Hace cinco años, durante abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, fueron encontradas 47 fosas con 196 cadáveres que -según explicó el gobierno- pertenecían a pasajeros de autobuses secuestrados y asesinados por Los Zetas durante la última quincena de marzo. Sin embargo, casos como el de Leonardo Ventura, un joven guanajuatense asesinado en ese municipio, revela que los secuestros comenzaron mucho antes. Don Filemón Ventura relata cómo, aunque su hijo Leonardo fue hallado durante las exhumaciones, las malas prácticas forenses hicieron que su hijo desapareciera por segunda vez, que pasara más de cuatro años en otra fosa común.
Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo/masde72).– Los asesinatos en la carretera 101 no empezaron la última semana de marzo de 2011, como informaron funcionarios federales y del Gobierno tamaulipeco a partir del escándalo ocasionado por el surgimiento de las primeras fosas en San Fernando. Los crímenes ya ocurrían desde tiempo atrás.
A inicios de 2011, el día 17 de enero, los jóvenes Leonardo Rafael Ventura Tavera y Noé Cortés Hernández, de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, y dos amigas que los acompañaban a la frontera donde comprarían pacas de ropa usada viajaban en auto particular hacia la ciudad de Camargo, Tamaulipas, pero nunca llegaron a su destino: Los Zetas los interceptaron cuando transitaban por San Fernando.
El mismo mes de enero, ante la inexplicable ausencia, los padres de Leonardo pusieron una denuncia en la agencia 5 del Ministerio Público de Irapuato, Guanajuato.
Días después una de las jóvenes que viajaba en el auto interceptado regresó a San Felipe Torres Mochas y contó que en el camino habían sido detenidos por un retén de hombres, “unos vestidos de civil, otros de policía”.
–Ustedes sí van a salir, estos cabrones no—les dijeron los captores a ella y a su amiga.
Leonardo intentó explicarles que se dirigían a comprar pacas de ropa usada, pero a todos los obligaron a bajar del auto, les cubrieron la cabeza, los subieron a una troca y los llevaron a una casa donde los separaron y a ellos los golpearon. Noé estaba tan malherido que la testigo aseguraba que no había sobrevivido. De hecho, divulgó que seguramente los dos estaban muertos.
“Pero ella primero dijo mentiras”, corrige molesta la madre de Leonardo en una entrevista realizada el año pasado, cuando esperaba los restos de su hijo. Es la señora María Belén Tavera Calvillo, de 58 años, quien está al lado de su esposo Filemón Ventura Martínez, comerciante de 63 años.
El 26 de enero –recuerda bien el señor Filemón porque coincidió con su cumpleaños– una desconocida de Reynosa le llamó para informarle que no esperaran a su hijo, que estaba muerto, que quedó tirado en una brecha en el ejido Francisco Villa. Que había sido asesinado el sábado anterior. Y que Noé, desde el inicio, no había resistido los golpes y tampoco a la impresión de la crueldad que observó.
Ella explicó que Leonardo había estado preso en ese municipio junto a su esposo (de quien se reservó la identidad), que ambos llevaban las manos amarradas con alambres de púas, y se habían prometido que si alguno salía libre avisaría a la familia del otro sobre su paradero. Como su esposo había escapado ella estaba cumpliendo esa promesa. En ese momento su marido se recuperaba de los golpes en un hospital.
LA APARICIÓN DE LAS FOSAS
En abril, cuando comenzó el escándalo por el hallazgo de las fosas, la familia Ventura volvió a levantar un acta por desaparición en la Procuraduría y “en derechos humanos” de la ciudad de León, posteriormente hasta la ciudad de México, en la Procuraduría General de la República (PGR).
La familia aportaba siempre los mismos datos: tenía 25 años. Era alto, medía 1.80. Piel blanca, pelo muy corto desde que estaba como militar, ojos como verdes, cara ovalada, cicatriz en el apéndice, un tatuaje de sol en el hombro derecho con el nombre de su primera hija, otro con el nombre “Marisela”, la madre de sus otros tres hijos, con quien vivía. Tenía un diente quebrado, fracturado.
Eran 60 los paisanos que el Gobierno de Guanajuato reportó como desaparecidos al Gobierno tamaulipeco y a la PGR cuando se seguían descubrieron cuerpos bajo la tierra de San Fernando, en Tamaulipas.
Hoy sabe que el 8 de abril de 2011, cuando la Procuraduría se volcó a buscar cuerpos, los restos de su Leonardo fueron levantados de “unos matorrales, en unas brechas, no estaba enterrado”. Estaba completo, cerca del ejido Francisco Villa, como la mujer le había informado.
Por más que el señor Filemón pedía que buscaran a su hijo, decía dónde había sido asesinado y daba sus inconfundibles señas físicas nadie hizo caso. Y Leonardo fue echado a una fosa común de Tamaulipas.
“Desde el principio dijimos dónde quedó para que no lo hubieran llevado a la fosa común. Se ve la negligencia por parte de las autoridades”, dice él, indignado, durante una entrevista en su casa.
“Años y años, tardamos años en resolver”, lamenta ella. “Con las fotografías podían haberlo ubicado: Llamamos, mandamos fotos escaneadas, datos, todo al Semefo [Servicio Médico Forense] de Matamoros [Tamaulipas] y no hicieron caso”.
El agrega: “Lo que hicimos fue para que no lo hubieran llevado a fosa común por toda la información que proporcionamos. Si hubieran investigado y relacionado más una dependencia u otra, no hubiera llegado a fosa común”.
Pero Leonardo no tuvo la suerte de 120 de los restos que fueron trasladados a la ciudad de México y que fueron los únicos a los que se les hicieron estudios genéticos para saber si coincidían las muestras dadas por las familias que buscaban a parientes desaparecidos. Entre estas la de la familia Ventura.
Por ese error pasó cuatro años en una fosa común lejos de casa.
EL LARGO CAMINO PARA RESCATAR UN CUERPO
Al señor Filemón y a su esposa María Belén les tomaron tres veces muestras de ADN, una en Guanajuato (en abril de 2011), otra en León por parte de PGR. La última en mayo de 2014 por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense. El 2 de diciembre de ese año, la pareja, junto con los papás de Noé, volvieron a entrevistarse con los peritos de la PGR y los argentinos. En febrero de 2015 les dieron los resultados oficiales: su hijo había sido encontrado. El mes de abril no habían recibido el cuerpo.
“La persona del MP, Francisco Javier Rivero, de la Fiscalía de Búsqueda en PGR, nos dijo que mi hijo era parte de Los Zetas, y les llevaba las mujeres, que a él lo mataron los del Cartel del Golfo. Pero si fuera así yo me hubiera dado cuenta que trae dinero, se ausenta de la casa por meses. No ha pasado. Luego nos dijo que lo que nos había dicho no era así”, dijo.
Continúa: “Luego supimos que el problema fue que mi hijo dijo que fue militar y ellos odian a los soldados. Supuestamente por eso lo mataron. Noé no aguantó: en cuanto los agarraron degollaron a uno, y él se convulsionó, aparte de la golpiza que le dieron”.
Desde el 26 de septiembre de 2014 ese mismo funcionario les adelantó que todo indicaba que Leonardo estaba en una fosa común tamaulipeca. Eso se sabía gracias al Convenio Forense firmado entre la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense para que estos expertos independientes revisaran las fosas de San Fernando. Pero aún tenían que esperar a la exhumación del cuerpo para confirmarlo.
“Le pedí (a Rivero) que cuando se hiciera la exhumación me permitiera estar ahí para verlo, pero resulta que la hizo la Procuraduría de Tamaulipas sin avisar”.
En la exhumación se cometieron nuevos errores. Uno de ellos, fatal: perdieron una parte importante el esqueleto de Leonardo y revolvieron con otros huesos.
Los restos llegaron incompletos cuando el equipo argentino los tuvo enfrente para analizarlos, devolverles la identidad y entregarlos a la familia.
Leonardo fue enterrado en Torres Mochas mucho tiempo después de haber salido de casa. La familia Ventura aún busca la parte extraviada del esqueleto.
“Vamos a seguir exigiendo que encuentren lo que perdieron. Ya pedimos al MP de Tamaulipas que investigue dónde quedó”, anuncia la madre.
“Si el Gobierno hubiera querido actuar desde el momento que mataron a los 74 centroamericanos esto no hubiera pasado”, lamenta el padre.
*#Másde72 es un proyecto de investigación sobre masacres de migrantes. En www.masde72.org podrá consultar la información forense que puede ayudar a identificar algunos de los 120 cadáveres que la PGR trasladó desde Tamaulipas al Semefo defeño luego de su exhumación, ver nombres de personas desaparecidas en San Fernando y las historias de algunas víctimas, conocer los mecanismos de impunidad que obstaculizan la justicia. Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y con colaboración de Periodistas de a Pie.
