La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó hoy las reformas anticorrupción aprobadas en Veracruz y Chihuahua que favorecían a los Gobernadores salientes Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional las reformas anticorrupción aprobadas en Veracruz y Chihuahua, las cuales buscaban favorecer a los gobernadores priistas salientes Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte resolvió que los Congresos estatales no podían legislar en esta materia porque aún no se expedían las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo que ocurrió hasta el pasado 18 de julio.
La decisión de los ministros de votar a favor de invalidar ambas normas se da debido a que consideraron que son violatorias de los artículos transitorios de la Reforma constitucional de 2015 en materia de corrupción, ya que al emitir normas locales y aprobar un sistema local anticorrupción, los mandatarios ejercieron una capacidad que aún no les corresponde.
Dicha Reforma determina las dos leyes que conforman al SNA: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo establece que los estados deben aguardar hasta la expedición de las leyes generales mencionadas, para que al conformar sus respectivos sistemas locales anticorrupción, concuerden con lo estipulado en el SNA.
En el caso de Veracruz quedaron sin efectos seis decretos que abarcaron la Fiscalía y todo el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, mientras que en Chihuahua fue anulada la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
En el caso de la reforma anticorrupción aprobada en Quintana Roo, la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra del congreso de Quintana Roo, por sus reformas en materia de Anticorrupción y “nombramientos a modo”. Sin embargo, el fallo está pendiente de sentencia.
El caso de supuesto intento de “blindaje” de estos tres gobernadores ha generado polémicas legales -como en el caso de la PGR y de la SCJN-, siendo que los tres funcionarios han sido ampliamente acusados, inclusive por algunas corrientes dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por casos de corrupción.
El 18 de agosto de este año, la organización priista denominada Corriente Solidaridad promovió la expulsión del partido de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, quienes acumulan, en combinación, al menos 78 denuncias y averiguaciones previas.
De acuerdo con el procedimiento de suspensión de derechos interpuesto por la organización mencionada, el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tiene dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2mil millones de pesos; también, 32 procedimientos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la PGR por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.
César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, tiene 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.
