En caso de ser extraditado, “El Chapo” podría pactar con el Gobierno de Estados Unidos y entregar información que involucre a políticos y empresarios mexicanos. Su detención no cambia en nada el liderazgo del Cártel de Sinaloa, consideran expertos.
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– Aun preso, Joaquín “El Chapo” Guzmán es un problema para el Gobierno mexicano que ahora tendrá que enfrascarse en un estira y afloja con el Gobierno de Estados Unidos para concretar su extradición.
Analistas internacionales señalaron que en caso de ser extraditado, Joaquín Guzmán Loera, el máximo líder del Cártel de Sinaloa, podría revelar a representantes de la inteligencia estadounidense información de México sobre temas de seguridad nacional, así como los nombres de políticos y empresarios vinculados con el grupo delictivo, lo que obligaría al Gobierno de Enrique Peña Nieto a realizar detenciones en masa de funcionarios de todos los niveles.
Por otro lado, antes de su posible extradición, tendrá que librarse en México una ardua batalla legal, ya que “El Chapo” Guzmán, detenido este viernes por la tarde en los Mochis, Sinaloa, cuenta con tres amparos que impiden que sea entregado a autoridades estadounidenses de manera inmediata.
“Deberán buscar su inmediata extradición a Estados Unidos porque el Gobierno mexicano ha demostrado que no puede tenerlo”, expresó a SinEmbargo Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute de la Universidad de Rice, en Estados Unidos.
Sin embargo, advirtió que ni al Cártel de Sinaloa ni al Gobierno de México les conviene su extradición.
Al primero porque “es poseedor de información de inteligencia muy crucial para Estados Unidos y toma dos formas, la primera hacia adentro del Cártel, es decir, que revele quiénes pudiera ser los lugartenientes, los operativos… En Estados Unidos sí se respeta el debido proceso que le da la posibilidad de contratar a un abogado, y uno de los aspectos que se van a tomar en cuenta durante un juicio es el intercambio de información”, dijo Payán.
Al segundo, porque el que fuera el narcotraficante más buscado del mundo podría revelar quiénes son los funcionarios mexicanos involucrados en la protección al Cártel de Sinaloa, “y no estoy seguro que el Gobierno de México resulte exonerado: hay redes en las policías estatales, municipales y empresarios. El Cártel de Sinaloa es la única organización que salió intacta de la guerra contra el narco y que tiene unos tentáculos extraordinarios; lo que pudiera revelar puede ser muy dañino para los distintos niveles de gobierno”, advirtió.
“La decisión está ahora con la Justicia mexicana, que ya ha bloqueado una tentativa anterior de permitir la extradición”, opinó Antônio Sampaio, investigador asociado para Seguridad y Desarrollo de The International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres
En el mismo tono, Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, expuso que “el gran meollo” es cómo van a negociar ambos gobiernos su extradición, porque la información que posee el capo va a obligar al gobierno mexicano a reaccionar contra la corrupción política desde lo federal hasta lo municipal.
“Va a tener que ir más allá de una sola detención, incluso esto va más allá de la clase política como sucedió con Pablo Escobar [el narcotraficante colombiano] y los hermanos Orejuela [fundadores del Cártel de Cali, también en Colombia]. Es ahí donde va a estar la resistencia de la clase política, porque Peña Nieto no ha dado el más mínimo indicador de querer meter funcionarios corruptos a prisión”, señaló Buscaglia.
“No existen capos como Guzmán Loera que no financien campañas políticas de alto nivel”, pero después de su captura será “imparable” la presión para abrir procesos a nivel municipal, sin embargo, consideró que al menos, en el corto plazo, no se tocará al nivel federal.
EL DAÑO NO SE VA CON “EL CHAPO”
Guzmán Loera, de 58 años, es un trofeo después de la gran humillación que supuso su fuga de prisión en el 11 de julio de 2015, algo que el Presidente Enrique Peña Nieto había dicho meses antes que sería “imperdonable”.
A pesar de su tercera captura, para Antônio Sampaio el daño causado por la segunda fuga del capo de un penal de máxima seguridad – en junio del año pasado- “no desaparecerá”.
Puede ayudar, señaló, a frenar las críticas que vinculaban al gobierno de Peña Nieto con casos de desaparición, corrupción y violencia en el país, pero no le ayudará a recuperar los niveles de aceptación que llegó a tener.
“El mayor reto para el gobierno, por ahora, es mostrar que las reformas propuestas por la administración Pena Nieto, por ejemplo en la estructura regional de policías y en el sistema penal, pueden hacer una diferencia significativa en seguridad y justicia. Hasta ahora, el Gobierno todavía pierde esa batalla, con poca diferencia en relación con administraciones anteriores”, dijo Sampaio.
Los tres coincidieron en que la captura no va a restarle fuerza al Cártel de Sinaloa, ya que durante los 14 meses que “El Chapo” estuvo detenido, la organización se fortaleció a tal grado que en este momento no existe otro grupo delictivo que le pueda hacer frente, ni siquiera el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Información del Gobierno de Estados Unidos señala que el grupo criminal opera en 24 estados mexicanos y 50 países. Estima que en todo el continente, narcotraficantes de más de 200 ciudades recibían órdenes de “El Chapo”.
No obstante, “El Cártel siguió operando igual durante el tiempo que estuvo preso, evolucionó más allá de su líder; es una organización trasnacional dedicada a la heroína, cocaína, drogas de confección, tiene lugartenientes en todo el país, tiene una estructura y una base social muy fuerte en Sinaloa”, indicó Payán.
Por lo tanto, añadió, la figura de Guzmán Loera es importante, pero al nivel de un símbolo, ya que, por su edad, ya estaba en el ocaso de su carrera, por lo que estructuró una organización “muy adaptable y flexible”, que los trasciende.
EL ÚLTIMO GRAN CAPO
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera nació en la comunidad de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, el 4 de abril de 1957. Es hijo de Consuelo y Emilio. Casada por la fe católica, esta pareja de campesinos procreó once niños. Ocho hombres y tres mujeres. A todos los criaron en la misma casa de adobe y lámina. Algunas fuentes indican que pudieron estudiar hasta tercero de Primaria y otras que hasta sexto.
La infancia de los once hermanos se desarrolló en la más profunda miseria. Ya ninguno vive ahí. Sólo sobrevive la madre cuya vida transcurre entre ollas de peltre y muebles antiguos, muy alejada de la ostentosidad que se le adjudica a su hijo.
Joaquín Archivaldo Guzmán salió de su tierra mientras seguía las señales marcadas por la expansión del narcotráfico en la región. Otro sinaloense, Miguel Ángel Félix Gallardo le tenía confianza y lo llevó a Culiacán y luego, a Guadalajara. “El Chapo” tenía 32 años de edad cuando fue testigo de la detención de su padrino. Ahí estaba también Ismael “El Mayo” Zambada, los dos fincaron su grupo, el Cártel de Sinaloa o Pacífico.
El 17 de junio de este año, el diario estadounidense The New York Times calculó que la organización fundada por los dos personajes tenía ganancias anuales por 3 mil millones de dólares.
“El Chapo” llegó a estar en la lista de los hombres más ricos del mundo, que año con año publica la revista Forbes, sin embargo, ahora, a juicio de Payán, es el último de los grandes capos mexicanos.
