el Ministerio Público ha derivado en presiones, acusó, por parte de las autoridades para que se descarté la coadyuvancia del EAAF.
“Han estado presionando para que sea la Fiscalía la que haga el procesamiento de estos casos. Hemos logrando una medida cautelar para impedir que procesen esos restos. Ahora vemos que en el Gobierno de Chihuahua son quienes insisten, pero nosotros queremos que sea el EAAF, porque su basta experiencia internacional acredita certeza y reparo a las víctimas”, dijo Vásquez.
La desconfianza al Ministerio Público también se basa en la transparencia con la que los familiares creen que las autoridades operan, en cambio, afirmaron los forenses argentinos trasladan la información de los restos a las familias.
Legisladores pretenden incluir este y otros aspectos en la discusión de la Ley de Desapariciones Forzadas que se discute en la Cámara Alta.
“Nos preocupa la queja respecto al a incineración de restos humanos. Obviamente, que la Ley establecerá la prohibición de la incineración. Yo creo que incluso podríamos plantear un punto de acuerdo. Tenemos un argumento, y es que no se pueden incinerar los restos cuando no sabemos de quiénes son”, dijo la Senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña.
EL INFIERNO EN CUAUHTÉMOC
“La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, afirmó en enero pasado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo”, agregó Guevara-Rosas.
En su momento, Leticia Sánchez, madre de una víctima de desaparición forzada e integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHM), denunció que la Fiscalía en Cuauhtémoc se encuentra en complicidad con grupos criminales, puesto que cuando alguien denuncia, inmediatamente recibe amenazas o ataques. Además, dijo que los expedientes son apilados sin ser atendidos de tal forma que las las investigaciones nunca concluyen.
“Yo quisiera que el gobierno nos volteara a ver, porque hasta ahora el Gobernador no reconoce el problema en Cuauhtémoc, menos Enrique Peña Nieto que no se da por enterado. Pero ya son demasiadas desapariciones, es mucho desgaste físico, económico y emocional”, expresó Sánchez, madre de Luis Carlos Hernández Sánchez, de 22 años, desaparecido en 2010 junto con sus amigos, a manos de un grupo fuertemente armado.
La activista narró que una de sus compañeras, a quien le desaparecieron un hijo, tras participar en manifestaciones para exigir la aparición de su muchacho, la amenazaron con quitarle otros.
“Ella decía que ya no tenía nada que perder y siguió en la búsqueda de sus dos hijos. Hasta que la desaparecieron. Sabemos que cuando llegó el comando a su casa ella llamó a los policías, pero una fuente que tengo ahí dentro me informó que la orden fue que nadie acudiera a auxiliarla”, agregó Leticia Sánchez.
La mujer aseveró que incluso ella y otro grupo de padres fueron recibidos por el Gobernador priista César Duarte Jáquez, y él les prometió que sus familiares serían encontrados, pero bastaron unos meses para recibir una amenaza, ahora de parte de personal de la Fiscalía de Cuauhtémoc: “No ha aparecido y no va a aparecer porque está haciendo mucha presión”, le dijeron.
Cuauhtémoc es uno de los 67 municipios de Chihuahua y se encuentra en la zona occidental del estado; su cabecera municipal, Ciudad Cuauhtémoc, es una localidad de 114 mil habitantes, que conforma un polo económico importante para la entidad debido a las actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales que allí se realizan. Además de su relevancia económica, el municipio es el límite entre las planicies desérticas y la cordillera de la Sierra Madre Occidental, ésta peculiar posición geográfica, refiere el reporte de AI, la convierte en un punto de cruce de las rutas del narcotráfico que conectan el occidente septentrional de México con el sur de los Estados Unidos.
