Por Juliana Fregoso y Shaila Rosagel
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– El desafuero y arresto del ex Presidente Guatemalteco Otto Pérez Molina por un caso de presunta corrupción ha puesto a México en el ojo de medios y organizaciones internacionales ante los constantes señalamientos hacia el primer mandatario, Enrique Peña Nieto, la Primera Dama e integrantes de su Gabinete. Sin embargo, será difícil que el país siga el ejemplo de la Nación centroamericana, ya que todo el entramado legal está diseñado para solapar y proteger a servidores públicos en funciones, coincidieron representantes de distintos sectores.
En México “hay una posibilidad institucional de impunidad desde la cabeza, aquí el Presidente no puede ser llevado a juicio por el fuero que tiene. No es tan fácil, necesitaría que toda la gente saliera a las calles”, expresó en entrevista Guadalupe Correa Cabrera, profesor asociado del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville.
Correa Cabrera planteó que esta “protección” puede traducirse en un “pacto de impunidad”, pues aunque la corrupción entre la clase gobernante en el país es histórica, este acuerdo no escrito pudo haberse intensificado desde el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien ante el fantasma de la ilegitimidad, que ni siquiera le permitió tomar protesta como lo debe hacer un Presidente, se vio en la necesidad de acordar con prominentes priistas y “hacerse de la vista gorda” ante actos de corrupción en distintos gobiernos locales bajo el mando del tricolor, como los de Veracruz y Coahuila.
“La muy cerrada elección presidencial de 2006 nos habla de la insatisfacción con una administración que no se consideró exitosa, pero el proceso mismo dejó muchas dudas y al país muy lastimado. Al mismo Calderón tapando varias cosas porque había muchos gobernadores con vínculos con la delincuencia organizada, como Tomás Yarrington Ruvalcaba –ex Gobernador de Tamaulipas actualmente acusado en Estados Unidos de nexos con los cárteles de la droga– quienes ayudaron al Presidente a legitimarse; porque hubo un momento en 2006, en el que ni siquiera pudo tomar protesta como se debe y tuvo que voltear al PRI [Partido Revolucionario Institucional]”, expresó la académica.
Para legitimarse, continuó, Calderón Hinojosa optó por “dejar hacer y dejar pasar”. Y citó más ejemplos: “Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León – no sólo con Rodrigo Medina de la Cruz, sino también con Natividad González Parás–, en todos se dio una vinculación, pero se dejó hacer y se dejó pasar de la delincuencia. El crecimiento de Los Zetas no fue de la noche a la mañana. Hay un juicio sobre lavado de dinero en Austin, Texas, en 2013, donde se vincula a Fidel Herrera Beltrán –ex Gobernador priista de Veracruz–, se le señala de que recibió dinero de un cártel y recibió dinero para consolidar a Los Zetas. Está también su relación con este empresario vinculado al mismo cártel, Francisco Colorado, y esto pasó durante las administraciones panistas que hicieron caso omiso. Esa cultura de impunidad es la que está retrasando un proceso democrático completo”, expresó Correa Cabrera.
EL PACTO DE IMPUNIDAD
Activistas en materia de derechos humanos coincidieron en que la diferencia entre Guatemala y México la hace el llamado “pacto de impunidad” que existe entre los partidos políticos y la clase gobernante.
Un pacto que abona a que en México no exista un Poder Judicial y un Legislativo libre del dominio del Ejecutivo federal, dijeron.
La mayoría de los funcionarios de alto nivel, principalmente gobernadores, que han sido inhabilitados para ejercer algún cargo público por casos ligados a corrupción o conflictos de interés, han sido sometidos al escrutinio cuando ya habían terminado sus periodos, como es el caso del ex Gobernador priista de Tabasco Andrés Granier Melo, y del panista Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes.
“En México tenemos a la clase política todavía muy articulada, se protegen unos a otros, no tenemos un poder Judicial autónomo, ni siquiera que esté intentando pelear con autonomía. Hay algunas sentencias, pero son casos aislados de jueces concretos, pero no es el Poder Judicial en su conjunto”, dijo Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Pérez García, quien ha participado en evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacia México, expuso que en Guatemala el Poder Judicial hizo la diferencia y también el Legislativo.
En Guatemala hay una ruptura de la clase política que acabó con el pacto de impunidad, en beneficio de la sociedad guatemalteca, explicó.
Ese país además, dijo, cuenta con una movilización social intensa motivada por la corrupción, pero también por la violación constante a los derechos humanos.
En México, en cambio, esa sociedad aún no despierta: “son pequeñas islas que no están articuladas en un gran movimiento nacional, de alguna manara Ayotzinapa logró articular durante unos meses, pero es una agenda tan específica que no logra crecer”.
Por último explicó, en el país no existe un soporte y un contraste internacional como la Comisión Internacional de Guatemala, financiada por recursos de la ONU, que permitió realizar un trabajo independiente.
Guadalupe Correa coincidió en el sentido de que en Guatemala no sólo hubo una gran movilización de la sociedad civil sino que se unieron todos los sectores, desde la Iglesia hasta los empresarios, mientras que en México, tanto la Iglesia como la iniciativa privada no han sumado fuerzas con los ciudadanos.
En México, comparó el activista Jesús Robles Maloof, el que evalúa al Presidente Peña Nieto, le aplaude durante su informe de gobierno y se pone a sus pies.
De acuerdo con Robles Maloof no sólo Guatemala ha dado esos golpes en contra de la impunidad. Lo han hecho Brasil, Perú y hasta República Dominicana.
Pero México es caso aparte explicó.
“El pacto de impunidad es muy específico de México, los problemas de la justicia existen en todo el mundo, siempre va haber un déficit. No existe un lugar donde la justicia se realice plenamente, pero aquí es muy diferente: desde Canadá hasta Chile, se han perseguido los delitos del pasado”, expuso.
Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela sentenciaron ya a políticos que fueron encontrados culpables de delitos durante la Guerra Fría. Pero en México no.
“En México no existe una sola persona que esté siendo procesada por delitos del pasado. Las condiciones concretas en el país es que el pacto de impunidad está comprobado”, afirmó.
¿POR QUÉ NO SE PUEDE JUZGAR AL PRESIDENTE DE MÉXICO?
Anteriormente, el Artículo 111 de la Constitución establecía que los diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura, secretarios de despacho, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Procurador General de la República, así como consejeros electorales del Consejo General Instituto Federal Electoral, estuvieran bajo un esquema que impedía investigarlos y procesarlos jurídicamente por su presunta participación en la comisión de un delito, hasta que no se declarara la procedencia por parte de la cámara de diputados.
En marzo de 2013, el Legislativo aprobó reformas a los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Carta Magna que desaparecen la figura del Fuero Constitucional, así como la figura de la declaración de procedencia, reconoce y “salvaguarda la división de poderes y existencia de equilibrio del Estado mexicano, la naturaleza de las responsabilidades de los funcionarios descritos y elimina cualquier protección en toda materia jurídica”.
Sin embargo, en las reformas al Artículo 61 establecieron la “inmunidad legislativa” que protege a diputados y senadores, quienes no podrán ser reconvenidos, procesados, ni juzgados por sus opiniones.
En febrero de este año, se aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero el dictamen no establece que el Presidente de la República sea juzgado por delitos de corrupción, violación a la Constitución y leyes federales, mal uso de fondos públicos, delitos graves del orden común, entre otros.
Sólo se podrá juzgar al Mandatario nacional por traición a la patria o por delitos considerados graves en el fuero común.
“No hay que decir que la cultura de corrupción está en el mexicano. Podemos hablar de una cultura de impunidad de dejar hacer, de dejar pasar, se debería mejor hablar de un sistema que es parte de todo un proceso político, donde gana un partido político y donde se arman algunos acuerdos que tienen que ver con la deslegitimización de lo electoral”, finalizó la académica de la Universidad de Texas.
