En México, la clase política y su estrategia contra el crimen ha fracasado, afirma Edgardo Buscaglia. Más bien, dice, políticos y criminales operan juntos. El especialista e investigador en materia de seguridad internacional afirma que ellos, los políticos, creen que con estas medidas punitivas, en donde ponen en juego además la vida de soldados y de policías, que los hay honestos, para sacarse el problema de encima, no consideran a las instituciones que deberían atacar la raíz de las redes criminales. Éstas, asegura, están afincadas en sus protecciones de Estado. «No existe delincuencia organizada trasnacional sin protección de Estado, de pedazos del Estado; entonces, tratar de combatir a esa delincuencia organizada a través de sus operativos es un show de reemplazables, y la historia es que quieren hacerlo sin tocar las fuentes de financiamiento de sus campañas políticas», afirma en entrevista.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Desde que el presunto capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue reaprehendido la primera vez, en 2014, el investigador Edgardo Buscaglia planteó la necesidad de que al arresto siguieran investigaciones que mostraran las redes políticas y financieras que, durante más de dos sexenios, le permitieron operar y lavar sus ingresos producto del narcotráfico.
Otras medidas necesarias, ha insistido Buscaglia por años, son una Reforma Política que abra a votaciones las listas de candidatos a cargos de elección popular, así como la institución de unidades de investigación patrimonial, autónomas, en la Federación y en los estados, que sean vigiladas por los poderes legislativos.
“Esas unidades se dedican a identificar a las redes que rodean a los políticos, y a identificar sus fábricas, casas, carros, y todas esas propiedades tangibles que uno puede tocar y que en México abundan”, dice Buscaglia en entrevista con SinEmbargo.
“México es la tercera economía ilícita más importante del planeta, después de China y Rusia, de acuerdo con el Reporte de Integridad Financiera (…) Sería una mina de oro para cualquier fiscal con este tipo de instituciones”, agrega.
Autor de libros como “Lavado de dinero y corrupción política: el arte de la delincuencia organizada” y “Vacíos de poder en México: el camino hacia la seguridad ciudadana”, Buscaglia advierte que en México faltan auditorías preventivas, modificaciones a las leyes electorales, control al financiamiento de los partidos e investigaciones internas a los integrantes del sistema judicial, entre otras medidas, para combatir la infiltración mafiosa en la política.
“México tiene que asumir que hay una orgía de dinero público mezclado con dinero criminal, como en Coahuila”, dice.
Pero al sistema político mexicano, afirma, no le interesa aplicar ninguna medida de este tipo debido a la impunidad pactada entre sus miembros. El costo: decenas de miles de pérdidas en vidas humanas desde que inició la denominada “guerra contra las drogas” hace una década.
“Se resisten colectivamente a aplicarlas porque saben que sucederá lo mismo que sucedió en Italia, en Colombia o en Indonesia, que empiezan a caer sus colegas, sus mismos miembros de partido comienzan a caer inmediatamente después de instaladas estas instituciones”, dice el también académico de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
“Por lo pronto, estos 10 años han sido 10 años quemados, perdidos en la Historia mexicana, donde la principal lección que hemos aprendido en México, y que ya se conocía en otros países donde esto sucedía décadas atrás, es que este pacto político de impunidad, donde toda la clase política es cómplice por acción u omisión, se traduce en decenas de miles de desaparecidos y en decenas de miles de muertos”, agrega.
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–¿No son suficientes las instituciones contra el lavado de dinero que hay en México, como la Unidad de Inteligencia financiera en la Secretaría de Hacienda?
–Existen de adorno. Las tienen muchas veces para investigaciones puntuales, como las de la maestra Elba Esther Gordillo, como mecanismos políticos o de castigo a enemigos del poder, o para los peces muy pequeños. Pero no te encuentras que esta Unidad de Inteligencia Financiera se esté coordinando con 32 unidades de investigación patrimonial no financiera en México, que no existen; son vacíos de Estado. Tienes una situación de ausencia de inspectorías y de controles internos de los eslabones del sistema de administración de justicia, de los policías, fiscales y jueces, donde no hay investigaciones patrimoniales internas de los mismos actores del sistema; por lo tanto, para cualquier red criminal en México es muy fácil comprarlos y venderlos. Son 45 instituciones hoy ausentes, que la clase política las conoce muy bien, un [Senador perredista Miguel] Barbosa, un Manlio Fabio Beltrones [ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional], Ricardo Anaya [dirigente nacional del Partido Acción Nacional] las conocen muy bien, pero se resisten colectivamente a aplicarlas porque saben que sucederá lo mismo que sucedió en Italia o en Colombia o en Indonesia, que empiezan a caer sus colegas, sus mismos miembros de partido comienzan a caer inmediatamente después de instaladas estas instituciones. Entonces, es un pacto de impunidad política muy bien aceitado el mexicano, pero tarde o temprano va a caer, por presión internacional y por presión interna, que a medida que avancen los años, no solamente se suman los muertos, sino la sociedad civil comienza a reaccionar, como la vez que reaccionó con el tema de la futura Fiscalía. Y, bueno, la sociedad civil reacciona, pero reacciona muy lento en México. Han sido muchas décadas de un sistema prebendario que también cubría a la sociedad civil, y ésta tarda mucho en reaccionar. Pero una vez que las presiones internas y externas existan, como existieron sobre Colombia y sobre Italia, tendrás una implementación de estas instituciones. Por lo pronto, estos 10 años han sido 10 años quemados, perdidos en la historia mexicana, donde la principal lección que hemos aprendido en México, y que ya se conocía en otros países donde esto sucedía décadas atrás, es que este pacto político de impunidad, donde toda la clase política es cómplice por acción u omisión, se traduce en decenas de miles de desaparecidos y en decenas de miles de muertos. Entonces, estas instituciones y sus vacíos en México representan la otra cara de la moneda de los 27 mil desaparecidos, de las cientos de miles de muertes. Entonces, seguimos en la simulación. Lo mismo con la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto (para el Sistema Nacional Anticorrupción), las propuestas de la supuesta oposición en México, que antes de proponer cualquier cosa la negocian. Es un pacto de impunidad política obsceno, donde, lamentablemente, todavía no vemos que la clase política firmante de este pacto esté pagando el costo de la impunidad que generan; que ellos mismos, sus patrimonios, comiencen a desaparecer como producto del monstruo que han creado y han fortalecido. Hace dos años, cuando Carmen Aristegui le preguntó a Carlos Navarrete [ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática] por este término, si existe o no el pacto de impunidad política, él lo admitió al aire. No lo estaba admitiendo simbólicamente: hay un pacto político de impunidad en México latente, que se traduce en el hecho de que se resisten terminantemente a implementar estas instituciones.
–En este contexto, entonces, la guerra contra las drogas queda como una simulación…
–Ellos creen que con estas medidas punitivas, en donde ponen en juego además la vida de soldados y de policías, que los hay honestos, en pos de tratar de sacarse el problema de encima, pero sin las instituciones que deberían atacar la raíz de las redes criminales. Porque las redes criminales mexicanas, como las rusas o como las chinas, están afincadas en sus protecciones de Estado. No existe delincuencia organizada trasnacional sin protección de Estado, de pedazos del Estado; entonces, tratar de combatir a esa delincuencia organizada a través de sus operativos es un show de reemplazables, y la historia es que quieren hacerlo sin tocar las fuentes de financiamiento de sus campañas políticas. En todos los partidos, en más del 50 por ciento del dinero que financia las campañas individuales de candidatas y candidatos en México, se financia a través de dinero ilícito, como lo era en Italia y como lo era en Colombia. Para los que estudiamos estos redes criminales de país en país, lo que sucede en México es una repetición en cámara lenta de lo que vimos en Colombia, en Italia o en Indonesia, o que seguimos viendo en Rusia y China. Lo que pasa es que no hay una reacción de esta clase política; miran para otro lado; cuando les traen el dinero para sus financiamientos de campaña ni preguntan de dónde viene, y sigue abundando el dinero mal habido, con el que los políticos se vuelven ricos de la noche a la mañana. Entonces, estamos en esta situación de impunidad, donde estos 10 años han sido quemados en vidas, en una gran hoguera de la corrupción que se ha pagado con cientos de miles de vidas.
–¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos, que ha enviado apoyo a través de la Iniciativa Mérida?
–Estados Unidos tiene una gran responsabilidad, porque los enormes negocios de las multinacionales que venían financiando las campañas de todos los partidos norteamericanos eran las mismas que llegaban a México y se les otorgaban mercados políticamente cautivos en el sector financiero, energético, bancario. En esos sectores económicos se les otorgaban mercados políticamente cautivos, no competitivos, sujetos a oligopolios protegidos con enormes tasa de retorno. Y esas mismas empresas regresan a Estados Unidos a financiarle las campañas políticas a Hillary Clinton o a Barack Obama o a [George W.] Bush y, en todos los casos, hacen lobby para que a México no se le toque y no se cambie nada. Eso explica por qué Estados Unidos no aplica la misma presión enorme para limpiar a la clase política, como lo hacía en Colombia, donde al Presidente Samper lo declararon persona non grata; no podía salir del país; tenías a diputados en ejercicio señalados por el Tesoro norteamericano. Había una presión enorme que no se observa en México, por esta impunidad que también forma parte de un pacto de multinacionales, donde México es ‘la joya de la corona’ y se le trataba de proteger sin cambiar a los actores. O sea que, en ese sentido, también se entiende por qué se le hacían campañas a actores políticos mexicanos que no formaban parte de ese pacto, como Andrés Manuel López Obrador en su momento, que tiene otros problemas de corrupción, pero en su partido. Pero digamos que Estados Unidos quería jugar con el elenco estable, con Felipe Calderón, con los priístas, y tener estos mercados enormemente beneficiosos para las empresas norteamericanas, donde está más que comprobado que estuvieron, en algunos casos, involucrados en casos penales por lavado de dinero.
–¿Como el caso del banco HSBC?
–Uno es HSBC; otro es Citibank. Tienes una lista de los usuales sospechosos, pero el punto es que estas empresas hacían mucho lobby para que a México no se le toque. Pero cuando la situación es insostenible, como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, donde hubo una aclamación mundial por la tragedia, este caso no se pudo tirar por debajo de la alfombra; entonces, ahí los norteamericanos llegan con un poquito de presión, pero no se acerca en lo más mínimo a la que le ponían a Indonesia o a Colombia para que controlaran limpiaran a su clase política. Entonces, cuando los norteamericanos no tienen dineros en juego, cuantiosos dineros, ellos saben aplicar presión y lo hacen bien. En el caso de México, son parte del pacto político de impunidad. Paradójicamente, [el Presidente electo de Estados Unidos] Donald Trump, al romper sin darse cuenta estos pactos de impunidad, esperemos que al tratar de cortar la relación viciosa de estas empresas multinacionales norteamericanas con la clase política mexicana, quizá eso haga más fácil que la presión norteamericana se acerque. Pero los norteamericanos no han formado parte de la solución, a pesar de haber malgastado cientos de millones de dólares en estos años del Plan Mérida y en cuantiosos programas que no tuvieron ningún impacto positivo en la calidad de las resoluciones judiciales mexicanas. Cuando existieron algún tipo de entregas controladas u operativos exitosos, fue a través de mecanismos extrajudiciales de inteligencia; pero el sistema judicial mexicano sigue funcionando tan mal, tan pésimo como funcionaba en el año 2003. Hicimos evaluaciones en todos los estados, a través de expedientes judiciales, para evaluar la calidad de las resoluciones, y hoy Chihuahua y Chiapas (donde Estados Unidos financió Reformas judiciales) están tan mal como en 2003. Entonces, Estados Unidos ha desperdiciado dinero público en mantener a una flotilla de consultores mexicanos y norteamericanos cobrando cifras millonarias sin ningún tipo de impacto en las resoluciones, porque no cortaron los vínculos ni limpiaron a la clase política mexicana, como hicieron con la colombiana. Hay que recordar que debe haber una secuencialidad en las reformas para que sean efectivas. Antes de una reforma judicial tienes que tener una Reforma Política, como Italia o Colombia, que limpie a la clase política. Cuando ahí se implementó la Reforma Judicial, la clase política había sido limpiada en gran medida. En el caso italiano, el 73 por ciento de los parlamentarios fueron procesados penalmente por vínculos con redes criminales, en el caso colombiano fue el 62 ó 63 por ciento y, después de esa limpieza política, de esa Reforma Política Electoral, en la que las listas de candidatos no se hacían ya a dedo del narcotraficante Pablo Escobar o del cacique en turno, sino a través de elecciones abiertas, se controlaban las fuentes de financiamiento de las campañas en Italia, Colombia e Indonesia. Y, después de esa reforma política, entras con la reforma al sistema judicial, porque no vas a esperar que el mafioso genere reformas judiciales, que fue lo que ocurrió en México. Desde 1994, que fue la primera reforma de Ernesto Zedillo, a la de 2008, todas fueron reformas programadas por mafio-políticos. Tienes que tener una reforma política que genere un control de calidad de quién entra y quién sale de la clase política, y después todas las reformas: la energética, la judicial. Esa secuencia se violó en México; se puso ‘la carreta por delante del caballo’ y, por tanto, lo que tienes ahora son reformas judiciales mafiosas, hechas por mafiosos. No es diferente a las propuestas anticorrupción y de la Fiscalía General; lamentablemente, estamos todavía simulando en México. El sistema político mexicano se resiste a esa reforma, lo saben quienes lo han propuesto, porque eso implica limpiarles patrimonios, los financiamientos de campaña, generar listas abiertas de candidaturas en primarias donde ni Manlio Fabio Beltrones ni ningún dirigente tenga nada qué decir de quien está en las listas. Está probado que las listas de candidaturas cerradas, como en México, son una invitación abierta a las redes criminales para capturar al sistema político.
–¿Cuál es la razón geopolítica para la criminalización de las drogas?
–Hay una mezcla: por un lado, hay mucha ignorancia en el tema. No olvidemos que estas políticas prohibicionistas se originaron en fanáticos religiosos que se harían cargo a principios de siglo. Entonces, como Estados Unidos fue potencia económica por muchas décadas, impuso su política antidrogas en el planeta a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Básicamente, las convenciones de la ONU que abarcan drogas fueron redactadas por agencias de Estados Unidos. Al mismo tiempo hay muchos intereses económicos, de las farmacéuticas, por ejemplo, de prohibir ciertas drogas que compitan con sus opioides y psicoactivos legales. Ahora, las farmacéuticas norteamericanas se están viendo ante la situación de que muchos de sus psicoactivos están siendo adulterados o sustituidos por drogas de diseño. Entonces, las políticas prohibicionistas que criminalizan los comportamientos ligados al consumo y a la producción han sido un fracaso. Las redes criminales encuentran sustitutos, si les prohíbes una, como la mariguana, encuentran sustitutos legales o ilegales para satisfacer la demanda. La políticas preventivas del consumo han sido un desastre en Europa y, principalmente, en Estados Unidos, donde hay otra vez una epidemia de adicción a la heroína, que en gran parte viene de México. Entonces, es una situación donde tienes que abordar no sólo la mariguana, sino todas las drogas, y regularlas como se regulan los antibióticos.
–Si hay un contexto interno de profunda impunidad y un contexto global de una política fallida, ¿es entonces una farsa la guerra contra las drogas?
–Ha sido una gran farsa para los que miramos y no hemos perdido familiares y seres amados en este horror. Esto ha sido una tragedia para cientos de miles de personas. Pero sí: es una farsa, porque se sabe que, en el fondo, estas políticas no tienen impacto. Toda política pública se propone salvar vidas, de consumidores, de víctimas, y si mides a través de ese indicador la política de criminalizar las drogas ha sido un gran fracaso. No hay ninguna duda. Los países están experimentando. Algunos, como Uruguay, comienzan con la mariguana, con una regulación de la producción y el consumo, no con toda la cadena de distribución en la regulación, que será la política del futuro. Podemos discutir si Uruguay lo está haciendo bien o no al permitir monopolizar la producción en campos estatales, pero hay que ir a una regulación del consumo, de la producción y de la distribución de todas las drogas. Tenemos que generar instituciones preventivas de la adicción mucho más efectivas, como se empezó a hacer con el cigarrillo. Recordarás que las tasas de fumadores eran mucho más altas haces décadas, y como en Estados Unidos se generó una política preventiva muy efectiva, bajó la tasa de consumo. Hay que imitar esas políticas. Porque, ciertamente, el canal penal ha sido el menos efectivo para abordar estos problemas. Los sistemas penitenciarios están abarrotados de personas que han sido encarceladas por el consumo de drogas en Estados Unidos y en México, en centros que se han transformado en centro de doctorados de la delincuencia organizada.
–¿Hay similitudes entre guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo, ambas con un enemigo abstracto o proclives a instaurar estados de excepción?
–Veo un patrón similar. Y me refiero a los niños de 12, 13 ó 14 años que son reclutados por el Estado Islámico o Al Qaeda. Lo estoy viendo en Kosovo, en un pueblo donde estoy parado, de 30 mil personas, que tiene la tasa más alta de reclutamiento del Estado Islámico de toda Europa. Están reclutando a menores de edad con ciertos patrones de comportamientos similares, que no van a la escuela, que han tenido problemas de adicción o de violencia familiar o vecinal. Hay todo un patrón de factores que son similares a los que tienes en Sinaloa o en Chiapas, entre los jovencitos absorbidos por redes criminales, con bajas tasas de trabajo formal o donde el mercado informal es el caldo de cultivo para la delincuencia organizada, y no porque la informalidad sea deshonesta, pero es donde la delincuencia organizada recluta muchos jóvenes, y tienes disfuncionalidades de acceso a la educación, a la salud, a viviendas. Todo eso lo observas en las áreas como ésta, que tiene las tasas de desempleo más altas de cualquier ciudad en Kosovo. Hay factores sociales preventivos que sí puedes abordar. Yo trabajo para los sistemas judiciales en estos países, pero tienes que ir a la raíz misma del reclutamiento, de la base operativa de estos grupos que cometen actos de terrorismo, no sólo en Medio Oriente, sino en México también. Ahí encuentras comunes denominadores en cuanto a los factores que hacen atractivo incorporarse a un culto de violencia que, en muchas ocasiones, se disfraza de religión o de canales de acceso a una vida material más abundante, que hace que en México veas que un capo es el modelo de vida de muchos jóvenes. Entonces, ese tipo de motivaciones siempre llegan a jóvenes con vacíos, con patologías de interacción social, y eso hay que abordarlo como un problema latente en los sistemas preventivos, donde en México todavía hay enormes vacíos. [El Subsecretario de Gobernación, Roberto] Campa llegó a este Gobierno con cientos de millones de pesos para la prevención social de la delincuencia organizada, y todo ese dinero de la Secretaría de Gobernación lo terminaron usando alcaldes corruptos, amigos del PRI, y no llegó a las potenciales víctimas: los menores de edad que siguen siendo succionados por las redes criminales.
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