La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley 3de3, luego de que ayer, el Senado de la República avalara el dictamen con las observaciones del Presidente Enrique Peña Nieto. Tras la discusión y por el momento, la minuta ha sido enviada a la mesa directiva de San Lázaro con la finalidad de que sea discutida para de ese modo poder ser aprobada en el pleno del Congreso. Una vez concluidas las diligencias legislativas, las disposiciones serán turnadas al Ejecutivo Federal para ser publicadas en el Diario oficial de la Federación.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general y en lo particular la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Ley 3de3, que incluye las observaciones del Ejecutivo federal, que exime a las empresas y particulares de ser obligados a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
En el marco del segundo periodo extraordinario de sesiones, con 346 votos a favor y 82 en contra, los diputados aprobaron las observaciones hechas por el Presidente de la República a los artículos 3 fracción VIII, 4 fracción III, 27 tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley 3de3.
El documento quedó en los términos en que llegó a San Lázaro la minuta del Senado de la República, la cual avaló en su totalidad las observaciones del Ejecutivo.
El Proyecto de Decreto expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre las observaciones del Ejecutivo federal.
Los integrantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), que conforman la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, votaron en favor de la minuta enviada ayer por el Senado, misma que contiene dichos cambios.
En cambio, los representantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se manifestaron en contra del documento turnado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, declaró a las 12:30 horas formalmente instalado el segundo periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de la LXIII Legislatura.
En la orden del día estaba prevista la declaratoria de publicidad, discusión y votación del dictamen que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que aprobó dos horas antes, con 18 votos a favor (PRI, PAN, PVEM y MC) y seis en contra (PRD y Morena).
Por el momento, la minuta ha sido enviada a la mesa directiva de San Lázaro con la finalidad de que sea discutida para de ese modo poder ser aprobada en el pleno del Congreso.
Durante las discusiones, el Diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI) afirmó que la eliminación –en el artículo 32- de la obligación de los particulares a presentar su declaración patrimonial y conflicto de interés, no disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a quien actúe de forma irregular, ya que la ley prevé herramientas para ello.
Aseveró que dejar la redacción de los artículos observados por el Ejecutivo tal como fueron aprobados pondría en riesgo la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y sería contraría a los derechos humanos, al afectar la vida privada y la protección de datos personales.
Por su parte, la Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) comentó que su bancada respaldó la realización de este período extraordinario para atender la adecuada, “aunque incompleta decisión del Presidente sobre el contenido de la Ley 3 de 3, porque el Ejecutivo se quedó corto al no escuchar a los ciudadanos que exigen mayor transparencia para los servidores públicos”.
Señaló que una vez promulgadas las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, su grupo parlamentario realizará propuestas puntuales y concretas para que sea aprobada en los términos originales recomendados en la iniciativa ciudadana y para corregir el contenido del artículo 29.
En cambio, el Diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) lamentó que el Ejecutivo federal perdiera la oportunidad de establecer un sistema que no protegiera intereses particulares.
Afirmó que no se está en contra de los empresarios, ni de los programas sociales, sino de los contubernios e intereses particulares que afectan el patrimonio y el desarrollo del país.
Reiteró la postura de su grupo parlamentario a favor de un robusto Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que votan en contra de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
Así mismo, la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) afirmó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción “se ha logrado con el apoyo y el interés de todas las fuerzas políticas, de expertos, académicos, del sector empresarial y por supuesto de los ciudadanos”.
“El grupo parlamentario del Partido Verde votaremos en favor de este dictamen porque esto va a mejorar y perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción”, adelantó.
Además, la Diputada Araceli Damián González (Morena) aseguró que la aprobación de la minuta del Senado sobre las observaciones parciales del Ejecutivo federal a la Ley 3 de 3 cancela toda lucha en contra de la corrupción.
“El pacto signado entre la elite empresarial y el Ejecutivo federal lastimosamente cancela la posibilidad de luchar contra la corrupción que corroe el presente y compromete el futuro de nuestra nación”, afirmó.
Consideró que la solución no es eliminar la obligación para todo particular que reciba recursos públicos de hacer su declaración 3 de 3 (fiscal, patrimonial y de conflicto de interés) sino establecer claramente quienes deben de cumplirla.
El día de ayer, el Senado de la República aprobó por mayoría el dictamen sobre la Ley 3de3, cuando las Comisiones de Anticorrupción, Estudios Legislativos Segunda y Justicia, aprobaron las modificaciones propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto a 10 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.
La decisión de modificación de los apartados legales se da luego de las críticas recibidas por el Ejecutivo, tras los reclamos hechos por empresarios y miembros de la sociedad civil, quienes consideraron que los artículos 29 y 32 fueron aprobados sin respetar la intención original de la Ley 3de3, que iba dirigida a obligar a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
