Por Mayela Sánchez y Laura Cordero
Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– Ciudadanos y especialistas han pedido desde el sexenio pasado, el de Felipe Calderón Hinojosa, que los militares salgan de las calles y dejen las labores de seguridad pública. En su campaña a la Presidencia y desde que tomó el poder, Enrique Peña Nieto aseguró que eso sucedería.
Pero al iniciar su tercer año de gobierno, el Ejército mexicano no ha regresado a los cuarteles. Por el contrario, está ahora parece más involucrado que en el pasado en tareas de policía… y en dos grandes tragedias del gobierno federal priista: Tlatlaya y Ayotzinapa.
“Para que se pueda pensar en que los militares regresen a los cuarteles, lo cual creemos que es necesario e indispensable, tiene que haber una alternativa. Porque, ¿quién se va a hacer cargo de la seguridad de los ciudadanos? Este es el gran problema que hemos tenido hasta ahora: que no hay una política consistente en términos de desarrollar y profesionalizar a las policías”, dice Édgar Cortez Morales, integrante del Instituto Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (IMDPDH).
Y otros activistas y analistas coinciden.
En ambos hechos, Tlatlaya y Ayotzinapa, se involucra la muerte de 29 personas, entre éstas menores de edad, así como la desaparición de otros 42 jóvenes. Los castrenses son señalados por participar directamente en ejecuciones sumarias, obstruir las investigaciones, cubrir los restos de las mismas y hasta amenazar a las familias que exigen justicia.
El proceso de militarización en el país se agudizó a partir del año 2006 con la estrategia de seguridad del panista Calderón Hinojosa, la cual implicó no solamente sacar al Ejército a cumplir funciones policiacas, sino también la militarización institucional, explica Héctor Cerezo Contreras, de la organización defensora de derechos humanos Comité Cerezo.
El activista destaca que más de la mitad de los Secretarios de Seguridad Pública de los estados son militares o miembros castrenses en retiro, lo que implica también nuevas zonas militares y la ocupación territorial del Ejército para realizar tareas en los pueblos y ciudades que son responsabilidad de las policías.
Así lo plantean también analistas, quienes exponen que al hablar de la presencia militar en tareas de seguridad pública no debe considerarse únicamente la parte más visible, que son los elementos castrenses que participan en operativos conjuntos, sino también a los mandos militares que en los últimos 20 años han pasado a formar parte de las estructuras de seguridad pública en el país.
Los expertos en seguridad Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en la Universidad Iberoamericana advierte que el regreso a los cuarteles de los militares que realizan labores de seguridad pública en el país es necesario, pero sólo es posible si simultáneamente se les sustituye por policías profesionales.
Asimismo consideran que lo que se requiere es que no haya impunidad en los casos donde se presuma la responsabilidad de elementos del Ejército en violaciones graves a los derechos humanos de los ciudadanos.
A decir de Tirado, la eventual salida de los militares de las calles –que fue una promesa de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto– tendría que hacerse de forma gradual y con la simultánea llegada de policías capacitados para asumir las tareas de seguridad pública.
El especialista en seguridad nacional se refirió al dilema que prevalece sobre si los militares deben estar en las calles, realizando labores de seguridad pública, o no. Al respecto dijo que se tiene la idea de que la formación militar es mejor, pero eso no necesariamente es cierto, y recordó la diferencia fundamental entre la visión policiaca y militar, que de alguna manera también ilustra por qué hay casos de violaciones graves a los derechos humanos que involucran a militares.
“Un policía está formado para proteger los bienes, y la seguridad y la integridad del ciudadano. Y un militar está formado para identificar un enemigo y matarlo”, destaca.
NO ESTÁN PREPARADOS
La demanda de las organizaciones de derechos humanos es la desmilitarización y que el Ejército regrese a sus funcionas originales, como salvaguarda de la seguridad nacional ante un ataque exterior, pero que no realice operaciones de seguridad pública porque no está entrenado para ello. Se ha demostrado, dicen, que hay una relación entre la presencia de militares en algunas zonas con el incremento de violaciones a derechos humanos.
Los especialistas en seguridad coinciden en que el problema no es tanto si se recurre o no a los militares para tareas de seguridad pública, sino la falta de límites en el cumplimiento de esa labor.
El integrante del Comité Cerezo agrega que durante la llamada guerra contra el narcotráfico, el Ejército mexicano fue utilizado por el gobierno no sólo para combatir al crimen organizado sino como un mecanismo de control social en la población.
“Hace tres o cuatro años la denuncia más fuerte era en el norte del país (Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, etcétera) donde directamente el Ejército mexicano era acusado de desaparecer, ejecutar, torturar, violar, desplazar a personas. Este mismo Ejército en esas funciones de control social, también se ha venido agudizando en su utilización en contra de los movimientos sociales o de organizaciones populares que luchando por algún derecho, se enfrentan a una política de un Ejercito que está en la lógica de guerra”, detalla.
Esa es la gran diferencia, para el Ejército no tiene un componente mayoritario preventivo, sino su componente es de eliminar o neutralizar a lo que ellos considera, o se les ha dicho que es el enemigo.
Cerezo insiste en que el Ejército no está preparado entrenado, ni calificado para actuar en un contexto de seguridad pública.
“Su entrenamiento es para matar. Hay una resistencia del Ejército de incorporar plenamente los derechos humanos como parte de su formación y tener mecanismos de verificación de estos protocolos que cumplen los derechos humanos en todas sus operaciones militares”, agrega.
El activista reitera que hay muchas denuncias en contra del Ejército por violaciones graves a derechos humanos y son muy pocos o muy contados los militares que han sido procesados y sentenciados por esas violaciones.
“La impunidad es un factor que está dañando y está afectando a la misma institución. Tampoco es posible pedir que una institución sea perfecta. hay que pedir que haya mecanismos de sanción cuando haya violaciones a derechos humanos”, dice.
EL MANTO DE IMPUNIDAD
Otro aspecto que no se ha atendido, expone Tirado, es responsabilizar a los titulares del Poder Ejecutivo tanto municipales como estatales y el federal en casos de abusos de militares, ya que la participación de los militares en labores de seguridad pública se ha hecho al amparo de autoridades civiles.
Edgar Cortez plantea que –pese a la promesa presidencial– nunca ha habido en realidad un proceso planeado para regresar a los militares a los cuarteles ni una aplicación efectiva de la reducción del fuero militar, que implicaría una intervención inmediata de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los posibles delitos cometidos por militares contra civiles. Eso, considera, combatiría la impunidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos que involucren a militares.
En este contexto, el lunes pasado, el director para América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta al Presidente estadounidense Barack Obama. En la misiva planteó, entre otras cosas, que en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa el gobierno mexicano ha tratado de encubrir la participación de militares.
Al respecto, Cortez considera que hay una “inercia institucional” que da lugar a que se trate de minimizar o invisibilizar las responsabilidades militares.
En el caso de Tlatlaya, Estado de México, plantea, la intención de encubrir a los militares fue más evidente, particularmente por el gobierno del Edomex, que fue la primera autoridad que sostuvo la versión oficial de que los soldados que ejecutaron a 22 personas habían reaccionado a un ataque. A pesar de que una investigación periodística desmintió esa versión y fue la base para iniciar una investigación judicial, que señaló la responsabilidad de algunos militares en el hecho, el Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas no ha sido llamado a rendir cuentas.
En el caso de los normalistas de Ayotzinapa el ejemplo es muy claro, dice Héctor Cerezo: “La primera no aparente intervención del Ejército ante los sucesos de Iguala y ahora por la misma documentación, no solamente se ha pasado de la inanición o de la omisión por parte del Ejército, sino que participan activamente en los retenes militares para cerrar las entradas y salidas a Iguala; y que los mandos también de policías de seguridad municipal habían sido nombrados o tenían el acuerdo con la Zona militar”.
En opinión de Tirado, lo que prevalece es “una gran deformación” de las instituciones “que lo que no quieren es tocar el Ejército, y eso es un error, porque no se protege al Ejército extendiendo un manto de impunidad. Yo creo que eso los perjudica más y nos perjudica a todos como país”.
