Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) denuncia que Miguel Ángel Trujillo Herrera, uno de sus integrantes, fue víctima de robo y golpes por parte de presuntos policías federales.
Por medio de un comunicado, el Movimiento dice que el pasado 23 de octubre Trujillo Herrera se dirigía a Pajacuarán, Michoacán por la carretera Abasolo-La Piedad, cuando su automóvil tuvo que detenerse alrededor de 3:30 de la madrugada por falta de combustible.
Fue entonces cuando dos camionetas de la Policía Federal (PF) se detuvieron al lado de su carro y bajaron 14 uniformados que interrogaron a Miguel Ángel sobre por qué "se encontraba en el lugar y le pidieron su identificación, al percatarse de que era de Michoacán los policías lo increparon: 'Eres michoacanito, ¿sabes lo que le está pasando a los de Michoacán?', y acto seguido lo bajaron a jalones del carro y empezaron a golpearlo", dice el boletín.
El integrante del Movimiento por la Paz fue despojado de 7 mil pesos que pretendía llevar a su esposa e hijos, además de que los presuntos federales inspeccionaron su automóvil y le dijeron que era robado, a lo que Miguel Ángel les explicó que tenía los papeles en regla.
Los presuntos policías le respondieron con amenazas y con más golpes y lo acusaron de pertenecer al crimen organizado: “¿Perteneces a la Familia o a los Templarios?”.
El MPJD expresó su indignación por estos hechos y pide que se investigue para que autoridades sancionen a los responsables. Además exige que se repare el daño a Miguel Ángel Trujillo y su familia.
COMUNICADO ÍNTEGRO
El pasado 23 de octubre nuestro compañero Miguel Ángel Trujillo Herrera, en compañía de dos sobrinos menores de edad, se dirigía hacia Pajacuarán, Michoacán. Cuando se encontraban en el km 31 de la carretera Abasolo-La Piedad, a las 3:30 am, el vehículo en el que viajaban se quedó sin gasolina, por lo que se estacionaron fuera de un comedor a la orilla de la carretera. A las 3:40 am dos camionetas de la Policía Federal se detuvieron, descendieron alrededor de 14 policías e interrogaron a Miguel Ángel sobre porqué se encontraba en el lugar y le pidieron su identificación, al percatarse de que era de Michoacán los policías lo increparon: “Eres michoacanito, ¿sabes lo que le está pasando a los de Michoacán?”, y acto seguido lo bajaron a jalones del carro y empezaron a golpearlo.
Miguel Ángel, junto con varios miembros de su familia, viven desplazados en el Distrito Federal hace alrededor de 5 años, desde que sus hermanos Jesús Salvador y Raúl fueron desaparecidos en el estado de Guerrero en agosto de 2008, y Gustavo y Luis Armando, fueron también desaparecidos en el estado de Veracruz, en septiembre de 2010. Desde entonces, la vida de la familia se vio trastocada por la desaparición y la impunidad. Su madre, María Herrera y los otros hermanos se volcaron a la búsqueda, mientras las esposas e hijos luchan por la sobrevivencia y el dolor de la ausencia. Al poco tiempo la familia empezó a recibir amenazas y se vio forzada a desplazarse de su lugar de origen. Hasta la fecha las investigaciones no han llevado a esclarecer el paradero de los hermanos desaparecidos y la familia se encuentra en grave riesgo, no sólo por la delincuencia organizada sino por la colusión de las autoridades.
Es por esto que ese día Miguel Ángel se dirigía a Michoacán a visitar a su familia y llevarles el dinero que había juntado. Tenía la idea de traer a su esposa y a sus hijos a vivir al Distrito Federal. Sin embargo esto ya no sucedió, porque después de bajarlo, los policías federales lo aventaron al cofre del carro, le sacaron todo lo que traía en las bolsas y le robaron los $7000 pesos que llevaba. Uno de los policías dijo mientras lo golpeaba “checa el carro”, por lo que otro de los oficiales consultó una computadora y anunció que “el carro es robado”. Miguel Ángel intentó explicar que no es así, puesto que cuenta con todos los papeles, y en todo caso, argumentó que “si el vehículo es robado, actúa, llévame al Ministerio Público”. Frente a esto, los policías le respondían con amenazas y palabras obscenas sin dejar de golpearlo. En el transcurso fueron llegando dos camionetas de policía más. Miguel Ángel les dijo que conoce al Comisario de la Policía Federal Emilio García debido a la búsqueda de su familia que se encuentra desaparecida, lo cual pareció irritar más a los policías, quienes entonces lo acusaron de pertenecer a la Familia Michoacana. Le preguntaban insistentemente “¿perteneces a la Familia o a los Templarios?”. Inútilmente, Miguel Ángel intentaba explicarles “tengo a 4 miembros de mi familia desaparecidos”, pero sólo recibía golpes como respuesta.
En ese momento llegaron los dos sobrinos con la gasolina, y al ver la situación uno de ellos dio aviso a su tío Juan Carlos Trujillo, quien ha destacado no sólo en la búsqueda de sus hermanos, sino apoyando a otros familiares de desaparecidos como defensor de derechos humanos. Juan Carlos se puso al teléfono con el comandante, quien le dijo “ya se los cargó la chingada, el carro es robado” y colgó. Juan Carlos se comunicó al teléfono de Miguel Ángel, le informó que ya se había comunicado con el comisario Emilio y le pidió los números de las patrullas. Cuando Miguel Ángel le proporcionó los números el policía le arrebató el celular y lo siguió golpeando e intimidando:
- “¿Te crees muy cabrón?, ¿por qué estás dando el número de las unidades?”.
-“Esto lo van a saber derechos humanos”, respondió Miguel Ángel, a lo que el policía replicó:
-“¿Cuáles derechos? Si tú no tienes derechos”, y lo siguió golpeando, frente a la mirada indiferente de los demás policías, incluyendo al comandante, que en ningún momento hizo nada por detenerlo. En ese momento los sobrinos de Miguel Ángel señalaron a los policías que Juan Carlos es defensor de derechos humanos. Esto hizo que los policías formaran dos grupos, en los que aparentemente discutían qué hacer. Minutos más tarde en una de las unidades Miguel Ángel alcanzó a escuchar una voz por radio que decía una clave. Posteriormente los policías le ordenaron que recogiera sus cosas y lo metieron al carro nuevamente. El policía que lo golpeó se acercó y lo amenazó diciendo: -“Cuidado con lo que dices, pinche michoacanito, tengo tu IFE”. Las camionetas se retiraron mientras un policía detenía la puerta para impedir que Miguel Angel bajara del vehículo.
Algunas hora después, Miguel Ángel denunció los hechos por teléfono ante en el órgano interno de control de la Policía Federal y una vez que regresó al DF ratificó su denuncia. Sin embargo, se encontró con sorpresa con que la Policía Federal desconoce dónde están las unidades 10749 y 14578, dos de las cuatro unidades involucradas en los hechos. Esto para nosotros es una clara señal de falta de investigaciones serias y voluntad de esclarecer los hechos.
El MPJD expresa su indignación por la agresión que ha revictimizado a nuestros compañeros y por la violación a sus derechos humanos por parte de la Policía Federal. Para nosotros, esta situación no es excepcional, y muestra cómo en la práctica ha habido un retroceso en la garantía de nuestros derechos humanos frente a la estrategia de seguridad. En este caso, a Miguel Angel lo golpearon con el pretexto de que su auto era robado, es decir, cometieron una violación de derechos humanos supuestamente para perseguir el delito robo de automóviles -pero podría ser cualquier otro, el combate a la delincuencia organizada o al narcotráfico-. Desde ahí, el MPJD decimos que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y acompañamos la decisión de nuestro compañero Miguel Ángel de denunciar para que esto no vuelva a pasar y ninguna persona vuelva a ser víctima de abuso policial. Responsabilizamos a Manuel Mondragón y Kalb y a la Policía Federal de cualquier ataque a la integridad física y psicológica de nuestro compañero, y exigimos a las autoridades competentes:
-Que se esclarezcan los hechos, se sancione a los responsables y se repare el daño a Miguel Ángel y sus familiares.
-Se implementen efectivos mecanismos de control de la Policía Federal con participación ciudadana y perspectiva de derechos humanos para erradicar la práctica de violaciones a los derechos humanos.
-Se garantice el derecho al libre tránsito de todas las personas y las condiciones de seguridad para el retorno digno de las personas desplazadas forzadamente.
