Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Doce jóvenes desaparecieron en la Ciudad de México el pasado 26 de mayo. A casi dos semanas del hecho, aún se desconoce el paradero, el móvil del delito y los responsables. El caso se suma a la ola de desapariciones que se detonó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en los estados más violentos del país, con una diferencia: hasta ahora, el Distrito Federal había permanecido como una “burbuja” de seguridad.
La cifra real de desaparecidos en México aún no está clara. El miércoles pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 24 mil 800 casos; un día antes la organización Amnistía Internacional (AI) anunció que de 2006 a 2012 se registraron más de 26 mil desapariciones. El segundo dato es cercano al que ofreció en febrero la Secretaría de Gobernación (Segob), que documentó 26 mil 567 casos durante la administración de Calderón Hinojosa.
Según el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, los estados con más alta incidencia son Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. El informe de AI,“Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, coincide en cuatro estados con la CNDH, pero descarta a Durango y a Sinaloa e incluye a Guerrero.
Para el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. la situación geográfica es distinta. Según la organización no gubernamental, el Distrito Federal ocupa el primer lugar entre las cinco entidades con mayor número de desapariciones, con 7 mil 132; seguida por el Estado de México con 2 mil 552; Jalisco, 2 mil 177; Sinaloa, mil 434; y Aguascalientes, con mil 112.
El 48.1 por ciento de las desapariciones en México entre 2006 y 2012 ocurrieron en el Distrito Federal, en el Estado de México y en Tamaulipas, según un reporte de Univisión.
Los estados con las tasas de desaparecidos por cada 100 mil habitantes más altas fueron: Quintana Roo con 74.2 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, Tamaulipas con 54.8 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, Sinaloa con 50.9 desaparecidos por cada 100 mil habitantes y el Distrito Federal con 50.1 desaparecidos por cada 100 mil habitantes.
Los estados con las tasas más altas de mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes fueron: Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Chiapas, el Distrito Federal y Guanajuato.
El caso más alarmante es Quintana Roo. Tuvo 21.1 mujeres desaparecidas por cada 100 mil habitantes contra 9.6 hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes.
Los estados con las tasas más altas de hombres desaparecidos por cada 100 mil habitantes fueron: Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas y Michoacán.
EL DF YA NO ES SEGURO
El caso de los jóvenes de Tepito ha sacado a la luz pública un panorama que no había sido investigado a fondo en la capital del país. Sin embargo, para el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la desaparición es un "hecho focalizado" y la Ciudad de México tiene garantizada su seguridad.
Luis González Placencia, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que este caso es preocupante, pues resalta algunos focos amarillos que atender.
“Me parece que es preocupante que ocurra en cualquier zona de la Ciudad, que haya sido en la Zona Rosa o que fuese en cualquier otro lugar, me parece preocupante y en todo caso sí plantea algunos focos amarillos que atender”, opinó.
De acuerdo con la investigación de Laura Alanis Villanueva para SinEmbargo, México es considerado el segundo país en el mundo con mayor número de secuestros, después de Nigeria. Según datos de “Control Risk”, consultoría de Riesgo Internacional.
El informe "Fondo de aportaciones para la seguridad pública de estados y DF, del ejercicio fiscal 2013” de la Secretaría de Gobernación (Segob) asegura un ligero descenso en el número de secuestros perpetrados en territorio mexicano entre 2011 y 2012.
Este documento, publicado a inicios de este 2013, precisa que en 2011 se registraron, oficialmente, un total de mil 344 secuestros en México (perpetrados entre el 1 de enero y el 31 de octubre). Para 2012, según el mismo documento, se observa un ligero descenso, al registrarse, en ese mismo periodo de tiempo, mil 43 plagios.
Además de ofrecer las cifras oficiales más actualizadas en materia de este delito de alto impacto, se precisa el total de secuestros denunciados en cada entidad federativa durante 2012, con base en información de procuradurías de justicia estatales. En ese sentido se destacan los 10 estados con mayor incidencia en este delito: Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero y el Distrito Federal aparecen en el ranking.
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
Los familiares de las víctimas denunciaron en días pasados que un grupo armado se llevó a los jóvenes del centro nocturno "Heaven" en tres camionetas que al parecer tenían logotipos de una corporación policiaca.
Se teme que sea un “levantón”, una práctica habitual de los cárteles de las drogas que consiste en capturar a una o varias personas sin exigir rescate o contrapartida a cambio, explicó el titular de la CDHDF, Luis González Placencia.
Tanto para AI como para Human Right Watch (HRW), funcionarios públicos y elementos de seguridad han estado relacionados con la ejecución del delito.
Amnistía explicó que de un total de 152 casos de desapariciones forzadas estudiadas en siete estados del país, en 85 estuvo involucrado uno o más funcionarios.
“La organización cree que, sobre la base de la información disponible, en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos, lo que convierte la desaparición en delito de desaparición forzada tal como está tipificado en el derecho internacional”, dice el documento.
Para la CNDH, en dos mil 443 casos donde podría haber indicios de desapariciones forzadas.
Nik Steinberg, experto a cargo en México de Human Right Watch (HRW), asegura que en esta misma situación se encuentran los 250 casos que documentó la organización en su reciente informe. En 149 de los casos HRW comprobó que participaron fuerzas de seguridad del Estado y de éstos, en 60 cuenta con pruebas testimoniales, documentos oficiales, fotografías y videos que comprometen a servidores públicos, miembros del Ejército, la Marina y policías federales y estatales en colusión con el crimen organizado para perpetuar estas desapariciones.
