Además de hacer recomendaciones muy claras para disminuir la preponderancia de América Móvil y Televisa, la OCDE dedicó un espacio importante a la televisión pública en el estudio sobre las telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, que presentó en un acto público la semana pasada.

Sin rodeos, el organismo internacional afirma que los recursos financieros para apoyar a la radiodifusión pública (como Canal Once, Canal 22, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y sistemas estatales) son insuficientes para alcanzar los objetivos de la política pública establecidos en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), particularmente en cuanto a la necesidad de incrementar la pluralidad y diversidad en el sector.

“En México, los concesionarios de radiodifusión pública tienen menos apoyo financiero que en la mayoría de los países de la OCDE, lo cual limita su capacidad para cumplir con su mandato”, revela el organismo, por lo que deben considerarse diferentes alternativas, más flexibles, para su financiamiento, independientemente del presupuesto público que asignan el gobierno federal y los gobiernos estatales a estos sistemas.

La recomendación más importante es que los concesionarios de estas frecuencias deberían vender publicidad, “aunque sea limitada”, y siempre y cuando “no comprometa sus objetivos sociales, culturales y educativos” o implique una “competencia desleal con el sector privado”.

Así es, en contra de la opinión de la industria y de quienes equivocadamente ven a los medios públicos como una carga, la OCDE considera que México debe quitar este candado a la televisión pública (suponemos que a la radio también), tal como se ha hecho en otros países integrantes de la organización. No recomienda algún porcentaje en particular, pero precisa que esta debería ser una medida adicional a las posibilidades de recibir ingresos, permitidas en la ley, como los patrocinios (menciones de marca), venta de sus producciones y su oferta de servicios. Este beneficio debería extenderse a los medios electrónicos comunitarios e indígenas, precisa la OCDE.

Otra recomendación destacada es que las emisoras públicas deberían cobrar por la difusión de sus contenidos conforme a las reglas de retransmisión de los canales de televisión abierta en los sistemas de televisión de paga (must carry y must offer). Esto es, que la obligación de subir los canales de la televisión pública a plataformas como Sky, Dish, Izzi o Megacable, debería implicar un pago a quienes proveen estos contenidos. Y ejemplifica: en Estados Unidos, solamente en 2012, los operadores de cable pagaron 21 mil millones de dólares por la retransmisión de programación de televisión abierta.

Qué interesante. Antes de que dichas reglas de gratuidad de must carry y must offer se incorporaran a la misma Constitución en 2013, algunas televisoras públicas estatales -pese a sus limitados recursos- se veían obligadas a pagar a los sistemas de televisión de paga para retransmitir su programación y garantizar el derecho de la audiencia a recibir este servicio. Lo que plantea la OCDE es que esto sea al revés, con el fin de mantener la estabilidad financiera de los medios públicos e incentivar la diversidad.

Además de este pago, la OCDE sugiere específicamente que los operadores satelitales transmitan los canales de la televisión abierta de las transmisiones locales principales. “México se ha dividido tradicionalmente en 28 centros conurbados principales, cada uno de los cuales tiene al menos una estación de TV abierta local”, señala el documento.

Es un aporte más de la OCDE que debería considerarse, ya que, efectivamente, la mayoría de las audiencias que tienen contratado los servicios de Sky o Dish sólo tienen acceso a los canales de cobertura nacional y canales públicos federales, pero no a los canales locales o regionales, donde viven. Por ejemplo, los suscriptores de Dish y Sky en la Ciudad de México no pueden ver en el mismo sistema los canales Capital 21, del Gobierno de la Ciudad de México, o Ciudad TV, de la Asamblea Legislativa. Dice la OCDE: “en el Reino Unido, la BBC transmite las 14 variantes locales de sus 2 principales canales de entretenimiento en todas las plataformas”.

Una tercera propuesta consiste en que el beneficio incluido en la LFTyR para los concesionarios indígenas y comunitarios, que les otorga el derecho de recibir un porcentaje (el uno por ciento) del presupuesto gastado por las entidades públicas en comunicación social, debería extenderse también a los concesionarios de radiodifusión pública. La misma OCDE lo justifica de la siguiente manera: mientras el Canal Once tiene un presupuesto anual cercano a los 100 millones de dólares, el gobierno federal gasta 400 millones de dólares en publicidad que se difunde en los medios comerciales, adicionalmente a los tiempos de transmisión oficiales con los que cuenta.

Este dato viene muy a tono con la discusión que se ha generado en torno del dispendioso gasto de publicidad gubernamental, que beneficia a muy pocas empresas de medios de comunicación comerciales y que subestima a los medios públicos. Recuérdese que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a regular la publicidad gubernamental para evitar favoritismos hacia determinadas empresas del sector, así como establecer candados que impidan tener injerencia en sus líneas editoriales. Parte de esta nueva regulación, podría ser lo que sugiere la OCDE.

AUDIENCIAS FRAGMENTADAS

Como se aprecia, para la OCDE es imprescindible fortalecer a los medios públicos para aumentar las voces en los mercados audiovisuales (que continúan con una enorme concentración) e insertarse en servicios convergentes que crecen en el país. Reconoce que una de las creaciones de la reforma en telecomunicaciones, el SPR, “ha sido una plataforma importante de apoyo a la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales e independientes en México”. Pero también lo ha sido para la nueva cadena de televisión comercial, Imagen TV, que “utiliza actualmente los sitios de transmisión” de dicho Sistema, “mientras continúa desplegando su red”. Debió utilizar la infraestructura de Televisa, en su calidad de agente preponderante de radiodifusión, pero no lo hizo por sus elevadas tarifas.

También reconoce, que el Canal Once, operado por el IPN, ha logrado captar el 9 por ciento de la audiencia nacional, según encuesta del IFT, pero en general, las televisoras públicas “tienen participaciones de audiencia relativamente bajas en comparación con sus contrapartes comerciales”.

La televisión pública tiene por lo tanto desafíos similares a la televisión comercial en lo referente a participación de la audiencia. “En la medida en que la televisión pública satisfaga la demanda no cubierta por los actores comerciales, podrá ser menos susceptible a la fragmentación de audiencias de la televisión lineal”. Sin embargo, no deja de advertirse que “a medida que crezca el uso de la TV restringida y los medios digitales, se espera que la participación de audiencia de la TV abierta, tanto comercial como pública, disminuya”. Una pregunta obligada es ¿qué está haciendo y qué podría hacer la televisión pública para participar en el mercado de OTT, tales como YouTube, Netflix y Spotify, y continuar con su función social e incrementar la pluralidad de contenidos?

Las recomendaciones de la OCDE en radiodifusión pública y en otros ámbitos necesita de modificaciones a la legislación vigente para materializarlas. Para ello, deben presentarse iniciativas que impulsen esos cambios y voluntad política para aprobarlas. Desafortunadamente, por ahora, el actual clima político-electoral del 2018 impide acuerdos de esa naturaleza y más aún cuando una reforma como esta también afecta intereses económicos de concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones (por ejemplo, por apertura de la publicidad a medios públicos o el pago por retransmisión de sus contenidos).

No obstante, el estudio de la OCDE traza algunas líneas de trabajo para avanzar en la reforma estructural de la radio, la televisión y las telecomunicaciones en México. Las candidatas y los candidatos a la Presidencia, al igual que los partidos políticos que los impulsan, deberán incorporarlas en sus propuestas de gobierno, si su visión es a favor de la sociedad. ¿Lo harán?

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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