Ciudad de México, 7 de sep – El Departamento de Justicia de Estados Unidos deberá informar a una corte federal este día, cuando vence el plazo impuesto por la justicia, si el ex Presidente Ernesto Zedillo, quien es acusado por la masacre de 45 indígenas tzotziles en Chiapas en 1997, tiene inmunidad diplomática. Esta decisión, sin embargo, trasciende al propio caso Zedillo: para muchos se decide también si Washington estará dispuesto a defender a Felipe Calderón de posibles demandas por la guerra que lanzó al inicio de su mandato y que ha costado al menos 70 mil vidas.
Zedillo, quien gobernó México entre 1 de diciembre de 1994 a 30 noviembre de 2000, ha negado los cargos y sostiene que en su carácter de exmandatario goza de inmunidad para ser juzgado por hechos ocurridos durante su gobierno.
Estos argumentos son los mismos que esgrimiría Calderón en caso de ser acusado por los muertos de su guerra; por eso la decisión es doblemente importante.
De la decisión del Departamento de Justicia depende el giro que tomará la demanda presentada el año pasado por 10 supuestos familiares de víctimas que piden 50 millones de dólares, la cual abre un nuevo frente judicial a miles de kilómetros de Acteal, dice CNN esta mañana.
Casi 15 años después del asesinato de 45 hombres, mujeres y niños en Acteal, Chiapas, el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, enfrenta un juicio en un tribunal civil de Estados Unidos que busca una indeminización de 50 millones de dólares y declarar culpable a quien ahora trabaja como profesor de la Universidad de Yale.
Una investigación publicada hace unos días en la edición impresa de The Economist, plantea que más que la búsqueda de justicia, esta demanda se asemeja más a “un ajuste de cuentas políticas”, pues Zedillo Ponce de León sumó a muchos enemigos durante su gobierno, principalmente de su partido, el PRI.
Pero lo realmente relevante del caso, afirma el semanario, es que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene hasta hoy para decidir si le otorga o no la inmunidad a Zedillo, y el más pendiente de ese resultado es el actual presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien se dice podría ser demandado por las más de 60,000 muertes que ha dejado su guerra de seis años contra el narcotráfico.
Apenas el 6 de septiembre, un supuesto ex agente de seguridad nacional mexicano, acusado de secuestro, ofreció declarar contra el ex presidente en una corte estadunidense respecto de su supuesta participación en la masacre de 45 personas en Acteal, Chiapas.
De acuerdo con documentos de carácter público ingresados la víspera en la corte, el testigo es Ariel Jesús Maldonado Leza, quien dice haber sido director general de Coordinación interinstitucional de la Procuraduría General de la República (PGR). Maldonado Leza huyó de México en 1998 luego de ser acusado por un juez de los delitos de secuestro y robo calificado. Su declaración, ingresada el 5 de septiembre a la corte, tiene fecha del 6 de agosto pasado.
Su testimonio parte de una reunión a la que asegura haber asistido en diciembre de 1997, poco antes de la masacre de Acteal, en la cual estuvieron el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Jorge Tello Peón, y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno de Chiapas.
