En 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso la calificación más baja a los penales de la entidad y los ubicó en el lugar número 31, sólo peor que Nayarit.
El hecho más violento que se ha registrado en un centro penitenciario del estado es el ocurrido el pasado 6 de julio de 2017 en el penal de Las Cruces de Acapulco: una supuesta riña entre grupos contrarios que dejó 28 muertos y tres heridos.
De acuerdo con los reportes oficiales, los presos fueron asesinados con armas punzocortantes, sin embargo, trascendió que algunas víctimas fueron degolladas.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo/Ciudad de México, 5 de mayo (ElSur/SinEmbargo).- En tres de los cuatro penales en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aplicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria-2017 han ocurrido masacres al interior y afuera desde 2014, sin que las autoridades penitenciarias que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hayan atendido las observaciones del organismo nacional para corregir las fallas.
En los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que aplicó la CNDH en 2017, los penales de Guerrero volvieron reprobar con 4.22 puntos de 10 posibles en cuanto a garantizar la integridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos.
El organismo hace observaciones y recomendaciones para que las autoridades penitenciarias subsanen esas deficiencias desde su primer diagnóstico, aplicado en el 2011, sin embargo, en vez de corregirse la tendencia correspondiente en estos aspectos en los penales de la entidad va a la baja, y en 2017 la CNDH puso la calificación más baja a los penales de la entidad y los ubicó en el lugar número 31, sólo peor que Nayarit.
En Guerrero se diagnosticaron los penales de más alta población penitenciaria: Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, y en los tres primeros han ocurrido masacres desde 2014, la más trágica fue la del penal de Acapulco el 6 de julio de 2017 cuando fueron asesinados 28 reos.
Antes se vivió la del penal de Iguala. La madrugada del 3 de enero de 2014 ingresaron seis sicarios, algunos con armas largas que se dijeron funcionarios federales y agentes ministeriales que llevaban a un detenido, pero en el interior buscaron a Ismael Ocampo Álvarez, “La Naila”, jefe de la plaza en Taxco, a quien mataron, así como a otros tres hombres de su grupo.
Cuando iban de salida personal de custodia los enfrentó y mataron a cinco, uno más resultó herido. También resultó herido el custodio Rigoberto Contreras Ocampo, quien fue trasladado a la clínica del ISSSTE y horas después falleció.
Antes del ataque, la madrugada del primero de enero fue asesinado en ese reclusorio el reo Mario Maldonado Marino, su cuerpo fue encontrado con huellas de golpes y tortura. Con él los muertos subieron a 11 del 1 al 31 de enero.
Tras esos hechos de violencia en el penal de Iguala la noche del mismo 3 de enero, 14 reos del fuero común y federal fueron trasladados al penal de Las Cruces de Acapulco. Entre ellos iban Marcelino Giovanni Salmerón, procesado por homicidio calificado, Samuel Vargas Carbajal y Óscar Pérez Cortés, los dos últimos presos por robo y lesiones. Los tres fueron encontrados asesinados a golpes en el área médica del penal la madrugada del 4 de enero de 2014.
Un año después, el 29 de noviembre de 2015, dos hombres que protestaban por el traslado “irregular” de sus familiares que estaban presos en el penal de Chilpancingo fueron asesinados por sicarios que llegaron afuera del penal que estaba resguardado por policías estatales. En los hechos también resultó herida una mujer.
El doble asesinato ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas, después de que los familiares de 22 presos que fueron cambiados de este penal se manifestaron frente a la cárcel y acusaron al entonces Director, Javier Castrejón Rosales, que sin previo aviso ni razón aparente ordenó el traslado a otro penal.
La peor masacre ocurrió en el penal de Las Cruces de Acapulco el 6 de julio de 2017, tras una supuesta riña entre grupos contrarios que dejó 28 muertos y tres heridos.
Según el reporte la pelea comenzó a las 3:00 horas en el módulo de Máxima Seguridad.
Aunque el gobierno estatal difundió que los asesinados fueron por arma punzocortante se supo que algunas víctimas fueron degolladas y decapitadas.
La versión policiaca indicó que dos grupos de bandas que operan en el penal protagonizaron el hecho violento. Los primeros cuerpos fueron hallados apilados entre un pasillo, la cocina y el área de las visitas conyugales de la cárcel, de acuerdo con el mismo reporte oficial.
En ese mismo penal ocurrió otra balacera adentro y afuera del penal el 15 de diciembre de ese año, debido al traslado de ocho reos, lo que originó un amotinamiento de los presos ese día en demanda de la salida del entonces Director, Amadeo Tiburcio Paulinos.
La balacera comenzó a las 14:00 horas adentro de las inmediaciones del penal y afuera, en las colonias Las Parotas y Ricardo Flores Magón.
La versión de las autoridades señaló que los reos se inconformaron en una reunión contra el director de la cárcel por “cambios inesperados” adentro del penal, lo que ocasionó que lo retuvieran y se amotinaran.
A pesar de esos hechos, en los tres penales la CNDH encontró todavía en su diagnóstico penitenciario de 2017, “deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), presencia de actividades ilícitas, presencia de cobros (extorsión y sobornos), y falta de capacitación del personal penitenciario”.
Asimismo, halló la falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), insuficiencia de personal de seguridad y custodia, problemas de sobrepoblación, hacinamiento, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud, falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, e insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro penitenciario.
