La iniciativa ciudadana #3de3 surgió en 2015 como una plataforma por medio de la cual sería posible exigirle a los candidatos de las elecciones locales sus tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal. Poco más de un año después, ya era una iniciativa de ley que llegó al Congreso con el respaldo de más de medio millón de firmas. Este martes tuvo lugar la última votación en el Senado después de que el Presidente vetara un artículo que exigía las declaraciones de cualquier persona o empresa que celebrara contratos con el Gobierno o fuera beneficiario del mismo, pero olvidó otro que deja a la voluntad de los funcionarios públicos presentar estas mismas declaraciones.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- "Si tú pides mi voto, yo pido #3de3".En mayo de 2015, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto. En ese entonces dijo que estaba fundamentado en cinco ejes: crear un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la corrupción, fortalecer y ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), crear el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ratificar el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por medio del Senado de la República y expedir, en un plazo máximo de un año, a ley general que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
634 MIL FIRMAS
En marzo de 2016, la iniciativa ciudadana de ley #3de3 fue presentada ante el Congreso de la Unión con más de medio millón de firmas ciudadanas en apoyo. El número mínimo de firmas que una iniciativa debe reunir son 120 mil.
94 VOTOS A FAVOR
La Cámara de Senadores aprobó, el 15 de junio de este año, la Ley General de Responsabilidades Administrativas con 94 votos a favor y 23 en contra. El artículo 32 y el 29 fueron motivo de controversia, pero al final también quedaron aprobados.
ARTÍCULO 32
Los incisos b) y c) de este artículo señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales.
ARTÍCULO 29
Este artículo dice, al pie de la letra: “…las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución…”.
LA PRIMERA VEZ
El 16 de junio, los empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) marcharon por primera vez en la historia para manifestar su inconformidad e insatisfacción con el Sistema Nacional Anticorrupción que había sido aprobado.
338 VOTOS A FAVOR
A pesar de los reclamos de los empresarios, el 17 de junio de 2016, después de haber sido aprobada por la Cámara de Senadores, la de Diputados aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas con 338 votos a favor y 110 en contra. No hicieron modificaciones a la versión que recibieron de los diputados.
16 ARTÍCULOS VETADOS
El 23 de junio, el Presidente vetó este artículo y otros 15 artículos. La Presidencia de la República argumentó, a través de un comunicado, que "las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del sistema nacional y que esta medida resulta contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución". La ley regresó al Congreso para volver a ser estudiada.
CERO DECLARACIONES PARA LA IP
El 5 de julio, la Cámara de Senadores volvió a votar y aprobó las observaciones realizadas por el Presidente Peña Nieto. Los empresarios y beneficiarios del Gobierno no deberán presentar sus declaraciones, mientras que los funcionarios públicos podrán argumentar que su vida será afectada y tampoco hacerlo.
606 FUNCIONARIOS
Hasta la fecha, en el portal www.3de3.mx hay 606 declaraciones de funcionarios públicos: menos de una cuarta parte del total. Entre quienes los que las han presentado están: 235 funcionarios estatales, 114 diputados federales, 66 diputados locales, 31 alcaldes, 24 senadores, 12 gobernadores, seis partidos políticos y un miembro del gabinete federal.
