Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver mañana el caso de tortura de Israel Arzate Meléndez, detenido en 2010 y acusado del asesinato de 15 jóvenes en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, Chihuahua, y con ello fortalecer el sistema de justicia penal mexicano.
Israel Arzate declaró que participó como sicario en la matanza, después de ser golpeado, asfixiado y recibir electrochoques en distintas partes de su cuerpo, sin embargo, a tres años de los hechos, las autoridades no cuentan con ninguna otra prueba para inculparlo, además de su confesión.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia a través de dos amparos, uno por tortura y uno más por vehículo robado y si mañana la entidad judicial decide fallar a favor de Israel, no sólo quedaría libre del arraigo domiciliario que purga, sino también, se sentarían las bases para que los jueces pudieran actuar bajo un protocolo cuando llegan a sus manos casos de tortura.
“La importancia que tiene este caso, es que la tortura en México es uno de los mecanismos que ha sido utilizado para sustituir las investigaciones y para presentar a personas responsables de delitos que no ha cometido. La decisión puede sentar las bases para que por primera vez la Corte diga, cuáles son las obligaciones para que los jueces actúen cuando conocen de casos de tortura”, dijo Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
La SCJN no solo tiene en sus manos el futuro del joven chihuahuense, sino también el de muchas otras personas, considera el litigante.
“El miércoles estaríamos ante que no solo que se pueda reconocer y resolver este caso concreto, sino que se establezcan los criterios para que todos los jueces tengas los parámetros cuando se conozcan casos de este tipo. Queremos que la Corte establezca como una obligación para el juez abrir una investigación cuando se denuncien estos hechos”, dijo.
Simón Hernández explicó que hoy, si una persona, como le ocurrió a Israel, denuncia que rindió una declaración bajo tortura, los jueces le solicitan al inculpado probar los hechos, antes de iniciar una investigación por parte del Estado.
“La prueba no puede recaer en la persona. El Estado tiene que probar que fue torturado, solo así se pueden eliminar esas prácticas que siguen vigentes. Una declaración bajo tortura no puede ser utilizada en un juicio, es nula”, dijo el abogado.
En el caso de Israel, el joven fue presentado el 6 de febrero de 2010 ante los medios de comunicación como uno de los sicarios que participó en la matanza de la noche del 30 de enero de ese año.
Israel se dedicaba al comercio ambulante y fue el 3 de febrero de 2010 cuando fue interceptado por dos personas que le preguntaron si él era Carlos Madrigal, al contestar que no, fue “levantado” por dos militares que descendieron de una camioneta.
El joven declaró que a partir de ese momento, fue torturado por más de 30 horas, golpeado y amenazado de que si no firmaba una declaración donde se decía culpable de asesinato, lo desaparecerían y además, los militares violarían a su madre, Guadalupe Maléndez y a su entonces pareja sentimental.
Después de esas largas horas, Israel accedió y se reconoció culpable y ahí empezó su largo peregrinar por justicia.
El joven permaneció un año en prisión preventiva y las autoridades al no contar con más pruebas para inculparlo y para resolver el caso, solicitaron una orden de arraigo domiciliario.
El 31 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 49/2011 a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) donde acreditó la tortura que padeció Israel a manos de militares cuando estuvo retenido.
La CNDH indicó: “Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que existen elementos suficientes que permiten indicar que Israel Arzate fue víctima de Tortura, fue obligado a confesar su posible participación en la masacre sucedida en la colonia Villas de Salvárcar”.
La Comisión también destacó que la ausencia de una investigación seria sobre los hechos, provocó que se dejara de castigar a los verdaderos culpables.
UNA VIDA FRACTURADA
Israel permanece detenido desde hace casi cuatro años y bajo arraigo en su domicilio desde hace tres. Durante este tiempo han cambiado muchas cosas para él.
Su madre, Guadalupe Meléndez, una mujer de 53 años que a partir de lo sucedido a su hijo, inició una vida de activismo, confiesa que la vida de Israel está fracturada.
La madre de su hijo, y quien era su pareja cuando ocurrieron los hechos, decidió irse de Ciudad Juárez y casarse con otra persona.
“Es algo muy difícil, no aguantó, a lo mejor no lo quería tanto. Yo aguanto porque soy su madre, pero debe ser muy difícil, ya son casi cuatro años”, dijo.
Guadalupe trabaja y de su salario comen los dos: Israel y ella, pues en la casa del arraigo vive con su hijo.
“Yo compro el mandando porque la comida que le llevan no es buena y yo le llevo sus alimentos”, dijo.
La vida de Guadalupe también cambió porque desde que su hijo fue aprehendido, ella vive en constante miedo.
“Tengo otros hijos, pero no los meto en esto, porque tengo miedo. Cualquier momento me pueden matar, sí, lo pueden hacer, en Ciudad Juárez pasa todo y nadie hace nada. Lo veo en mi caso y en los casos de mujeres violadas que veo en la Red Mesa de Mujeres”, dijo.
