El saldo de extraviados durante el calderonismo rivaliza con los de las dictaduras latinoamericanas. ¿Qué hará el nuevo Presidente? En cuanto a mujeres, las ausencias son más en el Estado de México, la entidad que gobernó
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa deja un saldo de desaparecidos que rivaliza con el de las dictaduras latinoamericanas.
En Argentina, según el informe oficial “Nunca Más”, 18 mil personas desaparecieron durante la dictadura, aunque algunos organismos derechos humanos calculan la cifra en 30 mil. Mientras, en Uruguay se han documentado casi 300 extravíos de personas entre 1973 y 1985.
En México, durante el Calderonismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene el registro de 24 mil 91 personas reportadas como extraviadas o no localizadas. Esta cifra es 17 veces mayor a la de los desaparecidos políticos en México entre 1962 y 1987, que según el “Informe de misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas”, fueron mil 350.
LOS NÚMEROS TIENEN ROSTROS
Cada una de esas ausencias tiene nombre, rostro y una familia que vive destrozada por la incertidumbre. Yahaira Guadalupe Bahena López es una de las desaparecidas. La joven de 19 años fue sacada de su domicilio por un comando de hombres armados en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el 13 de abril de 2011, y desde entonces no se sabe de ella. Hacía casi dos años que estaba casada con un militar de fuerzas especiales y su madre Margarita López Pérez ha peregrinado por distintas instituciones para saber de su paradero.
Margarita incluso realizó una huelga de hambre de siete días frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para exigir a las autoridades respuesta sobre el caso de su hija y otros desaparecidos.
El 20 de septiembre de 2011 le dijeron que había aparecido el cuerpo de su hija, pero ella ha realizado de manera particular estudios de ADN que han resultado negativos, por lo que solicitó la intervención del equipo de antropólogas argentinas que trabajan para la Corte Interamericana. Una de sus peticiones actuales es que se le entreguen los resultados de los estudios que el FBI realizó al cadáver hace seis meses. “Quiero saber si el cuerpo que está ahí es de mi niña o no, para poder darle sepultura, o de lo contrario que se pongan a buscarla”, explica entre lágrimas.
SÍ, SON MÁS QUE CIFRAS
El horror de las cifras está matizado por el dolor de cada una de las familias que han tenido que enfrentar la indiferencia e incluso discriminación por parte de las autoridades estatales y federales.
Hasta el momento, muchos siguen esperando una investigación a fondo sobre las desapariciones.
Es el caso de María Alicia Guillén Hernández, quien busca a su hijo Eduardo Meza Guillén, desaparecido el 21 de enero de 2012 de la colonia Francisco I Madero, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los cinco años de edad.
Las autoridades del Ministerio Público se negaron a registrar su denuncia, y después le pidieron que ella misma aportara pruebas sobre el caso. “Me estuvieron llegando mensajes del mismo número, por último me mandaron un video donde hablan un niño, una señora y mi bebé. Yo le entregué todo eso al Ministerio Público y le pregunté qué estaba pasando, si ya habían sacado la sábana telefónica. Y no sabían ni qué era eso”.
Las autoridades también se han negado a darle copia de las averiguaciones que se han hecho y la han enviado a distintas dependencias con el argumento de que el caso ha sido transferido. “Quién sabe a dónde remitieron el caso de mi hijo. Me duele mucho cómo he sido discriminada por esta licenciada (la Ministerio Público), me mal contesta y me dice cosas”, relata entre lágrimas. “¿Por qué al papá de mi hijo sí le entregó expedientes para que me quitara la pensión? ¿Por qué a mí que soy la que ando sufriendo buscando a mi hijito no me quiere dar nada?”.
Ella afirma que tiene identificada a la posible secuestradora de su hijo. “Su verdadero nombre es María Juven Hernández López, nativa de Zacatonal de Juárez, municipio de Huitiupán”. Sin embargo, las autoridades sólo la han interrogado y no han investigado más allá. “Duele mucho perder a un hijo, duele mucho no ser atendida. Duele mucho ser discriminada, más cuando es uno pobre”, concluye Alicia Guillén, quien ha venido al Distrito Federal con la esperanza que las autoridades den solución a su caso.
ADICCIONES, FANTASMAS EN LAS AUSENCIAS
El Consejo Nacional contra las Adicciones estima que en México hay tres y medio millones de personas que utilizan algún tipo de droga. En los últimos años, han ocurrido ataques contra clínicas de rehabilitación y también la desaparición de varios consumidores.
Elvis Axel Torres Rosete de 17 años desapareció el 30 diciembre de 2010, cuando estaba internado en la clínica de rehabilitación “Salva tu vida” en Tultitlán, Estado de México. “Estuvo en tratamiento seis meses y a tres días de salir el dueño de la clínica lo mandó junto con otras dos personas a Matamoros por otro paciente. Sabemos que hasta allá no llegaron, pero no sabemos de ninguno de los tres”, relata su madre Nancy Raquel Rosete Núñez.
Señala que hasta el momento no ha obtenido respuesta de las autoridades. “Uno es el que tiene que estar investigando y buscando líneas de investigación”. Desde mayo logró la oferta de una recompensa a quien proporcione información sobre su hijo, y solicita que se le dé mayor difusión a esa campaña. Su hijo desapareció cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y no prestó mayor atención al caso. “Ahora, como Presidente no creo que haya respuesta”.
Alfredo Ortiz Osorio, de 20 años, también era víctima de una adicción. Salió el día 22 de febrero de 2012 rumbo a Monterrey, donde uno de sus primos le había conseguido trabajo y alojamiento. La última vez que se comunicó con su familia avisó que intentaría regresar a su domicilio en el Estado de México.
El tiempo pasó y el joven no llegó a casa, pero su familia no se dio a su búsqueda de inmediato debido a su adicción, misma que ha padecido por cinco o seis años, según relata Concepción Osorio, madre del joven.
Levantaron un acta en la procuraduría de zona norte en Nezahualcóyotl, donde le sugirieron que solicitara en Teléfonos de México una copia de los registros telefónicos del número de donde su hijo llamó, pero aún no se los han entregado. Concepción afirma que para ella y otras madres con hijos desaparecidos, la angustia es permanente: “A la hora de sentarnos a comer nos preguntamos: ¿Mi hijo come, mi hijo duerme?”.
Ella pide que se intensifique el combate a las adicciones. “Que en cada colonia haya un centro de rehabilitación, que les den estudios, algún trabajo. Que los enseñen a sobrevivir, a trabajar, para que no vivan estirando la mano en los camiones o en el metro”.
EDOMEX: DONDE LAS MUJERES DESAPARECIERON
El Estado de México es una de las entidades con mayor número de desaparecidos. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), de enero del 2010 a febrero del 2012 se reportaron en total dos mil 509 personas ausentes, de las cuales 568 son mujeres menores de edad.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registró tan sólo en 2011 más de 600 desapariciones de mujeres de entre 10 y 20 años en la entidad.
Elizabeth Cruz García desapareció el 30 de diciembre de 2010, cuando tenía 18 años. Fue a un restaurante con sus amigos y por la noche ellos la dejaron sola, en “estado inconveniente” en la colonia Jardines de Santa Clara. Un señor le ayudó a llamar a su novio para que la recogiera, pero el muchacho respondió que no podía acudir. Después de eso Elizabeth se fue, y a partir de ese momento no se sabe más de ella.
El caso de Alejandra Viridiana Osornio Mejía, de 21 años, es muy semejante. Ella desapareció el 4 de noviembre de 2011, de un bar billar en donde festejó el cumpleaños de una amiga. “Por las declaraciones que hicieron los compañeros que estuvieron con ella (…), ellos se retiraron y mi hija les dijo que se iba por su cuenta. Después de ocho meses habló el cantinero del lugar y dio retratos hablados de quien se había llevado a mi hija”, relata Beatriz Mejía Díaz.
Para Beatriz la búsqueda ha sido complicada: “El Ministerio Público no nos ha apoyado como debe ser, perdieron mi carpeta y un agente ministerial me dijo que no me quería ver ahí, que ya me tenía registrada y que si me pasaba algo no era responsabilidad de él”. También acudió a la Fiscalía de Secuestros de la Procuraduría del Distrito Federal, ya que se detectó uso de la tarjeta de su hija en Avenida Universidad el día que desapareció, pero el banco tardó demasiado en entregar mayores datos y las compañías telefónicas tampoco han proporcionado el registro de llamadas de su número.
Araceli González Pérez también busca a su hija, quien despareció de su propia casa el 12 de abril de este año. Ella y su esposo salieron a trabajar por la mañana, y cuando él regresó a las cinco y media de la tarde encontró la televisión y las luces encendidas y la puerta abierta. Su hija Luz del Carmen Miranda González, de trece años, ya no estaba.
“Cuando ella desaparece recibimos un mensaje que decía que la tenían y que me la violaban y la maltrataban todo el día”, relata la madre. Al día siguiente intentaron levantar una denuncia, pero los oficiales le dijeron a su marido que no se preocupara porque era seguro que su hija estaba en Acapulco tomando cervezas con su novio. Aunque Luz del Carmen era menor de edad, dijeron que la denuncia sólo se haría válida hasta que no pasaran 72 horas.
Araceli pensó en unirse a la huelga de hambre que otras madres realizaron en noviembre, pero le fue imposible ya que su marido ha quedado desempleado y el sueldo que recibe por cuidar enfermos es el único ingreso familiar que permite también cubrir los gastos de la búsqueda. “Era mi única hija, era mi compañera y era todo lo que tenía”, afirma con tristeza.
Estas mujeres esperan que Enrique Peña Nieto cumpla las promesas que hizo como candidato. “Yo quisiera que ahora como Presidente nos apoye a todas las mamás que estamos en esta situación, que somos muchísimas” para “poder encontrar a nuestros hijos, en las condiciones que estén”, solicita María del Carmen García Sánchez, quien tiene otras dos hijas de 14 y 12 años.
Por su parte, Beatriz Mejía Díaz, madre de otra joven de 26 años, expresa “esperamos que (Peña Nieto) nos dé respuesta porque él pidió votos. Entonces se le otorgó el voto y confiamos en él (…). Les pido a las autoridades que vean el caso de mi hija, que manden a alguien al Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli porque hay mucha corrupción ahí, y que difundan la fotografía de mi hija y los retratos hablados que tengo de las personas que se la llevaron”.
LA VIDA COMO VÍCTIMA
“Desde hace aproximadamente 15 años las víctimas en el país tienen derechos que no están consagrados en leyes secundarias”, explica el senador Arturo Zamora Jiménez, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado. El fundamento constitucional de este derecho es el artículo 20, que en el apartado B indica los derechos de las víctimas de delitos. Por ello, para él era necesaria la publicación de la Ley General de Víctimas, misma que Felipe Calderón detuvo.
Por su parte, Julio Hernández Barros, experto en Derecho penal y abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad especifica que “las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares tienen derecho a la reparación adecuada del daño, a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de no repetición”.
Además, tienen derecho “a ser tratados con humanidad y respeto de su dignidad por parte de los servidores públicos; a recibir atención médica y psicológica; a acceder a los mecanismos de justicia disponibles, y a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de los responsables del daño”.
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos saben que estos derechos no se cumplen de manera efectiva. Irma Alicia Trejo Trejo busca a su hijo Francisco Albavera Trejo, de 22 años, desde el 26 de marzo de este año. Ella denunció primero ante la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros, pero durante cuatro meses no se realizó ninguna investigación. Los funcionarios de esa instancia consideraron que era una ausencia voluntaria pues nunca se pidió rescate por el joven estudiante de UPIICSA.
Luego de eso, acudió al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), donde luego de dos meses le dijeron que sí consideraban que había privación de la libertad, pero la Fiscalía se negó a investigar el caso. Por su cuenta, Trejo ha repartido volantes sobre la desaparición de su hijo y recibió información de que fue visto en Sonora. Irma Alicia solicitó el acompañamiento para viajar allá, pero ha pasado más de un mes sin que obtenga respuesta y afirma que piensa ir sola, a pesar de los riesgos que corra.
Carlos Palomares Maldonado desapareció el 22 de septiembre de 2010, de una casa en la colonia Narvarte a donde fue a hacer el intercambio de una colección de muñecos de Star Wars por un automóvil. Su madre, Ana María Maldonado Chávez, relata que el hombre con quien se encontró está prófugo desde mayo del 2011 y fuera del país.
En el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) del Gobierno del Distrito Federal le han dicho que no tienen recursos para investigar más. “Toda la familia está devastada, nos ha afectado demasiado como a los miles y miles de familias que tienen desaparecidos. Todos se bloquearon, soy la única de la familia que sigo buscándolo”, explica conmovida Maldonado Chávez.
Algunos familiares, como Margarita López Pérez han recibido amenazas por involucrarse en la búsqueda de sus hijos. “Lo mismo da morir aquí que acribillado allá afuera por levantar la voz”, afirma.
Junto con Malú García y Julia Alonso, Margarita López participó en una huelga de hambre en noviembre, y asegura que esta acción se podría repetir con más personas, en caso de que el nuevo Presidente no cumpla su palabra de realizar las investigaciones correspondientes y apoyar a los familiares de los desaparecidos. ¿Será capaz Peña Nieto de saldar esta deuda que dejó el gobierno de Calderón?
