A 64 días de promover la llamada Ley 3de3, la iniciativa ha sumado más de 630 mil firmas de ciudadanos que buscan enfrentar la crisis nacional de impunidad. Los integrantes de este movimiento consideran que la Ley 3de3 será «la caja de herramientas necesaria para atajar de raíz las causas que han generado el incremento de la corrupción en México».
Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Integrantes de grupos civiles reunieron este día 634 mil 143 firmas, es decir, casi seis veces lo requerido para presentar una iniciativa ciudadana de Ley 3de3, con lo que exigen al Senado de la República asumir un compromiso contundente contra la corrupción.
El pasado 17 de marzo, Juan Pardinas, titular del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y Eduardo Bojórquez, de Transparencia Mexicana, entregaron a la Cámara Alta 309 mil 476 firmas de integrantes de más de 100 organizaciones que se aliaron a la iniciativa. Este día, 324 mil 667 firmas adicionales exigen al Senado «un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y, en suma, combatir de frente la crisis nacional de corrupción”.
A 64 días de promover la llamada Ley 3de3, la iniciativa ha sumado más de 630 mil firmas de ciudadanos que buscan enfrentar la crisis nacional de impunidad, con lo que otorgan su «voto de confianza a las instituciones de la República».
La Ley 3de3 propone definir claramente la corrupción a partir de 10 tipos de conductas ilegales: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
Por lo que pide rediseñar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sancionar a particulares por hechos de corrupción. Además, exige que sean obligatorias las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales para todo funcionario, de forma periódica y pública; directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos; un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
El movimiento que promueve la iniciativa la califica como una «oportunidad histórica» para los legisladores, quienes una vez aprobada la Ley 3de3 se comprometerán a combatir la impunidad y la corrupción, y los mismos ciudadanos vigilarán y evaluarán este compromiso.
«Este es el proyecto de una generación decidida a erradicarla, contribuir a consolidar la joven democracia en nuestro país y forjar un mejor futuro para todos los mexicanos», manifestaron los signatarios.
De acuerdo con los expertos del IMCO, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la del Sistema Nacional Anticorrupción, la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el mismo Código Penal tienen una lista de pendientes legislativos en materia de delitos de corrupción.
Los analistas establecen que la Ley 3de3 será «la caja de herramientas necesaria para atajar de raíz las causas que han generado el incremento de la corrupción en México».
Los ciudadanos y organizaciones que se han suscrito a la iniciativa manifestaron su confianza en las instituciones democráticas de México y en que la clase política sea capaz de escuchar la demanda social, encauzarla y hacer vigentes mecanismos de control apegados a las mejores prácticas internacionales.
“Con la corrupción perdemos todos y las circunstancias no dan margen para soluciones a medias. Refrendamos nuestra apertura a participar en el diálogo legislativo para aportar los elementos jurídicos y técnicos que contribuyan a la aprobación de una Ley con soluciones de fondo a los graves problemas de corrupción”.
La Ley 3de3 toma fuerza con la difusión de más de 11 millones de documentos que conforman los Papales de Panamá, que vinculan a Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa; el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y candidato a la gubernatura de Veracruz; la actriz Edith González y los empresarios Ramiro García Cantú, Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), en la creación de empresas opacas en ese país.
