En una asamblea con motivo del quinto aniversario de su creación, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero manifestó que la Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y no es la solución para combatir la delincuencia, que “no es organizada, sino planeada y tolerada por el Gobierno”.
Los participantes además señalaron que su agrupación es hostigada permanentemente por los gobiernos federal y estatal que la califican como ilegal.
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Por Zacarías Cervantes
Guerrero/Ciudad de México, 6 de enero (El Sur/SinEmbargo).- La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se manifestó en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), y advirtió que en territorio comunitario no se va a acatar, porque es violatoria a la Constitución y no es la solución para combatir a la delincuencia de la que, consideró, no es organizada, sino planeada y tolerada por los gobiernos federal y estatal.
Estos fueron acuerdos de las actividades que se realizaron en esta cabecera municipal de la región de la Costa Chica, con motivo del quinto aniversario de la creación del proyecto comunitario y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
En las cuatro mesas que se instalaron con los temas relacionados con seguridad, justicia y proyecto comunitario, las autoridades comunitarias acordaron, además, fortalecer a la organización para enfrentar las amenazas de los gobiernos federal y estatal que la han calificado como ilegal.
Asimismo, aprobaron constituir comités municipales y regionales y con ellos integrar un frente común y para que los pueblos se conviertan en vigilantes de su territorio e impedir el ingreso de extraños que tienen la intención de explorar sus recursos naturales, entre éstos la minería.
Los trabajos comenzaron el jueves en la cancha techada del centro de esta cabecera municipal, por las autoridades municipales, agrarias, comunitarias, coordinadores y comandantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG, sin la presencia de su coordinador general y dirigente Bruno Plácido Valerio quien se encuentra convaleciente de un padecimiento de diabetes en el hospital general de Acapulco desde hace ocho días.
Al encuentro asistieron autoridades de 14 municipios de la región Costa Chica, Montaña y Sierra. Asistieron Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Juchitán, Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala, San Luis Acatlán, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla y Tecoanapa de la Costa Chica, así como de Chilpancingo de la zona Centro y Heliodoro Castillo de la Sierra.
Desde el jueves se instalaron las mesas en donde las autoridades comunitarias aprobaron un pronunciamiento en contra de la LSI, que consideran violatoria de la Constitución y diseñada en contra del pueblo por lo que los asistentes aprobaron no acatarla en territorio comunitario.
El pronunciamiento dice: “nosotros consideramos que al ser una ley ambigua y no especificar detalladamente los procedimientos, acciones y sanciones que tendrán la Marina, el Ejército y el Ejecutivo vulnera todas las garantías individuales y colectivas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Para la UPOEG en el proceso de aprobación de dicha Ley, no se escucharon las voces ciudadanas de los intelectuales, de los defensores de derechos humanos, y, sobre todo, de los organismos internacionales y nacionales, “mismos que consideraron que esta ley significa un retroceso en cuanto a los derechos políticos y sociales de la población mexicana”.
Frente a estos antecedentes la UPOEG manifiesta que es necesario levantar la voz ante las acciones que un grupo de personas en el poder ejerce contra toda la nación.
“También es preciso dejar en claro que creemos que la discusión de esta Ley fue muy corta y no se realizó ninguna consulta”, dice el pronunciamiento dirigido a los gobiernos federal y estatal.
La organización agrega que esta Ley es contraproducente más en estados como Guerrero en donde “hemos vivido la violencia de Estado que reprime, asesina, tortura, desaparece y vulnera los derechos de la ciudadanía, es por eso que no aceptaremos la aplicación de la esta ley y exigimos que se revise detenidamente consultándonos a todos y a todas”.
La postura de la UPOEG establece que militarizar al país no es la solución para acabar con la inseguridad que aqueja a todo el territorio mexicano. “Como ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros derechos y obligaciones hemos demostrado que la organización de los pueblos ha sido la única capaz de regresar la tranquilidad a las comunidades por lo que debemos continuar el ejercicio democrático que ha demostrado UPOEG”, dice la postura.
A la celebración del quinto aniversario de la UPOEG llegó al final el presidente de la Barra Nacional de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, quien también se manifestó en contra de dicha ley, y dijo que violenta los principios constitucionales, como el 129, el 21 y el 14, “entonces si hay esa violentación a los derechos constitucionales, nosotros debemos exigir que debe continuar el debate antes de que se ponga en práctica”, pidió.
Se quejó de que quienes se “desgarraron la piel” hablando de esa Ley y del amor que le tienen al país en la Cámara de Senadores “¿cuántas veces vinieron esas fuerzas políticas a pedirles una opinión a ustedes, y por qué ahora se están desgarrando las vestiduras allá en el Senado y en la Cámara de Diputados hablando de esa ley que a todas luces es ilegal?”.
Dijo que la opinión general de los ciudadanos es que esta ley atenta y violenta los principios constitucionales y que, sin embargo, los representantes populares la aprobaron, se quejó.
Antes, el coordinador regional de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande, también dijo que esa ley no resuelve el problema de la violencia y denunció que en Guerrero, como en el país, no existe la delincuencia organizada, y que ésta es delincuencia “tolerada” por el Gobierno y que solamente el pueblo va a poder con ella.
“Si no es el pueblo quien se va a defender, nadie lo va a venir a hacer por nosotros”, advirtió.
Dijo que el problema de la violencia se va a resolver con proyectos como el de la Policía Ciudadana de la UPOEG, “que es un proyecto no de una sola persona, ni del gobierno, sino del pueblo”, dijo y agregó que sólo el pueblo será capaz de brindarse su propia seguridad.
Añadió que desde hace cinco años que se fundó el sistema de justicia comunitario de la UPOEG “nosotros dijimos basta al secuestro, a los cobros de piso, en nuestro territorio no se tolera el secuestro ni el cobro de piso, tampoco la violación el asesinato o el robo”.
Aseguró que en donde funciona el sistema de justicia comunitario no ha quedado impune ningún secuestro ni cobro de piso, “se les ha dado resultados a los ciudadanos y los hechos hablan por sí solos, donde tenemos presencia se respira paz, se respira tranquilidad”, aseguró.
Por eso dijo que desde que el sistema existe el Gobierno ha querido dividir al sistema y la delincuencia ha querido penetrar a la agrupación, “pero gracias a esos compañeros valientes que han luchado y siguen luchando que han sabido defender a su pueblo el proyecto sigue adelante”, dijo en referencia a los policías ciudadanos de la UPOEG.
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El comandante regional demandó a los policías ciudadanos que sigan haciendo las cosas de la mejor manera, “recuerden que estamos aquí para servir al pueblo, no para servirnos del pueblo, somos los mandaderos del pueblo y nuestra policía tiene que ser respetuosa de los derechos humanos pero sí, con mano firme en contra de los delincuentes y castigar a quien se merece”.
Por la mañana el padre Andrés Bahena Álvarez ofició una misa en la capilla de Santiago Apóstol, ubicada en el centro de la cabecera municipal, en la que dijo que el problema de la violencia que se vive en el estado es por la envidia y la corrupción y convocó a los integrantes del sistema de seguridad y justicia de la UPOEG a actuar alejados de esos vicios y agregó que la solución al problema de la injusticia es la conciencia, “si tu conciencia no te reclama justicia no vas a actuar en consecuencia”, dijo a los asistentes a la misa, muchos de ellos policías ciudadanos uniformados.
El clérigo demandó evaluar a conciencia en estos dos días de celebración por el quinto aniversario del proyecto de la UPOEG, las acciones realizadas en los cinco años que lleva de funcionar el sistema. Agregó que este debe enfocarse a un proyecto que se base en la justicia, en la solidaridad, en la ayuda común, pero sobre todo en el respeto a los derechos humanos.
“No podemos trabajar en un proyecto comunitario si no nos vemos como verdaderos hermanos y no buscamos la justicia y el bienestar común”, insistió el sacerdote.
Dijo que si trabajan por esa vía, que no les importe que todo el mundo esté en su contra porque “cualquier proyecto que trabaje por los derechos humanos será un estorbo para aquéllos que luchan por el reino del mal”.
Por su parte el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, consultado al término de los trabajos, declaró que la intención es fortalecer a la organización que ha venido siendo hostigada permanentemente por los gobiernos federal y estatal al calificarla como ilegal.
Informó que para su defensa la organización ha establecido convenios con las barras de abogados nacionales, e incluso, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dijo que con la intención de fortalecer a la organización, van también a fortalecer las asambleas de los pueblos y de las regiones para que funcionen como organismos avalados por el pueblo que sea capaz de defender en los hechos al sistema comunitario y a la misma UPOEG.
Al encuentro no asistieron representantes gubernamentales ni de otras agrupaciones, encabezaron la asamblea promotores que fundaron la organización, como el mismo abogado Vázquez Quintero, los promotores Gonzalo Torres Valencia, Crisóforo García, José Luis Matías Alonso, así como coordinadores y comandantes regionales, además de comisarios municipales y comisariados ejidales y comunales.
Después de la misa, más de mil asistentes a la celebración participaron en una marcha por las calles de la cabecera municipal en donde corearon consignas en contra de la Ley de Seguridad Interior y a favor del sistema comunitario.
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